Justicia pretende saber la carga de trabajo de los fiscales para modernizar su trabajo
Ha contratado el análisis a Isdefe, que empezará por las fiscalías territoriales, de acuerdo con el plan 2030 para lograr la transformación digital de toda la Administración
- Empezará por las fiscalías territoriales
- Coste: 182.720 euros
- Nunca se ha analizado la carga de trabajo de fiscales
- Sobrecarga en los juzgados
- Reorganización de la Administración de Justicia
El Ministerio de Justicia ha encargado a Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (Isdefe) que analice la carga de trabajo de los fiscales para modernizar la institución y acoplarla al nuevo modelo organizativo en la Administración de Justicia que pretende llevar a cabo el ministerio que dirige Félix Bolaños.
Este análisis es solo una de las patas que Justicia delegó en la empresa pública. Isdefe debe ayudar a renovar la estructura de la Oficina Judicial, además de la Oficina Judicial, de acuerdo con los proyectos recogidos en el Plan Justicia 2030.
Asimismo, deberá aportar sus recursos -o contratar los servicios necesarios- para lograr la transformación digital en la Administración de Justicia.
Empezará por las fiscalías territoriales
Isdefe, que lleva desde -al menos- 2021 trabajando codo con codo con Justicia, empezará el análisis por los profesionales destinados en las fiscalías territoriales, desde la Comunidad Autónoma hasta los partidos judiciales inferiores.
El objetivo, según el contrato al que ha tenido acceso Confidencial Digital y que ha sido prorrogado hasta el 30 de septiembre de 2025, es obtener una “descripción de todos los puestos tipo y la forma de determinar la carga de trabajo de cada uno de ellos, pudiéndose calcular a partir de ella la carga de trabajo de cada fiscal individual mediante la obtención de los correspondientes datos particulares”.
Vídeo del día
Los reyes desean suerte a los olímpicos
Coste: 182.720 euros
Para ello, la empresa de consultorías ha abierto un procedimiento de adjudicación que ya ha obtenido la aprobación, porque la empresa pública carece de recursos propios especializados para realizar este trabajo. El valor estimado del contrato son 182.720 euros y el proceso se encuentra en periodo de recibo de ofertas.
La entidad subcontratada que preste finalmente el servicio tendrá nueve meses como máximo para llevar a cabo el análisis.
Nunca se ha analizado la carga de trabajo de fiscales
En la memoria justificativa, Isdefe asegura que en la carrera fiscal “nunca se ha realizado un cálculo de la carga de trabajo” y constata que este sería “necesario” para garantizar una distribución equitativa de las tareas y evitar la sobrecarga.
“Esto redundará en mayor eficiencia en la investigación, persecución y represión de los delitos favoreciendo la formación y capacitación especializada en la lucha contra las distintas formas de criminalidad”, argumenta la entidad.
Sobrecarga en los juzgados
Los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial demuestran una evidente sobrecarga de asuntos en los juzgados, un asunto que afecta a todos los profesionales que trabajan en la Oficina Judicial y la Oficina Fiscal.
Durante el primer trimestre de 2024, los órganos judiciales españoles registraron cerca de 2 millones de asuntos, un 21 % más que el año pasado. Este incremento se produjo, además, en todas las jurisdicciones (civil, penal, social y contencioso-administrativo).
El órgano de Gobierno de los jueces apuntó en su último informe que el aumento se ha producido debido a la huelga de los letrados de la Administración de Justicia durante el primer trimestre del año pasado, que “se reflejó en un significativo descenso de la actividad de los órganos judiciales en ese periodo del año pasado”.
El resto de 2023 fue también convulso. Pues a los Letrados de Justicia se sumaron también las huelgas indefinidas de los funcionarios de la Administración de Justicia y a finales de año la de los abogados del turno de oficio.
Reorganización de la Administración de Justicia
Los Ministerios de Justicia de las pasadas legislaturas han estado trabajando en transformar el modelo de la Administración de Justicia, que según el Gobierno atiende a una estructura "propia del siglo XIX", para agilizar los procedimientos. Precisamente, este marzo, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, anunció que se había aprobado el Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
En este se avalaron tres novedades: la creación de 431 Tribunales de Instancia, que sustituirán a los 3.800 juzgados unipersonales; establecer las Oficinas Judiciales adscritas a cada tribunal de Instancia; e implementar unas Oficinas de Justicia en los municipios que actualmente tengan juzgados de paz, que tendrán más competencias.