Demolition man: Pedro Sánchez, destrozando la democracia

Seis años, seis, ha tardado el presidente del Gobierno en caer en la cuenta del supuesto problema de la manipulación de los medios informativos.

Seis años lleva en La Moncloa, y da la casualidad de que es ahora cuando ha concluido que se trata de una emergencia nacional.

Ahora precisamente, coincidiendo con las investigaciones periodísticas que han desvelado las actividades empresariales irregulares de su señora esposa, articuladas desde la mismísima Moncloa, y que han aireado los chanchullos de su señor hermano cobrando sueldos en la diputación de Badajoz mientras residía en Portugal.

Sin olvidar, por supuesto, la desazón que causan en el Ejecutivo las críticas al escandalazo de un supuesto tribunal, llamado Constitucional, dedicado a limpiar cualquier práctica del Gobierno, por torcida que sea. Que tiene que ver, por supuesto con la legalización de la amnistía, pero que incluye dar carpetazo al más grave caso de corrupción vivido en España en las últimas décadas: los EREs de Andalucía. Escandalazo, repito, porque sus sentencias dan cobertura legal a una trama criminal.

La excusa para anunciar la puesta en marcha de esa ofensiva contra los medios, camuflada bajo el título de ‘programa de regeneración’, es el reglamento aprobado en marzo por el Parlamento Europeo.

Ya en 2020 el Gobierno anunció la creación de una suerte de “comisión para la verdad” pretextando normativa europea sobre lucha contra la desinformación. A este Gobierno le cuesta entender que, en democracia, fortalecer el pluralismo es justo lo contrario de vigilarlo.

Haciéndome eco de un análisis publicado por FAES, el pluralismo se fortalece respetando la independencia de los medios de comunicación. La lucha contra la desinformación, los bulos y la injerencia de potencias extranjeras en procesos electorales internos no da bula para extender el control gubernamental más allá de ese objeto.

Pero Sánchez no combate la desinformación, sino la información que le disgusta. Por eso plantea esta ofensiva ahora, haciendo coro a la impostada campaña monclovita sobre la “máquina del fango”, cuando salen a la luz informaciones que, más allá de su concreción penal, abochornan cualquier conciencia democrática.

Sánchez invoca el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación como paraguas de medidas que ha anunciado pero no ha concretado. Se las puede ahorrar, porque ese Reglamento está ya vigente en todo el territorio de la Unión. Los reglamentos son directamente aplicables, sin necesidad de ser transpuesto al derecho nacional, y sus efectos jurídicos se imponen sobre las legislaciones nacionales de forma automática.

En su artículo 3, el Reglamento proclama el derecho de los ciudadanos europeos “a tener acceso a una pluralidad de contenido de medios de comunicación editorialmente independientes”. Se escribió pensando en las injerencias extranjeras, y en concreto en la política rusa de desinformación a través de la cooptación de medios. Muy lejos de la intención de Sánchez.

Se trata de un reglamento pensado para proteger a periodistas y editores, no para proteger a dirigentes políticos en apuros de la fiscalización de la prensa libre. En su artículo 21 previene: “Las medidas legislativas, normativas o administrativas tomadas por un Estado miembro que puedan afectar al pluralismo de los medios de comunicación o a la independencia editorial de los prestadores de servicios de medios de comunicación que operan en el mercado interior estarán debidamente justificadas y proporcionadas”. Pone así límites a la actuación gubernativa en defensa de la libertad de prensa.

Sánchez habló en el Congreso de reforzar el “derecho al honor” en el tratamiento de las noticias, cuando la realidad es que ya existen disposiciones constitucionales, legales y jurisprudenciales al respecto. Como si estuviera en España inerme y sin legitimación activa para accionar ante un tribunal cualquier víctima de una difamación publicada en prensa.

Responsabilidad, solvencia económica y moral, procedimiento rápido y severidad en las sanciones cuando se incurre en responsabilidad penal, son prendas para el buen empleo de la libertad de información. Todo eso están ya en los códigos y en la práctica cotidiana de los tribunales.

¿Acaso piensa -sigo con FAES- en una suerte de censura por la vía indirecta de la asfixia y la amenaza? En un país libre, el régimen de la prensa se orienta por dos principios simultáneos: máxima libertad, máxima responsabilidad. Pero las responsabilidades se exigen en la ley común y con garantía judicial. Sería intolerable cualquier intromisión del poder gubernativo dirigidas a sancionar infracciones cuya definición debe serle ajena.

Para defender los valores a los que apela Sánchez y satisfacer las necesidades que menciona, hay resortes jurídicos disponibles de sobra. Lo que ocurre es que, en realidad, lo que intenta es zafarse del clima de acusaciones que envuelve su propio entorno personal.

Está claro que Sánchez disiente de Thomas Jefferson, cuando afirmó que prefería vivir en un país que no tuviera gobierno y tuviese periódicos, antes que en un país que no tuviera periódicos y tuviese gobierno.

El sacristán de la zarzuela ‘La Marsellesa’, de Fernández Caballero, cantaba: “El pensamiento libre proclamo en alta voz/y muera quien no piense igual que pienso yo”.

¿Programa de regeneración democrática? En realidad, programa de demolición democrática, con un objetivo: perseguir a los medios que publican noticias que a él no le gustan. Es lo que se propone el presidente del Gobierno.

editor@elconfidencialdigital.es

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