AHORA: Cómo se gestionará la pandemia de Covid-19 si se suspende el estado de alarma

La principal consecuencia sería que "el mando único" asumido por el Gobierno decaería y los ministros de Interior, Defensa, Transportes y Sanidad ya no podrían dictar órdenes extraordinarias que afecten a toda la nación.

La gestión de la crisis quedaría en manos de las Comunidades Autónomas.

Las competencias para gestionar la crisis sanitaria recaerían de nuevo en las Comunidades Autónomas cuyos territorios, en virtud de los planes de Protección Civil, podrían ser considerados bajo "emergencia sanitaria".

Las autoridades autonómicas podrían incluso confinar a núcleos de población en virtud del grado de riesgo sanitario que exista. Lo que no sería ya posible es mantener a todos los ciudadanos del Estado en régimen de confinamiento.

La limitación general de la movilidad -no la suspensión absoluta del derecho- sólo es posible bajo una norma de excepción como es el estado de alarma. En consecuencia, la población podría desplazarse nuevamente con libertad hasta que las CCAA impongan las restricciones oportunas.

De la misma manera, disposiciones tales como la reanudación de la actividad escolar presencial pasaría a depender de las autonomías.

Cabe recordar, por ejemplo, que ya antes de la declaración del estado de alarma, comunidades como la de Madrid ya hicieron uso de esta facultad para ordenar el cierre de los centros educativos de cualquier nivel tanto públicos como privados.

Igualmente, la reapertura de la actividad comercial se regiría por la normativa que se dicte a nivel autonómico y local.

Serían los gobiernos autonómicos y los Ayuntamientos los que en función de la situación sanitaria y las peculiaridades de sus territorios y poblaciones adoptaran las medidas oportunas.

El resto de medidas contempladas en el decreto de estado de alarma, tales como la posibilidad de requisar temporalmente bienes, ocupar industrias, impartir órdenes para asegurar el abastecimiento, requerir la colaboración de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad o, por ejemplo, suspender el ejercicio de determinadas actividades para mantener a raya la propagación de la enfermedad, seguiría siendo posible, pero al amparo de la ley de Medidas Especiales en materia de Salud Pública y de la Ley General de Salud Pública

Las decisiones económicas adoptadas bajo el paraguas del estado de alarma, como los ERTE por fuerza mayor como consecuencia del Covid-19, decaerían sobre el papel porque su aprobación ha quedado incluida en el entramado de decretos derivados del estado de alarma.