Sólo queda un comisario en el Consejo Asesor de la Policía
La Dirección General de la Policía cuenta con un Consejo Asesor, un órgano integrado generalmente por comisarios veteranos, ya prácticamente a punto de jubilarse, que ha causado algunas polémicas por sus integrantes y por su actividad (o inactividad, más bien).
La orden ministerial INT/28/2013, de 18 de enero, por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los Servicios Centrales y Periféricos de la Dirección General de la Policía, establece que este Consejo Asesor “estará integrado por dieciséis Consejeros designados por el Director General, entre funcionarios de reconocido prestigio profesional y especiales conocimientos en el ámbito competencial del Cuerpo Nacional de Policía”.
La realidad es muy distinta. Según datos del Ministerio del Interior correspondientes a mayo de 2021, por entonces el consejo sólo tenía cuatro miembros, todos ellos comisarios.
ECD contó el pasado mes de octubre que con posterioridad se produjo la salida de Enrique Barón, quien había sido comisario jefe de la Comisaría General de Información, dedicada principalmente a la lucha antiterrorista. El Consejo Asesor quedó reducido entonces a tres comisarios, y además, como se contó en estas páginas, los funcionarios designados como consejeros no tenían despacho, ni el órgano tenía actividad real.
El Chivato ha podido saber ahora que el Consejo Asesor de la Policía ha seguido menguando. En una respuesta parlamentaria por escrito firmada el 23 de marzo, el Gobierno desvela que este órgano “en la práctica, actualmente se reduce a un único comisario”.
El diputado de EH Bildu en el Congreso Jon Iñarritu había pedido al Ejecutivo datos sobre la actividad del Consejo Asesor de la Policía: número de informes y actividades desarrolladas en los últimos cinco años, y quién había solicitado cada informe o actividad.
Por tanto, en apenas unos meses el Consejo Asesor se ha reducido de cuatro a tres, y después a un solo comisario, frente a los 16 que establece la orden ministerial citada. En 2018 eran siete comisarios los que lo integraban.
El Gobierno evita concretar qué hace ese consejo, o más bien, ese único comisario consejero y responde con generalidades: “Realiza funciones de asesoramiento sobre asuntos en los que se considera que puede contribuir a la toma de decisiones o a la adopción de medidas encaminadas a lograr mayores y mejores cotas en el objetivo primordial de la Policía Nacional, como es el mantenimiento de la seguridad ciudadana en su acepción más amplia”.
Pero no hay datos concretos sobre ese asesoramiento, que “se produce de manera personal, despachado directamente con el Director General sobre asuntos diversos, sin que se produzcan actas, ni informes escritos”.
La normativa establece que el Consejo Asesor tiene como misiones “asesorar, emitir informes y elaborar estudios sobre aquellos asuntos que, por su especial complejidad o trascendencia” el director general de la Policía, que lo preside, “estime conveniente someter a su conocimiento y consideración, así como elevar propuestas sobre aquellas materias que, por iguales motivos y con base en la experiencia y conocimientos de sus miembros, puedan redundar en la mejora de la organización policial”.
Dentro de la Policía Nacional se conoce este consejo como el “cementerio de elefantes”, un lugar en el que se retira a los comisarios menos afines al director general, que en realidad “no les pregunta nada, ni le hacen falta para nada”. No tienen despacho, tampoco secretaria ni gente a su cargo: “Se levantan, leen el periódico en su casa y llaman a algún amigo. Eso es todo”.
Los miembros del Consejo Asesor perciben en su nómina un complemento de productividad estructural que asciende a 619,64 euros mensuales. Pese a ello, ni los comisarios quieren estar ahí. No es un puesto cómodo. “Simplemente están ahí, esperando o bien la jubilación o bien que le asignen un nuevo destino. Por eso lo llaman la M-30”.
En la época en la que se marchó Enrique Barón, también formaban parte del consejo comisarios como antiguos responsables de las Jefaturas Superiores de Baleares, Navarra y Valencia.
