Ciudadanos, ¿qué ciudadanos?

La asignatura Educación para la ciudadanía está generando polémica y despertando todo tipo de suspicacias. El Gobierno de Rodríguez Zapatero se ha empecinado en adoctrinar a nuestros hijos y las bromas del resurgimiento de la Formación del Espíritu Nacional de épocas pasadas, no se han hecho esperar.

Las declaraciones de la Vicepresidenta, Fernández de la Vega, y de la Ministra de Educación, Mercedes Cabrera, tampoco contribuyen a serenar los ánimos ni a clarificar conceptos.

Todo huele demasiado a un trágala, a imposición propia de estados totalitarios y de Gobiernos dictatoriales que no quieren perder la oportunidad de formar a niños y jóvenes en una doctrina muy parecida a la de Partido Único.

Se está partiendo de una base falsa e inapropiada. No se trata de discutir una asignatura, sus contenidos o su obligatoriedad, se trata de saber qué tipo de ciudadanos queremos hacer de nuestros hijos, se trata de decidir qué clase de sociedad vamos a tener en la España de dentro de dos o tres generaciones, se trata –en definitiva- de apostar por unas u otras formas de vida en común. Ese es el gran dilema que se está ventilando y por el que habría que batirse el cobre en uno u otro sentido.

El Gobierno tergiversa los términos del problema cuando lo sitúa en los parámetros religiosos o de la moral de la Iglesia Católica. Confunde, o intenta confundir, cuando lo plantea en los pormenores de la educación sexual. Yerra cuando propone alternativas laicas a una sociedad confesional.

De igual manera pueden estarse equivocando quienes plantean su oposición a la asignatura en términos de lucha por valores cristianos o por planteamientos morales.

Lo que nos estamos jugando es el derecho de los padres a decidir los valores en los que van a ser formados sus hijos, la libertad del individuo frente al Estado -en este caso un Estado con ribetes totalitarios- y un modelo de convivencia que deje más o menos libertad al individuo frente a los poderes públicos.

Cuando la Vicepresidenta del Gobierno, niega a los ciudadanos el derecho a objetar porque es una Ley, los motivos para preocuparse se multiplican: ¿acaso no era una Ley la obligatoriedad del Servicio Militar?, ¿no es una Ley la del aborto? ¿no existe el derecho a objetar frente a una política fiscal injusta?

Cuando la Ministra de Educación afirma sin dudarlo que los padres deben cooperar en la educación de sus hijos, todo hace pensar que el modelo totalitario de los hijos son del Estado no anda demasiado lejos.

Por otra parte debería dar que pensar el desmesurado interés del Gobierno porque una maría no sea una maría. La sensación de asignatura para el lavado de cerebro y la comedura de coco está demasiado presente como para dejarlo todo en una pataleta de los colegios de curas y monjas o de la Conferencia Episcopal.