La cohabitación amenaza la democracia en Venezuela
Da origen a tensiones, que se resuelven de ordinario a base de diálogo y cesiones mutuas.
No parece ser el caso de Venezuela. El presidente chavista Nicolás Maduro admitió a regañadientes los resultados de las últimas elecciones, pero puso en marcha inmediatamente mecanismos antidemocráticos para perpetuar su poder, con la colaboración de un Tribunal Supremo nombrado desde el más puro partidismo.
En esa línea discurre el intento de anular algunas actas de diputados, para evitar la mayoría de dos tercios, que permitiría a la oposición derogar las más ominosas normas de la autocracia chavista. A la vez, se ha creado una Cámara representativa paralela –“parlamento comunal”- sin fundamento en la Constitución, y se torpedea por completo la independencia del Banco Central, indispensable para seguir manipulando la información económica nacional, talón de Aquiles del régimen bolivariano.
Entro en el tema, porque me parece esencial para la evolución política pacífica de América del sur. Menos me interesa la repercusión aquí, por el chavismo de Podemos y su conexión con obsoletas democracias populares. Es lógico que no haya firmado el manifiesto sobre Venezuela de los partidos mayoritarios españoles. Menos se explica el apoyo de los ciudadanos, quizá más en términos de condena de lo existente que de esperanzas efectivas de futuro. Poca regeneración política llegará desde tanto cinismo, con perdón de Maquiavelo.
Caracas no quiere reconocer los datos de la hiperinflación que sufre el país, agravada hoy por la caída de los precios del petróleo, que tanto afectan a los países demasiado dependientes de sus exportaciones de crudo, como es el caso de Venezuela. Actualmente, representan más del 96% del total de las exportaciones, frente al 74% en 1998, y no deja de crecer la deuda pública: refleja la tantas veces mencionada “maldición del petróleo”, de la que sólo parecen librarse algunos países africanos, como Nigeria y Angola.
Un decreto ley, firmado cinco días antes de la inauguración de la nueva legislatura, confiere al presidente de la República el derecho de nombrar al consejo y al presidente del Banco Central, al margen del parlamento. Como es natural, la mesa de la unidad democrática, que reúne a todos los representantes de la oposición, afirmó inmediatamente que derogará esa norma y defenderá la autonomía de la institución monetaria venezolana.
La conocida ONG Transparencia Internacional intenta que se publiquen los datos de crecimiento, inflación, etc. Maduro sigue considerándose víctima de una guerra económica de la oposición. Lo cierto es que nadie sabe hoy a ciencia cierta el volumen del PIB: había caído un 4% en 2014, y podría alcanzar hasta un -10% en 2015. Pero el Banco central dejó de publicar sus informes, incluida la llamada tasa de escasez, sobre los problemas de distribución de productos básicos que conducen a largas colas en las tiendas. Según una filtración informativa del propio banco, la inflación habría llegado al 270,7% al final de año, toda una marca mundial.
En ese contexto, Maduro se verá obligado a aceptar muchas de las propuestas de la oposición, para sacar al país de una crisis letal: ajuste de los precios de gasolina, agua, electricidad y vivienda; revisión de la deuda; problemática reducción del excesivo gasto militar. Porque, en la actual situación, mucho depende de las decisiones del ejército, conocidas por sus propios comunicados oficiales, más bien ambiguos. Probablemente, no reflejan las divisiones entre diversas facciones, algunas beneficiarias de un porcentaje amplio de la corrupción del régimen. En grado diverso, y sin perjuicio de aparentar fidelidad a la revolución, así como a la soberanía popular manifestada en las elecciones, están negociando su futuro.
Desde el poder se presenta a la oposición como una “oligarquía imperialista”. Pero basta pensar en que el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, es un abogado con experiencia política, vicepresidente de la Internacional Socialista. No será fácil la gran tarea de reconstruir el Estado de derecho y la división de poderes, con las dificultades añadidas de la crisis mundial del petróleo y la enorme corrupción local. Por eso, Venezuela merece el apoyo de la comunidad internacional.
