Vox propone derogar la ley de prensa de Fraga y limitar la verificación de noticias falsas

Exige que las organizaciones dedicadas a desmontar bulos sean consideradas civilmente responsables si vulneran los derechos a la libertad de expresión y a recibir información veraz

Santiago Abascal en una comparencia en el Congreso de los Diputados
Santiago Abascal en una comparencia en el Congreso de los Diputados

Vox pide en el Congreso derogar tres de las leyes que conforman el marco legal de los medios de comunicación en España y que regulan el derecho a la información y la libertad de prensa y de expresión.

Así lo propone en una “Proposición de Ley Orgánica de regulación parcial de la verificación de noticias falsas en redes sociales, blogs, sitios web en general y medios de comunicación impresos, digitales y audiovisuales”, que presentó hace unas semanas y que este viernes 17 de julio recoge el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Dicha proposición de ley va dirigida principalmente a poner coto a la actividad de las empresas que se dedican a verificar bulos y fake news, así como las decisiones en ese sentido que toman redes sociales como Twitter y Facebook, e incluso las pretensiones que tienen algunos gobiernos o instituciones como la UE de regular de alguna forma este ámbito.

Al final de la proposición de ley se incluye una disposición derogatoria que establece que quedan derogadas -de llegar a aprobarse tal cual el texto de Vox- tres leyes. La más antigua es la Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta.

Se trata de la regulación sobre la prensa que aprobó Manuel Fraga cuando era ministro de Información y Turismo durante la dictadura de Franco. Fue la última regulación del régimen sobre medios de comunicación, que eliminó la censura previa salvo casos excepcionales, aunque siguió manteniendo de facto un control de la dictadura sobre lo que se publicaba en España.

De dicha ley se derogaron varios artículos a través de reformas legales ya aprobadas en democracia, pero la ley como tal sigue en vigor, lo que algunos sectores consideran una anomalía: que una ley de prensa de la dictadura se mantenga en democracia.

Además, Vox plantea derogar la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, y también la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.

Vulneran la libertad de expresión, según Vox

El partido de Santiago Abascal plantea esta proposición de ley al considerar que se está coartando la libertad de expresión y el derecho a la información con ciertas actividades por parte de las empresas denominadas ‘fact-checkers’, así como de redes sociales que califican como “bulo” algunas publicaciones.

En la exposición de motivos, incluso citan las polémicas palabras del general de la Guardia Civil José Manuel Santiago: “Las autoridades gubernativas vienen realizando una verificación de noticias falsas en las redes sociales —con no pocas intrusiones en lo que es cabalmente opinión— carente de toda regulación legal propia y con una amplitud e instrumentos que se ignoran, con el fin declarado de, cuando menos, «minimizar» la crítica en las redes sociales a la acción política del Gobierno actual”.

 

Por todo ello, Vox propone limitar la actividad de estos verificadores, o al menos que estén obligados a dejar claros sus vínculos:

“La verificación de noticias falsas en redes sociales, blogs, sitios web en general, prensa impresa y digital y medios de comunicación audiovisual llevada a cabo directa o indirectamente por sus titulares no podrá ser regulada internamente y/o ejecutada y/o supervisada por personas y entidades, privadas o públicas, directa o indirectamente dependientes de gobiernos y/o autoridades, y/o políticamente partidistas y/o partidarias, salvo que el titular se declare y/o declare a la red social, el blog, el sitio web, el medio de gobiernos y/o autoridades y/o políticamente partidista y/o partidario. Dicha declaración se incluirá en la primera página, entrada o emisión —y sin solución de continuidad en las sucesivas ediciones— en forma que sea perceptible y sin dificultad por el usuario, lector, oyente y/o espectador”.

Además, propone que se prohíba toda verificación gubernativa de noticias falsas. Sólo se permitiría el papel de los jueces en este ámbito: “Solo la autoridad judicial competente podrá adoptar decisiones sobre la verificación de noticias falsas, cualquiera que sea su modalidad, en redes sociales, blogs, sitios web en general, prensa impresa y digital y medios de comunicación audiovisual, en tanto garante de la opinión pública libre y de los derechos a la libertad de información y a la libertad de opinión”.

La proposición de Vox contempla que pueda acudir a los tribunales cualquier usuario, lector, oyente y/o espectador que se pueda sentir afectado por un uso de la verificación de noticias falsas excesivo, que vulnere la libertad de expresión.

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