“¿Se está privatizando la Seguridad Social?”. Alarma entre los pensionistas
El inesperado cierre de oficinas en Madrid, Valencia, Valladolid y Huelva ha desatado una oleada de llamadas de preocupación
El Gobierno ha vuelto a constatar una enorme preocupación entre los pensionistas sobre el futuro del sistema público de pensiones. Lo ha confirmado después de un aluvión de llamadas a distintos organismos del Estado tras registrarse un repentino cierre de delegaciones de la Seguridad Social en varias provincias españolas.
Según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes de varias oficinas de la Tesorería General de la Seguridad Social, el motivo de la alarma se atribuye en primer lugar a la falta de personal que ha comenzado a hacerse visible en las oficinas de atención al público de este organismo.
Además, los ciudadanos están percibiendo que las delegaciones que gestionan las prestaciones públicas han iniciado un discreto proceso de cierres. Las clausuras se han acelerado, además, en el último mes y medio: más de una decena de oficinas de toda España han cesado su actividad desde comienzos de año.
Oleada de llamadas de preocupación
Así las cosas, fuentes internas de la Seguridad Social explican que los funcionarios de distintas oficinas provinciales están teniendo que afrontar estos días una oleada de llamadas y consultas presenciales reclamando respuestas sobre el futuro de su pensión. “¿Es que están privatizando el sistema y por eso cierran?”. Es una de las cuestiones más trasladadas por ciudadanos que han comprobado que su oficina habitual había echado el cierre.
También algunas consejerías de Hacienda y otros organismos oficiales han recibido preguntas de este tipo. Los interlocutores, explican, se encuadran entre los 9 millones de jubilados que hay en España y aquellos que están a menos de diez años de retirarse.
Goteo incesante de cierres de delegaciones
Según las fuentes consultadas, este proceso de cierres en la Seguridad Social no se circunscribe únicamente a Madrid. Se extiende ya a otras capitales de provincia, como Valencia, Valladolid y Huelva. El organismo cuenta con 449 delegaciones repartidas por todo el país.
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También ha comenzado a inquietar a los ciudadanos que haya oficinas atendidas por solo dos empleados en municipios de más de 25.000 habitantes. Fuentes internas confirman que un 27% de las delegaciones son gestionadas por entre uno y tres trabajadores.
Existen también oficinas en grandes ciudades, como Madrid, Castellón o Santa Cruz de Tenerife, que cuentan con un solo empleado de atención al público.
La calma del Gobierno no convence en la calle
Estas llamadas han vuelto a alertar a las autoridades: los mensajes de tranquilidad no están calando en la calle. La preocupación es creciente.
Este repunte de la inquietud se produce después de la última crisis que tuvo lugar hace cinco meses. Entonces, el Gobierno acababa de reconocer ante Bruselas que la hucha de las pensiones iba camino de vaciarse. Sólo queda dinero en la caja de la Seguridad Social para este año. En ese momento el pánico comenzó a apoderarse de las personas más mayores.
La consigna que ha vuelto a intensificar el Ejecutivo en los últimos días se considera “ineficaz”: “Las pensiones de los españoles están perfectamente garantizadas por el crecimiento económico y la generación de empleo”, se vio obligado a declarar la semana pasada, en varias ocasiones, Luis de Guindos.
El ministro de Economía tuvo que salir rápidamente a matizar las últimas palabras de Felipe González y del gobernador del Banco de España, Luis María Linde, que proponían retrasar la edad de jubilación más allá de los 67 años.
Se cuela entre los problemas de los españoles
En el Gobierno tampoco se pasa por alto que la inquietud por las pensiones llevaba varios años contenida. Sin embargo, la preocupación de los españoles por este asunto se ha incrementado en el último mes y supone ya el octavo problema para el país, según el último barómetro del CIS correspondiente a enero.
Es el nivel más alto desde enero del 2011, cuando se alcanzó un porcentaje idéntico coincidiendo con la escalada de la prima de riesgo de la deuda pública y el inicio del procedimiento para rescatar a la banca española.
Desde mediados de ese año, la preocupación de los españoles por esta cuestión había empezado a moderarse hasta llegar a niveles muy bajos: alcanzó el 1,5% durante el 2014.
La nueva alarma se ha analizado en el Pacto de Toledo
Ante este escenario, según ha podido saber ECD por fuentes conocedoras de las conversaciones, PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos han comenzado a acercar posturas en los últimos días. Todos reconocen que hay que discutir medidas para garantizar el pago de las pensiones en el futuro.
Además, han tomado conciencia de que deben sentarse a negociarlas con urgencia, dada la sensibilidad de la población ante cualquier movimiento. Según datos internos de la Seguridad Social, la previsión es que 1.500 empleados más abandonen el organismo en los dos próximos años si no se acomete una reforma profunda del sistema.
Estas conversaciones se han producido en el ámbito del Pacto de Toledo, que se ha reunido en los últimos días a puerta cerrada en el Congreso. Se ha considerado una “cuestión prioritaria” que habrá que acometer en serio antes del próximo otoño.
El Gobierno se ha comprometido a pilotar el proceso, pero la reforma de la Seguridad Social es un tema transversal que exige el acuerdo de todas las fuerzas políticas.