El Abogado General del Estado cede tareas de coordinación para apoyar más al Gobierno
El nuevo reglamento crea las Direcciones Generales, que asumirán las funciones de dirección según el área, e incorpora formación en inteligencia artificial
- 355 abogados del Estado
- “Creciente importancia” de la asistencia jurídica al Estado
- El Supremo anuló la reforma del reglamento
- Creación de las Direcciones Generales
- Formación en IA
- Impacto económico: 870.000 euros
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes prepara el nuevo reglamento de la Abogacía General del Estado, que liberará a su máximo responsable de las tareas de coordinación y dirección para enfocarse en dar más apoyo al Gobierno.
Así se desprende del proyecto de real decreto por el que se aprueba el reglamento de la Abogacía General del Estado, consultado por Confidencial Digital, y que se ha acordado tramitar por vía urgente en el Consejo de Ministros.
El nuevo reglamento, que actualiza el de hace veinte años, pretende que el Abogado General del Estado centre sus esfuerzos en “los temas de mayor trascendencia y en los que su intervención sea requerida por el Gobierno de la Nación o sus miembros”, así como en modernizar la estructura de la institución.
355 abogados del Estado
Según los datos que aparecen en el proyecto del real decreto, actualmente hay 225 abogados del Estado en activo y 19 gestores de apoyo jurídico.
En el año 2021, Abogacía General del Estado contabilizó que habían realizado 82.347 actuaciones consultivas, incluyendo informes, asistencias y bastanteos, mientras que cifraba los pleitos correspondientes a ese mismo período en 104.920.
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“Creciente importancia” de la asistencia jurídica al Estado
El Ministerio destaca especialmente los pleitos que tuvieron trascendencia económica y en los que la Abogacía del Estado intervino en defensa de los intereses del Estado o de alguno de sus organismos o entidades -o del Reino de España en el caso de los arbitrajes internacionales-, que 30.000.000.000 euros, un 2,67 del PIB.
“Ello permite comprender la creciente importancia que también en lo cualitativo ha adquirido en estos últimos años la asistencia jurídica al Estado y al sector público institucional estatal”, se argumenta en el documento.
El Supremo anuló la reforma del reglamento
La Abogacía lleva desde 2022 atravesando un proyecto de transformación dirigido a adaptarse a las nuevas necesidades. No obstante, el Tribunal Supremo declaró nulo en junio de este año el Real Decreto 1012/2022, de 5 de diciembre, que establecía una nueva estructura para la Abogacía General del Estado porque el Gobierno no recabó el informe del Consejo de Estado antes de aprobar la normal, “al tratarse de una modificación extensa y sustancial de un reglamento dictado en ejecución de una ley".
Al haber omitido este “trámite esencial”, el alto tribunal decidió invalidar no solamente la modificación de la organización en la Abogacía General del Estado, sinó también otras disposiciones del decreto que regulaban la inspección de los servicios jurídicos del Estado y establecían normas sobre su personal.
Esta nulidad fue un duro golpe para la Abogacía del Estado, pues tal y como explica Justicia en el proyecto, se generó una discordancia evidente dentro de la estructura del organismo.
Creación de las Direcciones Generales
Las Direcciones Generales de nueva creación serán las que asuman las funciones de dirección y coordinación que hasta ahora realizaba el Abogado General del Estado y estarán especializadas en diversas áreas. La Dirección General de lo Consultivo, por ejemplo, se encargará de dar respuesta a las consultas de los diferentes ministerios.
Asimismo, algunos departamentos como la subdirección general de asuntos constitucionales y la de Asuntos de la Unión Europea podrán establecer criterios de interpretación para que el resto de órganos de la Abogacía del Estado los apliquen.
En cuanto al despliegue de la Abogacía en territorio nacional, el reglamento modifica su organización articulada en torno a las provincias para crear Abogacías del Estado Autonómicas que cuenten con unidades descentralizadas.
Formación en IA
El nuevo reglamento también plantea la implementación de sistemas de Inteligencia Artificial para que los abogados del Estado, que llevan simultáneamente diferentes litigios, actúen de un modo más eficiente.
Asimismo, se establece por primera vez la derivación judicial de los litigios a medios de solución de controversias y se regula la actuación del Abogado del Estado ante el Tribunal Constitucional y ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Impacto económico: 870.000 euros
El proyecto del Real Decreto contempla que el coste público para llevar a cabo la transformación en la Abogacía General del Estado será superior a los 870.000 euros e irá dedicado a la creación de nuevos puestos de trabajo.
Asimismo, asegura que el nuevo funcionamiento de los órganos de la Abogacía General del Estado será más eficiente y se traducirá en un ahorro de costes de entre 350 y 700 millones de euros.