Begoña Gómez pretende que se ‘confisquen’ los móviles a los abogados en su declaración

La defensa ha solicitado que se prohíba el acceso a la sala de “cualquier dispositivo apto para la captación de imagen o sonido”. Ha justificado un precedente de la infanta Cristina

De izquierda a derecha. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el jefe de Estado Mayor de la Defensa, Teodoro Esteban López Calderón, y la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.
  1. Moncloa pidió un informe a Interior
  2. La seguridad no está sujeta a criterios políticos
  3. El caso de Cristina Cifuentes
  4. Que los móviles sean ‘confiscados’
  5. Un precedente con la infanta Cristina
  6. A la espera del audio o el vídeo
La directora de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la UCM y responsable del grupo de Transformación Social en Women Action Sustainability (WAS), Begoña Gómez.

Moncloa ha conseguido evitar la imagen de Begoña Gómez entrando a los Juzgados para testificar ante el juez, dada la excepcionalidad de que es la primera vez que la esposa de un presidente del Gobierno declara como investigada en una causa judicial. Su defensa busca ahora, además, que se ‘confisquen’ los móviles a los abogados.

La jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco, ha acordado que la mujer de Sánchez pueda entrar a los juzgados de Plaza de Castilla por el garaje para su declaración como imputada de este viernes.

La decana atiende la petición de la directora del departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno, que le remitió el pasado lunes un escrito en el que apuntaba a la necesidad de prevenir “cualquier incidente”.

Del Barco consideró que, en un primer informe, no se incluían “motivos o razones concretas para adoptar estas prevenciones”, por lo que solicitó a Presidencia del Gobierno una ampliación. Según explica en el acuerdo notificado este jueves, ese segundo escrito ya aludió a hechos que sí “podrían producirse” y que “omite por motivos obvios”.

Moncloa pidió un informe a Interior

Según la doctrina fijada por su proceder y el de sus predecesores, la decana ha solicitado un informe a la Policía Nacional y otro al servicio de Seguridad del edificio, en relación con la pertinencia de que Begoña Gómez acceda o no por el mismo lugar y del mismo modo que el resto de ciudadanos, dado el perfil público y valorando los posibles riesgos para su seguridad.

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De hecho, tal y cómo se contó en ECD hace unas semanas, Moncloa pidió al Ministerio del Interior un informe que evitase precisamente a Begoña Gómez el ‘paseíllo’ judicial.

Los técnicos del departamento que dirige Fernando Grande Marlaska, responsables de realizar la evaluación de riesgos de personalidades públicas, han acreditado finalmente que la mujer del presidente corre un “grave riesgo” si accede a pie a las dependencias judiciales, a pesar del pertinente refuerzo del dispositivo de seguridad en la zona.

Los juzgados de Madrid cuentan con dos puertas de entrada: la principal, situada en el Paseo de la Castellana, frente a Plaza de Castilla, y la trasera, en la calle Poeta Joan Maragall. La puerta lateral, en la calle Bravo Murillo, sólo se utiliza para las guardias de detenidos.

La seguridad no está sujeta a criterios políticos

Fuentes del Ministerio del Interior explican a ECD que el diseño de los protocolos de seguridad y el servicio de protección personal con escoltas se encuentra sujeto a las valoraciones técnico-policiales, que se van actualizando en función de los riesgos que puedan darse.

En ningún caso, insisten, la seguridad de las personas está sujeta a criterios políticos. “El trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es igual, ponen el mismo empeño: la seguridad está por encima de todo”, zanjan.

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a su mujer, Begoña Gómez, en un acto de campaña por el 9J.

El caso de Cristina Cifuentes

En los últimos años han acudido a declarar a los juzgados de Plaza de Castilla políticos como José Manuel Franco, exdelegado del Gobierno en Madrid por permitir la manifestación del 8-M (él no solicitó un acceso distinto); el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, y el fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, quien sí intentó evitar que le captaran las cámaras, pero sin resultado.

Distintos políticos que han acudido a los Juzgados a declarar, como investigados o como testigos, han solicitado evitar el denominado ‘paseíllo’ entre los periodistas que se agolpan a las puertas de los Juzgados. En la mayoría de los casos, los informes han descartado que hubiera riesgos para su seguridad, por lo que el Decanato no permitió un acceso discreto.

Que los móviles sean ‘confiscados’

Conseguido el objetivo de ahorrarse el ‘paseíllo’, la principal duda se centra ahora en el modo en que se desarrollará la declaración en el interior del juzgado.

Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes del caso que afecta a la mujer del presidente del Gobierno, la defensa de Begoña Gómez se ha propuesto blindar lo que ocurra dentro de la sala.

Hasta el punto, según las fuentes consultadas, de que la maniobra de última hora de su defensa, liderada por el exministro socialista, Antonio Camacho, es que se prohíba el acceso a la sala con “cualquier dispositivo apto para la captación de imagen o sonido”.

Un precedente con la infanta Cristina

La defensa de Begoña Gómez ha justificado en su solicitud un precedente con la infanta Cristina, que también pidió que solo se grabara el audio de su declaración durante la fase de instrucción.

El juez del caso Nóos, José Castro, atendió la solicitud, al considerar que no constituía “un trato privilegiado”. Sin embargo, el blindaje de aquella comparecencia sirvió de poco: acabó filtrándose un vídeo, y dos abogados fueron acusados de grabar la declaración a escondidas.

Sin embargo, la infanta Cristina sí protagonizó un ‘paseíllo’, cuando llegó a los juzgados para testificar.

A la espera del audio o el vídeo

La defensa de Gómez solicitó también, este martes, que solo se grabe el audio y no la imagen, pero el juez Juan Carlos Peinado aún no ha respondido a esa petición.

Según defienden los abogados, se trata de una “práctica que suele ser habitual en distintos juzgados, para evitar un uso inadecuado de las imágenes que son captadas a los solos efectos de la documentación de una diligencia judicial, pero que no deben ser utilizadas para ser difundidas en medios de comunicación pública”.

De izquierda a derecha. La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol.