El Grupo Prisa, en pie de guerra para defender a Garzón, ordena a El País, Cadena SER y Cuatro que acorralen a los jueces que deben decidir. El magistrado lo tiene muy difícil

Según cuentan personas que trabajan en Prisa, desde la dirección se han cursado órdenes a El País, a la Cadena SER y a Cuatro para que se movilicen en defensa del magistrado de la Audiencia Nacional. El objetivo es evitar que pueda ser procesado y removido del cargo.

En el caso de El País, se atribuye al director, Javier Moreno, haber dado directamente las instrucciones, y al subdirector José Manuel Romero el haberse encargado de promover y coordinar el trabajo, pero se apunta que detrás se encuentra directamente Juan Luis Cebrián.

La impresión en fuentes jurídicas es que el propio Garzón ha pedido ‘ayuda’ a Prisa, y que el grupo se ha movilizado en recuerdo de la buena relación y de los apoyos ofrecidos. Se remiten a cuestiones del pasado, como por ejemplo el conflicto legal con los decodificadores de Canal +, asunto que le costó el cargo al juez Javier Gómez de Liaño.

Las fuentes jurídicas a las que ha tenido acceso El Confidencial Digital ven con preocupación lo que consideran una auténtica ofensiva, de presión, hacia los jueces que tienen o van a tener algo que ver con el destino del magistrado de la Audiencia Nacional, tanto miembros del Tribunal Supremo como incluso el propio Consejo General del Poder Judicial, que están siendo objetivo de la ofensiva de los medios de Prisa. En esos sectores se interpretan como una advertencia, un ‘aviso’.

El País en primera línea

Si hasta Iñaki Gabilondo apostrofó con dureza en su informativo en televisión a los magistrados, por lo que él considera que puede ser un atropello con Garzón, sin embargo es sobre todo El País el medio que se muestra más beligerante, como evidencia día tras día.

El diario se ha posicionado rotundamente, no sólo en las numerosas de columnas que viene publicando (prácticamente todos los días aparece una), con titulares como “La caza”, sino también en el enfoque de las informaciones (por ejemplo, “España trata de ocultar crímenes de lesa humanidad”) y también con editoriales muy rotundos, como el titulado “La aberración”.

En el caso de las columnas, las firman desde Saramago a Juan Cruz y los restantes colaboradores habituales, pero también catedráticos como Francisco Javier Álvarez García, de la Carlos III, que terminaba su escrito diciendo que “cuando todo termine se organizará una manifestación, Franco y Pinochet irán a la cabeza, asesinos de ETA, narcotraficantes y administradores públicos podridos compondrán la marcha. Todos vitorearán a la Justicia y al Tribunal Supremo español”.

Agencias de colocación

El objetivo de la campaña de Prisa son los jueces que están interviniendo en los sumarios contra Garzón. No ha pasado inadvertido, en los ámbitos judiciales consultados por ECD, titulares como éste “Más de la mitad de los magistrados del Supremo juraron fidelidad a Franco”.

El juez instructor Luciano Varela, y la vocal del Consejo del Poder Judicial Margarita Robles, que ha hecho causa común con él, ambos de izquierdas, han merecido especialmente los ataques de El País. Directamente sobre Robles, citándola, se centró el editorial “Agencias de colocación”, por una carta en la que explicó a los miembros de Jueces para la Democracia el número de miembros de esta asociación que ha pasado a ocupar altos cargos.

El editorial hablaba de alarde y de jactancia por parte de Margarita Robles, de mercadeo, de “vergonzante politización del Consejo del Poder Judicial”, y de falta de parcialidad, rectitud y probidad de sus señorías. Y terminaba apuntando la existencia de actuaciones mafiosas, al decir que esa práctica se asemeja al funcionamiento sindical de los muelles de Baltimore tal y como lo muestra la serie ‘The Wire’.

Garzón lo tiene muy difícil

El juez Garzón afronta tres problemas judiciales, los tres de cierta entidad. El primero es la investigación del franquismo, por prevaricación y uso de bienes públicos para una investigación que no correspondía. El segundo sumario se refiere al dinero que recibió del Banco Santander por la estancia en Nueva York, y la acusación es de corrupción: hay correos en los que Garzón se dirigía directamente a Emilio Botín y firmaba como juez instructor, y los pagos alcanzaron al viaje de su hija, de la criada y al curso que hizo la niña.

El tercer asunto, por violación de un derecho fundamental, se refiere a las escuchas que practicó a uno de los abogados de la Gürtel cuando despachaba con su cliente en prisión. La querella ha sido presentada por el propio abogado, Ignacio Peláez, y está siendo estudiada por el Supremo.

Las fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial Digital apuntan que Baltasar Garzón lo va a tener muy difícil, porque es posible que alguno de los tres sumarios vayan adelante y se produzca el procesamiento, instante en que tendrá que dejar la Audiencia Nacional.

La tramitación del caso durará uno o dos años, y para entonces el magistrado habrá llegado a la edad de jubilación.

Fuentes políticas aseguran que, desde instancias cercanas al Gobierno, a Garzón se le ofreció que se quitara de en medio, que se marchara de España, pero él no ha querido. Tal como se ha contado en ECD, se le ofreció ser magistrado de enlace en algún país de Hispanoamérica (Colombia o Méjico), pero el pidió serlo para todo el continente -ver noticia.