La esterilización forzada y el aborto
China ha estado bajo escrutinio internacional por los graves abusos contra los derechos humanos de las minorías religiosas luego de un informe publicado por el investigador alemán Dr. Adrian Zenz. Este informe, publicado en junio pasado, en colaboración con Associated Press, documenta violaciones generalizadas por parte del Partido Comunista Chino (PCCh) “para reprimir por la fuerza las tasas de natalidad entre las comunidades étnicas uigures”. Las mujeres uigures que no cumplían con las restricciones de fertilidad eran enviadas a centros de “reeducación”, se les interrumpía el embarazo mediante un aborto forzado o se les esterilizaba a la fuerza.
Los informes emitidos por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y las Naciones Unidas encontraron que más de un millón de musulmanes y otras minorías han sido detenidos por la fuerza. Zenz concluyó en sus hallazgos que las violaciones de derechos humanos del PCCh en Xinjiang “cumplen los criterios de genocidio definidos por la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y el Castigo del Crimen de Genocidio”.
Estas revelaciones “muestran la visión despectiva del Partido Comunista Chino de la fe religiosa, su visión condescendiente de las mujeres y su total falta de respeto por el valor de la vida humana”, dijo el experto en derechos humanos de China Reggie Littlejohn.
Littlejohn, fundadora y presidenta de Women’s Rights Without Frontiers, dijo al Friday Fax que lo que falta en el artículo del China Daily es que “los estudiosos respaldados por el PCCh han identificado ‘como un obstáculo clave [para los objetivos del PCCh en Xinjiang] la creencia religiosa de que’ el feto es un regalo de Dios”. Según esa definición, los creyentes en prácticamente todas las principales religiones del mundo, incluido el cristianismo, se identificaría como “extremistas religiosos”.
Littlejohn elogió a la administración Trump por asumir un papel de liderazgo en todo el mundo al condenar enérgicamente las atrocidades del PCCh contra los uigures. “Hacemos un llamado al gobierno de Biden para que condene enérgicamente las atrocidades de derechos humanos perpetradas por el PCCh en Xinjiang y emita una determinación de genocidio. Además, les pedimos que no renueven los fondos para el UNFPA [Fondo de Población de las Naciones Unidas], sin una transparencia total y sin pruebas de que el UNFPA no está colaborando con el atroz programa de control de la población del PCCh”.
El presidente Trump firmó la Ley de Política de Derechos Humanos Uigur, que contó con el apoyo bipartidista del Congreso en junio. La ley exige que se presenten informes al Congreso sobre “las políticas del gobierno chino en Xinjiang que constituyen graves violaciones de los derechos humanos y del alcance y la escala de la detención y el trabajo forzoso de los grupos minoritarios musulmanes en China”.
