Industria impone multas de 6.000 euros a los propietarios que están falsificando los certificados energéticos de sus viviendas
Los inspectores han detectado que se trata del fraude más generalizado entre los ‘caseros’ que alquilan o venden sus pisos
Comienzan las sanciones para los propietarios de viviendas que obtengan certificados energéticos falsos. Los inspectores han comenzado a imponer las primeras multas por este fraude. Es la práctica irregular más generalizada entre los ‘caseros’ que alquilan sus pisos.
Según ha sabido El Confidencial Digital de fuentes del sector, Industria ha detectado que, en buena parte de las visitas a los domicilios, los datos que obtienen en la revisión del inmueble no coinciden después con los que recoge el certificado.
Multas de 6.000 euros por falsificar
Dos años después de la entrada en vigor del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, que obliga a que todos los inmuebles que se vendan o se alquilen por más de cuatro meses dispongan de un certificado de eficiencia energética, han comenzado a imponerse las primeras multas.
Según las fuentes consultadas, Industria ha puesto su punto de mira en los propietarios que falsifican estos documentos. Los ‘caseros’ de estas viviendas han recibido ya sanciones de 6.000 euros.
Se van a intensificar las inspecciones
Esta moratoria sin castigo, que ha durado dos años y pretendía facilitar la adaptación de los inmuebles, ha terminado. De aquí al verano, los meses en los que más movimiento se registra en el mercado del alquiler, Industria va a intensificar las labores de inspección y vigilancia de los certificados expedidos.
En estas inspecciones se van a priorizar los certificados correspondientes a las calificaciones energéticas más altas (A o B).
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Los técnicos comprueban que el expedidor dispone de la titulación habilitante (arquitecto o arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico), visitan el inmueble y, sobre todo, verifican que los datos recogidos sean ciertos.
Viviendas en Internet sin validar
Esta nueva política de castigo y sanción persigue otro objetivo: alertar a quienes no han iniciado aún los trámites para la solicitud.
Se ha detectado que la mayoría de los propietarios particulares publicitan sus viviendas en Internet todavía sin la validación correspondiente.
Otra irregularidad es que las agencias inmobiliarias permiten que el certificado se solicite una vez se haya asegurado la venta o el alquiler y no para su anuncio, como exige la normativa vigente.
Las multas que se están imponiendo por no disponer del documento en esta fase son inferiores: se sitúan en los 1.000 euros.