El Gobierno recula y no quitará el paro a quienes rechacen tres ofertas de trabajo
Yolanda Díaz ha aprovechado la salida del Gobierno de Calviño para retirar ese requisito, pero el cambio debe recibir el visto bueno de Bruselas
- Guerra entre Yolanda Díaz y Calviño
- Díaz aprovecha la salida de Calviño
- Rechazar tres ofertas “adecuadas”
- Marcha atrás: no se les quitará el paro
- La aplicación depende ahora de Bruselas
- Un año sin infracciones rebaja la sanción
- No dudar de la honradez de los parados
El Gobierno acaba de dar un paso importante para cumplir las condiciones que le permitan obtener íntegro el cuarto pago de 10.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos. Ha aprobado la reforma de la prestación por desempleo, pero ha reculado y no quitará el paro a quienes rechacen tres ofertas de trabajo, pese a ser una exigencia de Bruselas.
La anterior propuesta fue tumbada por el Congreso en enero, con el voto en contra decisivo de Podemos, y ahora, se ha retomado después de que Trabajo aceptara introducir modificaciones importantes y de que llegara a un acuerdo con los sindicatos.
En el mismo decreto se ha incorporado la prevalencia de los convenios colectivos autonómicos sobre los estatales, una condición que en su día puso el PNV para apoyar la investidura de Pedro Sánchez.
Guerra entre Yolanda Díaz y Calviño
La entonces vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, comenzaron a negociar la reforma del subsidio de paro a finales del año pasado.
Economía había asumido que el cambio no se tradujera en un recorte en las prestaciones, como exigía el Ministerio de Trabajo, pero, a cambio, Díaz aceptaba que se penalizara a los parados que rechacen ofertas de empleo.
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Esa reforma de la protección por desempleo en España generó un enfrentamiento inédito entre el Ministerio de Trabajo y el de Asuntos Económicos, con una escalada de tensión entre ambos que se fue agravando, alcanzando cotas no vistas antes entre dos miembros de un mismo Gobierno.
Díaz aprovecha la salida de Calviño
La raíz del conflicto se encontraba en el diseño de la reforma, ya que los ministerios que lideran Nadia Calviño y Yolanda Díaz tenían propuestas completamente diferentes.
La idea de Economía era que el parado que encuentre un puesto de trabajo mantenga durante un tiempo ambas fuentes de ingresos, pero que el subsidio por desempleo vaya reduciéndose progresivamente hasta desaparecer del todo.
Díaz se oponía frontalmente a la propuesta de Calviño. Pretendía, de hecho, mantener el subsidio vigente durante 30 meses, y no ir reduciéndolo gradualmente.
Rechazar tres ofertas “adecuadas”
Sin embargo, Trabajo acabó aceptando cambiar el concepto de oferta “adecuada”, a cambio de que no se redujera la cuantía y la duración del subsidio, como pretendía Economía.
Así, Calviño y Díaz acordaron quitar el paro a quien rechazase tres ofertas de trabajo “adecuadas”.
Se consideraban ofertas “adecuadas” aquellas que coincidiesen con la profesión demandada (en lo que quiere trabajar el parado), las que coincidieran con la última que hubiera tenido el desempleado, o las que se adaptasen a sus características, pero siempre que la oferta fuera para un puesto indefinido que garantizara al menos cobrar el Salario Mínimo.
Marcha atrás: no se les quitará el paro
Ahora, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes próximas al Gobierno, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha aprovechado la salida del Gobierno de Calviño para retirar esa cláusula. Por lo tanto, el Gobierno da marcha atrás, y no quitará el paro a quienes rechacen tres ofertas de trabajo.
La reforma contempla tres grandes cambios: un aumento de las ayudas, actualmente en 480 euros al mes y que llegará hasta un máximo de 570 euros; la ampliación de los beneficiados, y la compatibilización con un empleo tanto del subsidio como de la prestación contributivo del paro.
Además, también supone que no se rebajarán las sobrecotizaciones de que ya gozan actualmente los parados mayores de 52 años, que fue el elemento que hizo descarrilar el primer intento de la reforma, puesto que Podemos lo consideró “un recorte” en sus prestaciones y por ello votó en contra.
La aplicación depende ahora de Bruselas
El Gobierno ha dado, así, un paso importante para cumplir con las condiciones que le permitan obtener íntegro el cuarto pago de 10.000 millones de euros de los fondos europeos.
Sin embargo, todo depende ahora del visto bueno de Bruselas tras la renuncia del Ejecutivo a endurecer el régimen de sanciones a los parados que no acepten ofertas de trabajo, que exigía la Comisión Europea.
Aunque el plazo para el pronunciamiento de Bruselas terminaba esta semana, la Comisión se va a tomar un poco más de tiempo para finalizar la evaluación del pago, e incluir de esta manera un análisis de esta reforma del subsidio. “Será en las próximas semanas”, apuntan fuentes comunitarias.
Un año sin infracciones rebaja la sanción
Actualmente, el parado que rechaza una oferta de colocación pierde tres meses de prestación, y, si se rechaza una segunda, el periodo de exclusión aumenta a seis meses. Si el trabajador rechaza una tercera oferta, pierde la totalidad de la prestación.
No obstante, el SEPE resetea el contador de sanciones si no se incurre en ninguna durante un año.
Es decir, que, si un trabajador no acepta una oferta de colocación en enero sufrirá una sanción de tres meses de prestación perdida. Si lo hace en febrero del año siguiente, no perderá seis meses de prestación sino que volverá a perder tres meses, ya que habrá transcurrido más de un año desde la primera infracción.
No dudar de la honradez de los parados
Antes de su salida del Ejecutivo para dar el salto a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Calviño se había propuesto endurecer el régimen de sanciones a los parados que no acepten ofertas de trabajo, así como intensificar los controles de su actividad, algo que en Trabajo criticaban por considerar que constituía acoso y una amenaza continua al parado.
En su opinión, Economía partía de una percepción ideológica cercana a la derecha, que ‘sospecha’ de los desempleados y considera que prefieren no trabajar o hacerlo en negro.
Los sindicatos habían denunciado también que ese planteamiento pone en duda la “honradez” de los trabajadores, y sostienen que ninguna persona renunciaría a un empleo digno para cobrar un subsidio que ni siquiera alcanza los 500 euros.