Los jueces de la horca

"El juez de la horca" es el título de una conocida película, dirigida por John Huston en 1972, protagonizada por Paul Newman, Jacqueline Bisset, Tab Hunter, el propio John Huston, Anthony Perkins...

Se trata de un filme del oeste, centrado en la figura de un juez atrabiliario que se dedica a  dictar a troche y moche penas de muerte por ahorcamiento, y que se basa en una historia real: la del juez Isaac Charles Parker (1838-1896), que desempeñó su labor en el denominado "Territorio Indio" y que se hizo famoso precisamente por el alto número de casos sentenciados con la horca.

Me venía al recuerdo esa película a propósito de algunos comportamientos judiciales en nuestro país. Por supuesto, sin nada que ver con la horca, pero sí con decisiones incomprensibles. Que las hay, y muchas.

La última, el anuncio del juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, que ha decidido no aplicar la nueva ley, aprobada por el Congreso de los Diputados, que pone fin en la práctica al llamado principio de "justicia universal".

El magistrado instruye el caso del cámara español José Couso, muerto en Irak por disparos de militares norteamericanos, y se ha negado a archivar la causa. Y, por lo visto, algún otro colega de la Audiencia Nacional camina en la misma dirección.

A ver si lo entiendo bien. ¿A partir de ahora los jueces van a decidir qué leyes aplican y cuáles no?

Por cierto que, a propósito del principio de "justicia universal", he de decir que no estoy de acuerdo con que se suprima la posibilidad de que jueces españoles persigan delitos cometidos contra ciudadanos de este país en cualquier lugar del mundo. Otra cosa es que se personen en asuntos como las represiones en el Tíbet, por poner un ejemplo concreto, y que a continuación imputen al presidente de China. Creo que ahí no se les ha perdido mucho.

En todo caso, sí opino que el trabajo de los jueces es "aplicar" las leyes, las que estén vigentes, las que haya aprobado el Parlamento, que es la instancia que tiene la potestad legislativa. Y no está en su mano decidir si esas leyes les gustan o no, pero menos aún dejar de aplicarlas.

Además de una posible injerencia en el papel de las cámaras legislativas, comportamientos de ese estilo introducen un elemento de grave inseguridad jurídica, de inimaginables consecuencias.

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