Francia reforma su política familiar

            Este martes la Asamblea Nacional francesa debe aprobar el presupuesto de la seguridad social para el próximo año. El gobierno, en parte como consecuencia del “pacto de responsabilidad” de Hollande con la patronal, en parte por exigencias de Bruselas, se propone una importante reducción de las prestaciones.

            En ese contexto, se ha aceptado en comisión una enmienda de una diputada socialista, apoyada por el ejecutivo, que puede tener serias consecuencias en la natalidad del país vecino. Introduce un cambio radical del criterio aplicado desde la postguerra: la universalidad de las asignaciones por hijo, con independencia del nivel de renta familiar. En adelante, esas prestaciones estarán “moduladas” por los ingresos de los padres.

            Hasta ahora, cualquier pareja con dos hijos recibía 129€ mensuales. Se reducirán a 65€ para los que ganen más de 6.000€ mensuales: 768€ menos al año. A partir de 8.000€ de ingresos, bajará a 33€, es decir, 1.152 menos al año. Helen Bekmezian, en su crónica de Le Monde, ejemplifica el caso de familias con cuatro hijos, que recibirán 460€ mensuales si ganan menos de 7.000, y 115 a partir de 9,000: una diferencia de  4.140€ al año.

            Como suele suceder con gobiernos que ponen énfasis en el diálogo, acaban acudiendo a triquiñuelas parlamentarias para salirse con la suya ante la oposición a sus proyectos, aun de los propios, y no solo de los extraños, como en este caso. De hecho, la medida había sido anunciada, pero no incluida, en el proyecto de ley enviado a la Cámara. Se ha recuperado a través de la fórmula de la enmienda al texto. Como relata Helen Bekmezian, la votación pasó casi inadvertida, entre una docena de enmiendas, el viernes 24 por la noche. La reforma salió adelante por 18 votos contra 11.

            Jean-Claude Barreau, antiguo presidente del Instituto nacional de estudios demográficos de 1989 à 1999, publicó un artículo en Le Monde, 23-X-2014, con el propósito de preservar la fuerte tasa de natalidad francesa en el contexto del invierno demográfico europeo. Recuerda cómo Alfred Sauvy, el gran demógrafo galo, insistía en que la política de natalidad –no hablaba de política familiar- no era política social: la redistribución entre ricos y pobres se consigue a través de los impuestos. El cociente familiar, la universalidad de las prestaciones, aseguran que una pareja que ofrece hijos al país no está en desventaja con respecto a un hogar de renta semejante sin hijos. Por eso, daba tanta importancia al esfuerzo estatal en favor del “segundo hijo”, con independencia de la situación económica de cada familia.

            En su editorial del 22 de octubre, el diario de París evocaba la evolución socialista a favor de la familia, desde el gobierno de Lionel Jospin 1997. Cuando era candidato a la presidencia, François Hollande defendió el principio de universalidad, también como "una forma de ampliar el reconocimiento nacional a la diversidad de formas  familiares". Pero hoy parece dispuesto a plegarse a las exigencias de diputados socialistas al borde de la ruptura. El vespertino reprocha al gobierno que, si bien puede justificarse una modulación de las asignaciones familiares en función de la renta, esa medida sólo se entiende hoy dentro de un enfoque global, que explique suficientemente su objetivo. Y recuerda que, después de la disminución del límite fiscal del cociente familiar, las medidas afectarán negativamente a familias de clase media que han sufrido ya aumentos de impuestos. Algunas, en la escala superior, podrían perder en tres años, entre medio mes y un mes de rentas. La conclusión del editorialista es dura: “una vez más, Hollande cae en el pecado original de su quinquenato: la falta de visión de conjunto. En este punto, Martine Aubry tiene razón: hay que saber dar sentido a las reformas”.

            Esas críticas se han agudizado en el debate parlamentario, también desde la izquierda: Así, el diputado verde de Hérault, Jean-Louis Roumégas: “Podríamos haberlo evitado si no se hubiéramos firmado el pacto de responsabilidad”, en alusión a la supuesta connivencia del presidente François Hollande con las reivindicaciones de la patronal, en intento desesperado de fomentar reformas sociales que pudieran contribuir a la creación de empleo, que a corto plazo sirven sólo para estabilizar cuentas de resultados. Otros diputados socialistas no votarán la enmienda en el pleno, argumentando que los 800 millones de ahorro anual podrán salir de otras partidas, sobre todo de ayudas a las empresas.

            Desde la derecha de UMP, se critica la improvisación: no se ha estudiado el impacto de la medida, no se ha contado con el dictamen previo del Consejo de Estado, y todo se ha elaborado en la comisión parlamentaria, con poca seriedad: se ha recuperado en forma de enmienda algo excluido inicialmente a la vista de la oposición inicial. 

            Lo cierto es que, hasta ahora, Francia dedica a la familia del 4% al 6% del PIB, frente al 2,2% de media en otros países de la OCDE. La reforma afectará al 12% de familias –aun de clase media, pero con dobles ingresos‑, a la conciliación entre trabajo y familia y, en general, al peso de la crisis esa franja de la sociedad.

            No era la primera vez que se planteaba reformar la universalidad de esos subsidios familiares. La duda es si se pretende sólo reducir el gasto público, aunque apenas sea relevante en el contexto francés, o si se esconde un deseo de cambiar políticas que habían gozado hasta ahora de consenso a pesar de la alternancia. O, incluso, si se trata de hacer concesiones desde el poder a una izquierda cada vez más levantisca (“frondista”, en el argot local) contra la supuesta renuncia del Elíseo a criterios sociales.