Sánchez vetó medidas contra los jueces para que no parezca una venganza por el ‘caso Begoña’
Ha rechazado incluir en el plan ‘antifango’ las propuestas de Yolanda Díaz que planteaban implantar el MIR judicial
- Medidas sobre los jueces, sí o sí
- Unanimidad sobre el MIR Judicial
- Los problemas, de uno en uno
- Hacer pedagogía
- Instrucción sobre Begoña Gómez y el ‘caso Koldo’
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, frenó cualquier iniciativa de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que afectase a los jueces en el plan sobre los medios de comunicación aprobado este martes por el Consejo de Ministros. Para Sumar, la regulación de la prensa y los cambios en la judicatura deberían ir de la mano, pero el ala socialista del Ejecutivo prefiere retrasar las medidas sobre los magistrados en pleno ‘Caso Koldo’ y con la investigación a la mujer del presidente, Begoña Gómez, aún abierta.
Los ministros de Sumar aceptan introducir medidas de menor calado, que no levanten demasiada polémica, pero en Moncloa no quieren añadir más tareas. Los socialistas consideran clave explicar bien las medidas sobre los medios para que no despierten la desafección del electorado y se entiendan como una modernización del sector acorde a la normativa europea.
Medidas sobre los jueces, sí o sí
En Sumar ceden, pero solo por ahora. La cúpula de la formación tiene claro que hay que impulsar leyes que cambien el sistema judicial y equilibren la balanza ideológica entre los magistrados. El partido utiliza de referencia la afiliación a las asociaciones judiciales: casi la mitad de los jueces pertenecen a organizaciones conservadoras, solo el 8% a la progresista y el 44% restante no tiene afiliación alguna.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quiere poner fin a lo que considera un “sesgo conservador” de los togados que da lugar al conocido como lawfare — instrumentalización de la Justicia con fines políticos—. Una corrupción del sistema que la ministra ve reflejado en casos como el de la mujer del presidente o las denuncias contra Podemos por supuesta financiación ilegal que terminaron archivadas tras más de un lustro de instrucción judicial.
Unanimidad sobre el MIR Judicial
Todos los partidos englobados en Sumar comparten la necesidad de modificar el sistema judicial. La propia ministra de Trabajo propuso elaborar un MIR Judicial. Una iniciativa para favorecer que los hijos de las familias con menos recursos también puedan opositar. Según la asociación Jueces y Juezas para la Democracia, los opositores deben destinar un mínimo de 25.000 euros para prepararse. Un cálculo basado en el coste del preparador, el precio de los manuales o la manutención del propio estudiante.
En Sumar aseguran que existe una relación clara entre que solo las familias adineradas puedan permitirse que su hijo oposite y la cantidad de jueces conservadores en la carrera, y consideran que la balanza se equilibraría si las personas con menos recursos tuvieran las mismas facilidades para costearse una oposición.
Los problemas, de uno en uno
El PSOE ha estudiado propuestas como el MIR Judicial planteado por la vicepresidenta segunda, y la valora positivamente. Como adelantó este digital, incluso se abrieron a apoyar la medida, pero no ahora. Aunque la consideren razonable, el ala socialista del Gobierno prioriza poner especial esmero en la pedagogía: un factor que altos cargos del PSOE consideran que falló la legislatura pasada y que también ha causado problemas al Ejecutivo en esta con la ley de amnistía.
Moncloa planeó elaborar una sola norma sobre los medios de comunicación que englobase todas las medidas, pero incluirlo todo en un solo proyecto impedía desgranarlas y daba pie a que se analizase con brocha gorda. El Gobierno, finalmente, ha optado por aprobar el plan este martes, pero sin desarrollar casi ninguna medida. Desde el Ejecutivo aseguran que se anunciarán una a una, por separado, a lo largo de los próximos tres años que quedan de legislatura.
Hacer pedagogía
Una estrategia que facilita al Gobierno explicar mejor cada iniciativa. Este martes, en la presentación del plan, tanto el ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, incidieron en que todas las medidas se basan en la normativa europea, de obligada trasposición —es decir, todos los estados miembro deben añadirla a su legislación en un plazo de dos años—.
Moncloa quiere convencer de que este plan resulta necesario para la salud democrática del país y busca desvincularlo del control político de los medios que denuncia la oposición.
El primer paso en una hoja de ruta comunicativa que se prolongará hasta el final del mandato.
Instrucción sobre Begoña Gómez y el ‘caso Koldo’
Los socialistas también rechazan abordar ahora cualquier medida que afecte a los jueces por el contexto judicial que atraviesa el Gobierno. En febrero estalló el ‘caso Koldo’, aún en fase de instrucción, en el que se investiga el cobro de comisiones del principal asesor de José Luis Ábalos, ministro de Transportes durante la pandemia, a cambio de influir para adjudicar contratos a empresas amigas.
El primer caso de corrupción que toca al Ejecutivo desde que Sánchez es presidente, y que ha llevado a la ruptura total entre Ferraz y el que fuera el número dos del partido hasta el verano de 2021. Además, el juez Juan Carlos Peinado admitió en abril una querella de Manos Limpias contra la mujer del presidente. La decisión del magistrado fue la gota que colmó el vaso y derivó en el anuncio de Sánchez de un plan “de regeneración democrática” que afectaría a medios y jueces.
Como adelantó ECD, el presidente dio marcha atrás y ha preferido dejar al margen a la judicatura. Sánchez da por seguro que la investigación a su esposa “quedará en nada” y ve cierto beneficio en las trabas de los magistrados a la ley de amnistía.
En Moncloa consideran que no es el momento idóneo. Anunciar medidas que afecten directamente a los jueces con sendas investigaciones en marcha podría interpretarse como un control político a los magistrados, y exigiría un doble esfuerzo pedagógico para el Ejecutivo.
