Pedro y Pablo no pican piedra

La pandemia del coronavirus está provocando dolor, muerte, confinamiento y ruina económica. Las cifras y datos que vamos conociendo en España evidencian no solamente una gestión desastrosa, desde la perspectiva de la competencia profesional, sino también opaca y desleal desde la perspectiva de la transparencia y la veracidad de las informaciones. Ostentamos como nación dos tristes récords mundiales: número de  muertos por cien mil habitantes y número de sanitarios contagiados por tener que trabajar en situaciones lamentables de desprotección.

Pero además, y de esto quiero tratar hoy, con ocasión de la pandemia que padecemos, se están produciendo determinados  hechos e iniciativas del gobierno, normativas y no normativas, que resultan sospechosamente coincidentes con el proceso que, a comienzos de los años noventa, provocó en Venezuela la gradual transformación del país más rico de Iberoamérica en la nación que hoy conocemos.

El Coronavirus está provocando, como efecto mediato, una crisis económica de enorme gravedad, que puede llevarse por delante una gran cantidad de pequeñas empresas y dejar en la calle a millones de trabajadores. Esta desgracia fortuita (no entro en teorías conspiranoicas) puede, sin embargo, ser utilizada como una oportunidad desde determinadas ideologías, a las que una situación excepcionalmente dura como la que vivimos, les permite llegar donde no hubieran podido soñar en situaciones normales.

La extensión de la pobreza a sectores amplios de la sociedad, que se encuentran sin empleo ni recursos, exige  ayuda. Lo razonable es ajustar esa ayuda al tipo de necesidad padecida: carencia actual  de lo básico y necesidad de nuevo empleo. Por tanto: ayuda material inmediata actual, limitada en el tiempo a la gradual desescalada y paralelamente, esfuerzo por crear oportunidades de empleo, que permitan salir al desempleado cuanto antes de la situación de extrema necesidad, por su trabajo.

Pero lo que se está programando es ayudarle, de modo indefinido en el tiempo, con la llamada “renta básica”, sin condicionarla de un modo disuasorio del abuso parasitario y sin limitarla en  el tiempo. Con ello se crea un doble efecto: desmotivación para la búsqueda efectiva de trabajo y dependencia electoral respecto del partido que  garantice la renta básica.  Unamos a ello el pésimo trato que se está dando, tanto fiscal como financieramente a los autónomos y a las empresas españolas, en dificultades graves por la paralización económica. La posibilidad de recuperar actividad, volver a crear puestos de trabajo o incluso sobrevivir, va disminuyendo a medida que transcurren las semanas.

Se riega con millones de euros a las televisiones y medios de comunicación, (previa purga de los mejores periodistas de las públicas y posterior de los más independientes de los demás), generando la reciprocidad de “estómago agradecido”, en forma de ocultación de la realidad que perjudica al Gobierno y siguiendo una línea editorial absolutamente cómplice, que no denuncia ninguno de los errores, horrores, fraudes, omisiones de muertos, comisiones y corrupciones que se producen con motivo de la compra de material sanitario. Se amplía el número de los ministerios y se multiplican los cargos políticos, incluso con exclusión de funcionarios de carrera, para colocar a los más adictos. Se extiende la censura y control al último reducto de la libertad de expresión de la base social: las redes sociales

Con todo ello se aumenta el gasto público a costa de agravar el endeudamiento, ya muy superado el 100% del PIB, lo que convierte la crisis económica en más estructural y de más difícil y larga recuperación. Máxime cuando se ha generado la desconfianza en esta y otras materias, entre nuestros vecinos europeos, a los que necesitamos recurrir.

Simultáneamente se presentan leyes que, en el ámbito de la educación, desconocen el derecho de los padres, conforme al artículo 27-3 y 7 de la Constitución, y deciden por ellos el colegio de los hijos, imponen una versión trasnochada y extremista de la Educación para la Ciudadanía, cuyos contenidos de valores son los de Sánchez e Iglesias y desmantelan la educación diferenciada, la especial y la concertada.

Se presenta en el Senado el 21 de abril la proposición de ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas de franquismo y de la memoria democrática del estado español, de la que son destacables:  en el art. 7 se crea el  “Organismo Estatal para el establecimiento de la verdad”; en el art. 18 se fija la fecha del 18 de julio de cada año como el ´”día del recuerdo y homenaje de las víctimas del franquismo”; en los arts. 23 y 24  define, en enumeración muy extensa, todos los actos y símbolos “contrarios a la memoria democrática”; el art. 27 se dedica al “tratamiento del Valle de los Caídos” del modo que el lector puede suponer…; En el art. 35 se regula “la colaboración de los medios de comunicación públicos” al efecto… y en los arts 39 al 42 se regulan las normas represivas de los comportamientos contrarios a la ley. Las sanciones son pecuniarias. (Pero no crea el lector que es prudencia normativa. Penas más graves exigirían ley orgánica o reforme constitucional). En definitiva, es sancionable  tener una opinión distinta a la “verdad” del legislador sobre Franco y el franquismo y expresarla de cualquier modo.

Se modifican igualmente las normas que regulan el Padrón municipal dando entrada a ocupas, sin techo e inmigrantes ilegales, para que puedan votar… a quienes les facilitan, no solamente el derecho de voto sino también las ayudas económicas de la renta básica.

Queda un escollo importante: el poder judicial. Se comienza, aprovechando la politización del cargo de Fiscal General del Estado, nombrando para tal cargo a una incondicional: Dolores Delgado, anteriormente ministra de Justicia, bajo mínimos de prestigio y credibilidad por actuaciones y dichos anteriores, pero útil para el objetivo propuesto: no molestar al Ejecutivo. Respecto del Tribunal Supremo, se influye en los magistrados a través de los incondicionales o se critican abiertamente las sentencias cuando no gustan. De momento sirva de aviso a navegantes... Teniendo dentro a algunos magistrados como Andrés Martínez Arrieta, no es misión imposible controlar la judicatura.

En el ámbito de las relaciones internacionales se cambia de postura respecto de Venezuela: recibiendo a Delcy Rodríguez y sus cuarenta maletas, a pesar de la prohibición que pesa sobre la segunda de Maduro de pisar territorio europeo, no recibiendo a Güaidó. Se incluye en el CNI a Pablo Iglesias. Perdemos la confianza de nuestros tradicionales aliados europeos y americanos.

Contra lo que indican la ley y el sentido común, se hace opaca la identidad de las personas que componen la Comisión de Expertos que han de marcar las directrices de la desescalada sanitaria y la recuperación económica. Conocemos la de Andalucía, formada por sabios epidemiólogos, reputados médicos e investigadores y prestigiosos economistas. Por el contrario, los miembros de la Comisión estatal cuya identidad se va filtrando, tienen como denominador común la incondicionalidad ideológica y… nada o casi nada más.

Todo esto salpicado de mentiras, versiones cambiantes y contradictorias, predicciones incumplidas y sin que ninguno de los responsables rectifique, pida disculpas o dimita.

Lo que antecede, que no es exhaustivo, no son malditos bulos ni especulaciones conspiranoicas. Se trata de una red de hechos, normas, nombramientos y resultados contrastables, que componen un puzzle coherente con un proyecto de dinamitar la democracia y perpetuarse en el poder.

Pedro y Pablo, como los “Picapiedra” que veíamos cuando niños, tienen perfiles muy distintos, pero, también como ellos, tienen algún rasgo común. En este caso el rasgo que los une en un abrazo, con el que superan toda la carga de hemeroteca de sus propias declaraciones, es el afán de conseguir y perpetuarse en el poder: por motivos muy distintos, al menos los expresados, pero con la determinada determinación de mantenerse en él, usando y abusando de la legalidad y al margen y en contradicción con cualquier noción de ética, bien común o legitimidad.

España ha sido un país idílico no solamente para nosotros, los españoles, sino para los millones de turistas que nos han visitado cada año. Pero estamos en un fin de ciclo. Si no reaccionamos ante lo que está ocurriendo nos veremos envueltos en un proceso, cada vez más difícil de revertir, en el que irán bajando no solamente nuestros estándares de calidad de vida, sino también de libertades y dignidad. No somos tan distintos ni distantes de los venezolanos de los años noventa. Tomemos nota y obremos en consecuencia.