José Apezarena

Por qué ningún partido quiere arreglar la Justicia

Magistrados, jueces, fiscales, abogados y procuradores se concentran a las puertas de la Audiencia de Valladolid para denunciar injerencias políticas en el ámbito judicial.

La Justicia se encuentra en España en situación caquéctica. No descubro nada nuevo.

No hablo de la impresentable invasión de la política en el mundo judicial, del sonrojante pacto que condujo a los nombramientos para el Tribunal Constitucional, del espectáculo de una cúpula judicial en funciones durante cinco años, y del agónico proceso que ha llevado a la constitución del Consejo del Poder Judicial y el nombramiento de su presidenta.

No me refiero el ‘reparto de amiguetes’ que practican con los nombramientos los dos principales partidos, que continúa y al que parece que nunca renunciarán.

Me refiero ahora a que los tribunales, a todos los niveles, por arriba y por abajo, padecen una situación de colapso que provoca retrasos inadmisibles. De forma que convierten la Justicia (el sistema judicial) en injusticia. Se atribuye a Séneca la frase “Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”.

Un reciente fallo del Tribunal Constitucional insiste en la necesidad de un sistema judicial eficiente, que gestione su carga de trabajo sin retrasos, porque los ciudadanos merecen la resolución de sus litigios en tiempos razonables. Si no es así, “se incurrirá -afirma- en una vulneración de derechos”.

La realidad es que el sistema judicial se muestra incapaz de emitir decisiones rápidas y de cumplir los calendarios marcados por ella misma, por la propia Justicia. Se sitúa a la cola de Europa en retrasos: de media, hasta 32 meses de espera, que pueden llegar a 60 meses (cinco años).

En Bélgica, el plazo medio para obtener una resolución ronda los dos meses; en Francia, entre tres y cuatro meses.

Aquí, en demandas laborales, con trabajadores que se quedan sin trabajo y sueldo, los señalamientos se fijan en un plazo de año y medio. En la jurisdicción civil es normal esperar más de ocho meses para tener sentencia. Y en los casos de accidentes laborales, el retraso en la resolución se demora, según datos de la propia Fiscalía, una media de seis años.

Se tardan años en resolver causas con niños implicados, sin importar el bienestar del menor. Un juzgado de  Toledo, en una causa de guarda y custodia, tardó cuatro años y medio en dictar resolución. La madre pedía la custodia pero, cuando llegó la sentencia, el juez falló que, al haber pasado tanto tiempo entre la demanda y la resolución, la niña se había acostumbrado ya a vivir con su padre y estimó que sacarla de ese entorno sería contraproducente.

 

En uno de sus informes, el Defensor del Pueblo, destacó que las quejas por dilaciones judiciales injustificadas “no paran de aumentar”. Citó un proceso en un juzgado de la sierra de Madrid que lleva más de 24 años.

Se trata de un colapso convertido en endémico. ¿Su origen? Los actores judiciales coinciden: sobrecarga de trabajo, falta de medios humanos y materiales, y pocos juzgados para dar salida al volumen de trabajo.

Un informe de la Comisión Europea reseña que España es uno de los países de la UE con menos jueces.

En cambio, en el apartado de inversiones en Justicia, no figura entre los últimos. Hay que deducir que los recursos se gestionan mal.

¿Tiene remedio el problema de la Justicia injusta?

El Estado ha sido capaz de montar una precisa maquinaria de recaudación, la Agencia Tributaria, a la que ha dotado de todos los medios técnicos y de personal. Si ello es así, ¿no sería de reclamar que hiciera algo semejante con los tribunales, en los distintos ámbitos? ¿Que resolviera, de una vez por todas, el problema de la Justicia en España?

Con la Agencia Tributaria han demostrado que, si quiere, se puede. Pero no lo han hecho con la Justicia.

Ninguno de los partidos que han ocupado el poder en el país ha afrontado de forma contundente el desafío de esa Justicia injusta. No han querido. Es la realidad.

Y ¿por qué no han querido arreglarlo definitivamente? ¿Tal vez porque las carencias obligan al estamento judicial a suplicar al Estado (al Gobierno de turno) la dotación de plazas y de medios técnicos? ¿Y porque, de esta forma, lo tiene sometido a un oculto control que se desea perpetuar?

A la vista de los hechos, la respuesta parece evidente.

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