Inhabilitar ascensores y prohibir visitas: las medidas contra los okupas de Cañaveral
Los vecinos del edificio de Madrid asaltado han contratado con una empresa de seguridad un servicio de vigilancia 24 horas y también piden identificación para entrar al edificio
El pasado 21 de agosto los vecinos de Miguel Delibes 15, en la zona de El Cañaveral ubicado en el distrito madrileño de Vicálvaro, se despertaron con la ingrata sorpresa de descubrir que doce viviendas de su edificio habían sido okupadas.
Lo que delató a los okupas no fue solo el estruendoso ruido de materiales pesados en la madrugada, sino, que las cerraduras eran diferentes. Para acceder a las viviendas de este edificio los inquilinos utilizan tarjetas, como en un hotel, sin embargo, la cerradura de los pisos okupados habían sido cambiadas por unas de llave metálica. En su mayoría los pisos en los que se instalaron estas familias ilegalmente son en el primero, segundo y cuarto piso, también en el ático.
La mayoría de estos okupas proceden de Venezuela, República Dominicana y Colombia, nacionalidades que coinciden con la mayoría de residentes legales del recinto de apartamentos, según ha podido saber El Confidencial Digital por parte de fuentes residentes en Miguel Delibes 15.
Desde un inicio los vecinos han intentado evitar el asentamiento de estas personas en el edificio o al menos averiguar cómo habían logrado entrar. Tanto fue así que la policía se llevó detenido a uno de los vecinos por enfrentarse verbalmente a uno de los okupas.
La situación ha llevado a los afectados a tomar medidas por sus propias manos, de hecho, la Asociación de Vecinos de Cañaveral (AVECA), convocó una concentración en la puerta del edificio este domingo, cosa que han seguido haciendo todos los días sobre las 19 horas.
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Otra medida que decidieron adoptar, casi inmediatamente después de darse cuenta de la situación, fue contratar seguridad 24 horas con una empresa privada, ya que, antes solo había portero durante el día, motivo por el que puede que haya sido más fácil para los okupas acceder al recinto, según le han comentado fuentes residentes en el edificio a ECD. También la compañía de sistemas de alarmas Securitas Direct fue a ofrecer sus servicios a los residentes.
Esto va acompañado de que al entrar en el complejo residencial el agente de seguridad de la puerta debe pedir siempre el DNI para asegurarse de que quien entra es residente. También, está prohibido traer visitas, es decir, no puede dormir gente externa o que no sea inquilino en el edificio.
A pesar de que algunos okupas decidieron instalarse en los pisos de la primera planta, otros subieron hasta el ático, como se mencionó previamente. En el momento de tensión entre residentes legales e ilegales, el domingo, algunos vecinos apagaron el ascensor para dificultar el acceso de los okupas a las plantas más altas. Esto también supuso dificultad para los residentes legales que residen en estas plantas.
Contratos de Wallapop
En los enfrentamientos verbales entre vecinos y okupas, estos primeros piden constantemente que enseñen el contrato que supuestamente firmaron para estar allí. Todavía no han visto ningún contrato.
Vivir en uno de los pisos de Miguel Delibes 15, según pudo consultar este periódico en la página de inmobiliaria Idealista, supone un alquiler de entre 950 euros y 1.500 euros al mes. Los residentes ilegales aseguraron a los vecinos que ellos habían pagado por Wallapop 5.000 euros por asentarse allí y que habían sido estafados.
A pesar de asegurar que son víctimas de una estafa, la inmobiliaria Savills, encargada del edificio, le confesó a los residentes que en efecto estaban allí ilegalmente, según reporta La Razón.
Diez pisos desalojados
El lunes por la tarde llegaron al edificio los miembros de la empresa Servi-Okupas, contactados por la Asociación de Vecinos El Cañaveral, que rápidamente comenzaron a establecer un diálogo con los okupas y desalojar los apartamentos. El martes únicamente quedaban dos viviendas okupadas, según comunicó AVECA en la red social “X”.
Servi-Okupas es una empresa de desalojos que se encuentra en todas las Comunidades Autónomas de España y en los últimos años han conseguido llevar a cabo más de 3.850 casos de desocupación con éxito, según informan en su páginas web.
Cuentan con un personal experto en los ámbitos civil, mercantil y penal. Su gabinete jurídico cuenta con más de 30 años de experiencia, con despachos ubicados en Alicante, Vigo y Marbella. También aseguran el desalojo de los inquilinos ilegales en un período de tiempo de 24 a 72 horas, de esta forma se definen como una empresa de desalojos “express”.
¿Una mafia?
Los vecinos de Cañaveral han pedido que se investigue este caso de okupación ya que se preguntan si esto puede ser actuación de alguna clase de mafia. Según explica La Razón, los okupas estaban muy informados a la hora de entrar al edificio.
Al acceder al recinto es necesario disponer de una tarjeta magnética, sin embargo, ellos accedieron tecleando un número en un panel que ni los propios inquilinos sabían que existía. Además no entraron a viviendas que ya estuvieran ocupadas ni forzaron las puertas, entraron a los pisos vacíos cambiando la cerradura. Hubo el caso de que entraron en algunos pisos y al ver que ya tenía residentes, decidieron buscar otro.