Las autonomías del PP no confirman al Gobierno si aplicarán el reparto de menas
El Ejecutivo asume que la reforma de la ley de extranjería un “fracaso” si las regiones de los populares ponen trabas a su aplicación
Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular no han confirmado al Gobierno que vayan a aceptar el reparto de menores extranjeros no acompañados, aunque se apruebe en el Congreso de los Diputados. Es más, la preocupación del Ejecutivo reside tanto en la votación de la proposición para reformar la ley de extranjería como en que los ejecutivos regionales no pongan trabas a su aplicación.
El pasado martes, el Partido Popular aceptó distribuir a casi 400 menores extranjeros no acompañados de los 6.000 que han saturado el sistema de acogida en Canarias. Una cifra mucho menor del objetivo del Gobierno, que esperaba poder repartir hasta 3.000 de estos menores vulnerables por todas las regiones.
Sin embargo, según marca la ley de extranjería, las autonomías deben aceptar, voluntariamente, dicha acogida; de ahí que el Ejecutivo busque reformar la norma para que no tengan opción de negarse y se active un sistema de reparto en cuanto se supere el umbral establecido en la nueva reglamentación.
El PP no revela su voto
Génova no ha anunciado qué votará el Grupo Parlamentario en el Congreso. Los populares siguen meditando una decisión que podría dar un balón de oxígeno al Gobierno o suponerle otro batacazo en la Cámara Baja. La situación extrema que vive Canarias, que acoge a más de 6.000 menores extranjeros no tutelados, ha llevado a Moncloa a tomar la iniciativa y actuar sin tener los apoyos atados.
Como adelantó ECD, el Ejecutivo quería impulsar la reforma de la ley de extranjería sí o sí y aguardaba a esta semana para presentarla. Finalmente, se ha registrado este lunes en el Congreso y se tramitará en los próximos días. La votación se prevé de infarto, como lo han sido en esta legislatura.
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El Ejecutivo elaboró tres macro paquetes de medidas en enero para no tener que someterse en distintas votaciones, y aunó un popurrí de iniciativas en tres decretos leyes. Dos salieron en el último minuto gracias a que los diputados de Junts se ausentaron y el tercero cayó por el voto en contra de Podemos junto al PP y Vox. El Gobierno no quiere evidenciar esta fragilidad parlamentaria y ha retrasado el mayor número de iniciativas posible hasta que terminara el carrusel de elecciones del último semestre. En este caso, Moncloa ha preferido lanzarse al vacío y exponerse a otro revés parlamentario que cruzarse de brazos.
El Ministerio de Política Territorial, competente en esta materia, y liderado por Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias hasta el pasado verano, ha pilotado la iniciativa y consiguió que el PP aceptase el reparto urgente de 400 menores desde Canarias al resto de territorios autónomos del país.
Pero los populares no aclaran si apoyarán o no la reforma. Una abstención valdría para sacar adelante la modificación de la ley de extranjería a pesar del "no" asegurado de Junts. La postura del partido independentista —presionado por Alianza Catalana por su derecha— rechaza cualquier intromisión del Estado en una competencia autonómica y en Moncloa dan por descartado su apoyo.
Revelarse aunque se cambie la norma
La preocupación del Gobierno reside ahora en si las autonomías gobernadas por el PP van a colaborar con el Gobierno central en caso de que se apruebe la reforma. El cambio que proponen el Partido Socialista, Sumar y Coalición Canaria supone modificar el artículo 35 para los menores no acompañados se distribuyan obligatoriamente cuando en una autonomía se supere el 150% de la capacidad de acogida.
Para que se cumpla este precepto, aunque el PP se abstenga y permita su aprobación, el Gobierno considera indispensable que los ejecutivos regionales colaboren. Fuentes gubernamentales señalan que sería "ilegal" que no lo hicieran e incumplieran la ley, pero temen que pongan trabas que dificulten en demasía el proceso. ya ha sucedido en normas como la ley de vivienda. La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, anunció que no la implementaría y así fue.
Las propias regiones, en la conferencia sectorial del pasado miércoles, no comunicaron su intención de cumplir la posible reforma legal que impulsan los partidos de gobierno tras alcanzar un acuerdo con Coalición Canaria. Hay división de opiniones dentro del PP entre los territorios que se muestran más a favor —como el PP canario— y quienes son más reacios.
Proposición para evitar el decreto ley
El Ministerio se ha mostrado partidario de no impulsar un decreto ley por dos motivos. Como informó ECD, el primero es evitar las mayorías absolutas. El Gobierno tendría que convalidar el decreto con el apoyo de 176 diputados, como marca la ley; pero una proposición de ley —impulsada por los grupos parlamentarios y no por el Ejecutivo— puede convalidarse por mayoría simple —más síes que noes—. Este lunes, Sumar, el PSOE y Coalición Canaria —que lidera el gobierno canario en el que también está el PP— han presentado la iniciativa en la Cámara Baja.
El segundo es la estabilidad jurídica. Un decreto ley entra en vigor según se aprueba en el Consejo de Ministros y se publica en el BOE; en los 30 días siguientes debe convalidarse en el Congreso de los Diputados para permanecer en vigor, pero el Ejecutivo no quiere arriesgarse a no sacar la votación y generar un caos normativo que agrave el problema actual.