La proposición de ley que podría cambiar el panorama político

Los partidos políticos han conseguido dejar vacío el artículo 1 de la Constitución, según el cual “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. Pero, tras las elecciones, quienes controlan los poderes del Estado son los partidos políticos.

Si el pueblo fuera soberano no asumiría los abusos de los Gobiernos que se le imponen y tienen que soportarlos. Como por ejemplo la triple imposición de los incrementos del patrimonio en el caso de las donaciones. Si al donante que compró un piso y este le costó 500.000 € y cuando lo regala a su hijo vale un millón de euros, a ese donante que se empobrece en la medida de lo que regala, el poder legislativo (conformado por los partidos al igual que el poder ejecutivo) le atribuye una ganancia de 500.000 euros, lo que es falso y, por tanto, tiene que pagar un impuesto por esos 500.000 euros. Y la tercera tributación abusiva por un solo hecho imponible se produce cuando tiene que hacer frente a la plusvalía municipal.

Los ejemplos que podríamos argüir son innumerables. Por no agobiar pondré solamente otro. Hace algunos años el tipo impositivo de rentas elevadas era del 56 por 100 de los ingresos anuales del contribuyente, y además tenía que satisfacer el impuesto sobre el patrimonio. Es decir, que el Fisco se apropiaba de más de la mitad de sus ingresos anuales. Es indignante viendo después cómo los Gobiernos dilapidan las aportaciones de los sujetos pasivos.

También es ingenua la declaración del artículo 9 de la Constitución: ”Los poderes públicos están sujetos al ordenamiento jurídico” pues, contrariamente a la norma, parecen disfrutar de patente de corso.

Viendo cómo actúan los Gobiernos parece una burla este artículo 9 cuando proclama que “La Constitución garantiza la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.

El artículo 31 también es vulnerado por los políticos que gobiernan. Según este precepto, el gasto público a criterios de eficiencia y economía.

Para corregir todos los desmanes de los gobernantes debería acudirse al artículo 87.3 de la propia Constitución y hacer uso de la iniciativa popular y presentar una proposición de ley en la que se puntualizase la responsabilidad del Gobierno.

El colofón de esta responsabilidad plural es que los gobernantes estarán obligados al resarcimiento del daño ocasionado.

Para que esta imputabilidad por el uso del poder pudiera exigirse con garantías de imparcialidad es requisito indispensable que exista una Justicia independiente ya que, por ejemplo, en los casos delictivos los gobernantes deberán responder ante los tribunales.

Esta medida se apoyaría en el artículo 23 de la propia Constitución, según la cual los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos.

Firmada la proposición de ley por 500.000 ciudadanos debería convertirse en ley orgánica automáticamente y sin contar con la mayoría absoluta del Congreso que nunca se conseguiría, pues el poder legislativo está mediatizado por los partidos políticos.

En este aspecto sería preciso modificar la Constitución y exigir que la proposición de ley, al contar con un apoyo tan espectacular, se convirtiese automáticamente en ley orgánica, prescindiendo del trámite ordinario en el legislativo.