Puertas giratorias. ¿Son de derechas?

Podemos y Ciudadanos han abanderado la lucha contra la corrupción y el rechazo de las puertas giratorias. El partido de Pablo Iglesias considera, incluso, que la derecha no ha propiciado el cierre de las profundas heridas de la guerra civil abortando la ley de Memoria Histórica. Y que los dirigentes que fueron de izquierda y ahora han devenido en conservadores al disfrutar de las prebendas asociadas a puertas giratorias, seguirán frenando la progresión hacia la igualdad social, amenazando con llevarse el dinero a otro sitio y, si es preciso, llevando ruido de sables al Ejército.

En este contexto, una noticia conocida esta semana ha abierto una nueva brecha en las relaciones entre el PSOE y Podemos. Pablo Iglesias aseguró que el fichaje de la ex ministra Trinidad Jiménez por Telefónica “no es compatible con un Gobierno de progreso”. Pero, ¿son las puertas giratorias de derechas?

Es uno de los temas sensibles que enfrentan periódicamente a ambos partidos de izquierda y que Podemos ha convertido en una bandera política. Exige que se prohíban totalmente en la Constitución y se opone a la receta socialista de ampliar unos años el periodo de incompatibilidad pues, en su opinión, esto es “corrupción legal”.

De hecho, la incorporación de Jiménez a Telefónica ha dado aire a Iglesias, que ha aprovechado la ocasión para justificar sus dudas respecto al PSOE al señalar la importancia de los “hechos” frente a las “pegatinas” que uno se quiera colocar o las “buenas palabras”. Así, incide en que sólo con Podemos en el Gobierno habría garantías. Por otra parte, la mayoría de dirigentes y la Secretaría Política del partido califican este nuevo caso como “inaceptable” para marcar distancias con el PSOE.

No hay crítica en el fichaje de funcionarios

En España, el control sobre esta práctica se regula a través de una cuarentena que impide, por ley, que un político se incorpore en los dos años siguientes a dejar su cargo a una empresa que se dedique a actividades mercantiles relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado. Este control, sin embargo, solo se exige respecto a los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración del Estado (secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales...).

El protagonista suele ser, por tanto, una figura política que pasa a servir en un consejo de administración o en un destacado puesto empresarial, pero la crítica no se extiende a los altos funcionarios que también lo hacen. Como la atención se centra en los políticos, se ignora que a veces la migración de funcionarios poco conocidos resulta un problema mayor. Conocen muy bien las leyes que han elaborado y conocen perfectamente los teléfonos a los que llamar. Es el caso de los inspectores del Banco de España, por ejemplo, que frecuentemente son fichados por los grandes bancos del país, los mismos a los que han supervisado previamente. Por contra, en los países anglosajones hay luz y taquígrafos sobre todos los detalles de estos fichajes.

En cualquier caso, solo Podemos se plantea prohibir esta práctica, que no es mala en sí misma, porque alimentaría otro riesgo muy criticado por la opinión pública: que los políticos se aferren a sus cargos. Es más, las puertas giratorias controladas pueden oxigenar a la clase política al permitir los viajes de ida y vuelta.

Once ex miembros del Gobierno a la empresa privada

A modo de balance, la actividad privada se ha abierto en 2015 para once ex miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración General del Estado antes de los dos años de margen que marca la ley. El portal de la transparencia recoge las autorizaciones vigentes para regular la transición de lo público a la empresa privada, un fenómeno que ha recogido numerosos ejemplos de lo que se conoce por puertas giratorias. El Ejecutivo ha permitido ir desde la CNMV al Banco Sabadell, desde el Ejército del Aire a dos empresas armamentísticas o desde la Fiscalía General a un despacho de abogados.

Uno de los sectores preferidos por los políticos es el energético. En los sillones de los consejos de administración de las grandes eléctricas se ubican numerosos ex altos cargos y ministros del Partido Popular y del PSOE, que se embolsan altas remuneraciones. Endesa tiene una buena representación: el expresidente del Gobierno José María Aznar, del PP, y los exministros socialistas de Economía Pedro Solbes y Elena Salgado. La ex vicepresidenta económica de Zapatero se colocó en la filial chilena de la compañía, Enersis, menos de dos años antes de dejar su cartera ministerial. Esa es precisamente una de las triquiñuelas que utilizan algunos políticos para esquivar la cuarentena: recalar en una filial.

Este flujo de personas no para. El año pasado, cinco antiguos políticos se han incorporado al consejo de administración de la empresa que gestiona las redes de gas, Enagás. Han sido las ex ministras del PP Ana Palacio e Isabel Tocino, el ex presidente de Alianza Popular Antonio Hernández, el ex director general de Industria y de la pequeña y mediana empresa Luis Valero y el presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia durante el Gobierno de Aznar, Gonzalo Solana.

Los cargos politicos no son ocupados por los mejores

La cuestión a resolver, con la forma en que Podemos plantea este asunto, es si está es inhabilitado para trabajar en la sociedad civil quien ha ocupado un puesto de responsabilidad en funciones de gobierno. Y eso es lo que parece cuando escuchamos hablar de las puertas giratorias.

La remuneración de un ministro, secretario de Estado o del mismo presidente es cada vez más irrisoria, y muchos de ellos salen de sus despachos con la lacra de la ridiculización y el estigma. Si además se pone en duda su posibilidad de reincorporarse a las empresas en los términos que marca la Ley de incompatibilidades, en el futuro sólo querrán llegar a la política quienes no tengan méritos suficientes en el mercado laboral.