El PSOE impuso a Sumar evitar el término “derogar” en la reforma de las injurias al rey
Pactaron eliminar este delito del Código Penal, pero los socialistas insistieron en utilizar una expresión ambigua que impida entender la medida como una desprotección de la Corona
- Sumar se centra en el efecto y no en las palabras
- El PSOE evita hablar de "derogación"
- Sumar, en privado, asegura que sí lo es
- Posible giro del PSOE
- Las sentencias europeas, el argumento para acometer la reforma
El Gobierno anunció el pasado 17 de septiembre un acuerdo para modificar los artículos 491 y 543 del Código Penal. Ambos tipifican como delito las ofensas o injurias a la Corona o a instituciones de España —incluida la jefatura del Estado—. El texto pactado habla de "reforma", pero ministros de Sumar deslizan que se trata, en la práctica, de la derogación de estos dos puntos de la ley penal.
Según ha podido saber Confidencial Digital de fuentes de ambos partidos, las dos formaciones han acordado poner fin a dichos delitos, aunque los socialistas impusieron a sus socios de Gobierno evitar la palabra "derogación" y recoger una "reforma integral" que ponga fin a penas como las del rapero Valtonyc.
Sumar se centra en el efecto y no en las palabras
Más allá de la retórica, que muestra la brecha entre Sumar y los socialistas en este acuerdo, el pacto entre las dos formaciones sí supone poner fin a que los insultos a la Corona acaben en penas de cárcel. "No puede haber nadie condenado por cantar esto o lo otro. Eso es una anomalía y se tiene que terminar ya", sentencian ministros de la formación liderada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
Los dirigentes de la formación no inciden tanto en las palabras que recoge el texto sino en el objetivo final. "Más allá de si es una reforma o una derogación, lo que hemos acordado es que estas situaciones terminen", añaden.
El PSOE evita hablar de "derogación"
Sin embargo, los socialistas no son tan tajantes ni en público ni en privado. Coinciden con sus socios de Ejecutivo en cambiar el Código Penal para expandir el abanico de la libertad de expresión, pero no quieren hablar de "derogar" ningún artículo por dos motivos: evitar que se entienda como una desprotección de la Corona desde otra institución del Estado, y mantener una ambigüedad que les permita negociar más adelante con el partido de la también ministra de Trabajo.
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Sumar, en privado, asegura que sí lo es
Los ministros de Sumar, en cambio, no se esconden: reiteran una y otra vez que, aunque el papel hable de "reforma", de facto se trata de una "derogación" de estos delitos porque "no tienen cabida" en un país democrático. Las fuentes consultadas admiten que el texto responde a una petición del PSOE que el partido de Díaz aceptó solo por mero decoro, pero no para terminar cambiando la finalidad de la iniciativa.
Posible giro del PSOE
Ferraz se guarda una baza con este cambio en el texto del acuerdo. Una "reforma integral" permite a los socialistas complacer las exigencias de Sumar —poner fin a sentencias que dieron la vuelta al continente, como la del rapero Valtonyc o Pablo Hásel— pero evitar derogar dichos artículos para esquivar cualquier acusación de desprotección o falta de respeto entre instituciones.
Sumar rechaza de plano cualquier reforma que no suponga eliminar todos los apartados de la ley penal que puedan amenazar "la libertad de expresión", pero el Gobierno no tiene fecha para llevar el acuerdo al Parlamento.
En Ferraz quieren mantener la ambigüedad de no confirmar si eliminarán definitivamente el articulado del CP hasta que haya negociaciones con el resto de partidos.
Las sentencias europeas, el argumento para acometer la reforma
La cuota de Sumar en el Consejo de Ministros se basa en dos sentencias europeas para fijar el objetivo de esta reforma o derogación: el 13 de marzo de 2018, el Tribunal europeo de Derecho Humanos condenó a España a reintegrar los 2.700 euros de sanción —más una indemnización de 9.000 euros— por condenar a dos jóvenes que quemaron fotos del rey en 2007 por un delito de injurias a la Corona.
El Tribunal Europeo también condenó a España a indemnizar con 20.000 euros al líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, tras entender que vulneró su derecho a la libertad de expresión al sentenciarlo en 2005 a un año de prisión por haber llamado al Rey Juan Carlos I "jefe de los torturadores".
El Ministerio de Cultura, dirigido por Ernest Urtasun, ha expuesto estos ejemplos para reflejar qué tipo de sentencias quiere eliminar el Ejecutivo; ambas basadas en los artículos del Código Penal que el Gobierno ahora quiere reformar.