El juez Llarena rechaza que Puigdemont sea juzgado sólo por malversación
El tribunal alemán acepta su extradición, pero no por un delito penado con treinta años de cárcel. El mal uso de caudales públicos conlleva doce de prisión
Según establece el Código Penal, la pena más grave por malversación oscila entre los cuatro y los ocho años de cárcel, pero la legislación contempla una condena agravada a 12 años si el perjuicio causado excediere de 250.000 euros.
Dado que los informes que la Guardia Civil ha ido entregando al juez Llarena en los últimos meses elevan el dinero público desviado para la organización del denominado 'procés' a más de cuatro millones de euros, sería previsible que una de las acusaciones personadas en la causa, ya sea la Fiscalía o la acusación popular que ejerce Vox, pidiera la máxima condena para Puigdemont.
En cualquier caso, una vez que el tribunal alemán ha tomado una decisión y autoriza la entrega sólo por malversación de caudales públicos, el magistrado del Supremo ha decidido no aceptar la extradición únicamente por este delito, ya que la había solicitado por rebelión o sedición, que aparejan penas más raves: treinta o veinticinco años de cárcel.
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