Reflexiones del abogado y socio de Cuatrecasas, Alejandro Auset, sobre el régimen de las Prórrogas de las concesiones sobre el Dominio Público Marítimo Terrestre: Un Panorama Cambiante

La Ley de Costas es una normativa que regula el uso y la protección de las zonas marítimo-terrestres en España. La gestión de este recurso natural es de vital importancia para el equilibrio ambiental y el desarrollo sostenible de las zonas costeras. En este marco, explica Alejandro Auset, abogado del Estado y socio de Cuatrecasas, las concesiones sobre el dominio público marítimo terrestre (DPMT) y las prórrogas de dichos títulos han sido objeto de un intenso debate jurídico y político en España, especialmente tras las reformas legislativas que han buscado equilibrar la protección del litoral con los intereses económicos y sociales. 

La Ley 2/2013, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley de Costas, marcó un punto de inflexión en la gestión de las concesiones del DPMT. Esta ley permitió a los titulares de concesiones existentes, otorgadas antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas (LC), solicitar prórrogas por un plazo que podría alcanzar los 75 años. Esta disposición supuso una ampliación significativa respecto al régimen transitorio previsto en la LC, que establecía la extinción de dichas concesiones en julio de 2018, a menos que se adaptaran a la nueva normativa.

El Reglamento General de Costas (RGC) de 2014 desarrolló la regulación de las prórrogas extraordinarias, estableciendo el procedimiento y los requisitos para su otorgamiento. Sin embargo, recuerda Alejandro Auset que la aplicación de esta normativa ha enfrentado desafíos, especialmente en lo que respecta a la adaptación de la costa a los efectos del cambio climático. La contradicción entre la normativa y los objetivos de protección del litoral ha generado diferencias interpretativas y dificultades en su implementación.

El impacto de la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de enero de 2024 y la opinión de Alejandro Auset de Cuatrecasas sobre la postura que debe adoptar el Gobierno en el proceso de elaboración del nuevo Reglamento.

En un intento por resolver estas tensiones, explica Alejandro Auset que la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética, introdujo una reforma normativa que limitaba el plazo máximo de duración de las concesiones a 75 años, incluyendo tanto el plazo inicial como las prórrogas. Además, se establecieron criterios para modular el otorgamiento y la duración de las concesiones y sus prórrogas, basados en los impactos sobre el medio ambiente y el litoral. Esta reforma fue desarrollada por el Real Decreto 668/2022, que modificó sustancialmente varios artículos del RGC 2014.

Sin embargo, la vigencia del Real Decreto 668/2022 ha sido efímera, ya que el Tribunal Supremo, en su sentencia de 31 de enero de 2024, ha declarado nulo el Reglamento por no cumplir con el trámite de consulta pública previo a su aprobación, tal como lo exige la Ley 50/1997, del Gobierno. Esta decisión judicial ha tenido como consecuencia la recuperación de la vigencia del RGC 2014 en su versión anterior a la reforma, restableciendo así el régimen de prórrogas extraordinarias tal como fue establecido por la Ley 2/2013.

Actualmente, en opinión del socio del Despacho Cuatrecasas Alejandro Auset los titulares de concesiones se encuentran en una situación de incertidumbre jurídica. Aquellos que al solicitar su prórroga se vieron sometidos bajo el marco normativo reformado por la Ley 7/2021 y el Real Decreto 668/2022, ahora pueden ajustarse nuevamente a las disposiciones del RGC 2014, más flexible en cuanto a los requisitos. Esta situación, resalta Alejandro Auset, sin embargo, podría ser temporal, ya que el Gobierno ha iniciado el proceso para aprobar un nuevo Real Decreto que desarrolle el artículo 20 de la Ley 7/2021, esta vez cumpliendo con todos los trámites procedimentales requeridos, incluida la consulta pública.

Sin embargo, para el abogado especialista en dominio público marítimo terrestre Auset Domper, el Gobierno corre un riesgo importante si se limita a reproducir el contenido del Real Decreto anulado, ya que el Tribunal Supremo anuló el Real Decreto por razones formales dejando imprejuzgados muchos de los motivos de fondo que en dichas impugnaciones se plantearon.

En este contexto, y para evitar prolongar esta incertidumbre, opina Alejandro Auset que es deseable que en la gestión del DPMT y el régimen de las prórrogas de concesiones se alcance un marco legal claro, estable y adaptado a los desafíos del cambio climático y la sostenibilidad ambiental que arbitre el simple difícil equilibrio entre la protección ambiental y los intereses económicos. La evolución normativa y jurisprudencial demuestra la dificultad, pero, a su vez, la necesidad de alcanzar un consenso duradero en esta materia, y el nuevo Real Decreto actualmente en tramitación que venga a sustituir el Real Decreto 668/2022 abre una oportunidad que debería aprovecharse.

El Ministerio, concluye Alejandro Auset de Cuatrecasas, debería tener en cuenta el resultado del trámite de consulta pública y cuente con la opinión de aquellas Administraciones y organizaciones representativas del sector que han realizado alegaciones a dicho trámite.