Cumplir las reglas democráticas en Europa y en occidente

No es la primera vez que me refiero a una exigencia clara de la ética pública en la sociedad occidental: el respeto a las normas y procedimientos establecidos es un pilar fundamental de cualquier sistema democrático. Sin un compromiso efectivo con las reglas de juego, las instituciones se debilitan, la confianza ciudadana se erosiona y se abre un camino decadente, que puede justificar la arbitrariedad – en nombre de una discrecionalidad no reglada- y acaba en un autoritarismo que sofoque las libertades ciudadanas.

Tal vez las múltiples imposiciones –incluso legales- de lo que comenzó como políticamente correcto, explicarían la tendencia al abandono de la vida pública por parte de personas señeras. De ahí la crisis de liderazgo que se observa en tantos lugares, sin excluir países con eximia tradición democrática ni tampoco muy antiguas confesiones religiosas.

No parece fácil que la solución vaya a venir de las propias instancias políticas, tan aparentemente profesionalizadas. Tampoco, en países con una débil sociedad civil. Pero importa mucho, a mi entender, aprovechar cualquier ocasión para enviar mensajes positivos y de aliento a quienes ofrecen propuestas de auténtica regeneración.

En Europa tenemos ahora la posibilidad de apuntalar el deterioro o consolidar la esperanza, con motivo de las elecciones del próximo junio. La competencia de la Eurocámara no es equivalente a la de las asambleas legislativas de los Estados. Pero tiene cada vez más importancia, especialmente, en la configuración de la opinión pública del viejo continente. Vale la pena sopesar programas y promesas en un momento crítico en que avanzan los valedores de las soberanías nacionales, autojustificados por injerencias excesivas que violan el principio de subsidiariedad. Poco tiene que ver con políticas domésticas, pero me parece decisivo. El parlamento europeo no puede ir más allá de la carta constitucional de la Unión.

Al otro lado del Atlántico, las elecciones de noviembre en Estados Unidos tendrán mucha repercusión en el mundo. La imagen que se forma a partir de la lectura de la prensa americana es de máxima polarización, que afecta a la legitimidad de la propia consulta electoral. Simplifico: los republicanos no habrían aceptado los resultados de noviembre de 2020; los demócratas vienen descalificando al Tribunal Supremo, elegido en aplicación de reglas antiguas que han permitido la alternancia de los jueces (critican nominatim la actual).

En este punto, resulta bastante ejemplar la aceptación –resignada, ciertamente- de la actual composición del Tribunal Constitucional español, que está aprobando mayoritariamente algunas sentencias que se apartan de las precedentes. En el fondo, reflejan las ambigüedades de la letra de la Carta Magna, que afloran cuando se pierde el espíritu de consenso que la fundamenta, ante el replanteamiento de antiguas querellas que la Transición resolvió ejemplarmente. En realidad, comenzó a quebrarse con la reforma del poder judicial bajo mayoría absoluta del gobierno presidido por Felipe González.

Aun sin llegar al filibusterismo típico de Estados Unidos –conocida táctica obstruccionista del proceso parlamentario-, no faltan anomalías de fondo, aunque formalmente estén dentro de la letra de los reglamentos: por ejemplo, en España, el uso de la proposición de un grupo en vez de formalizar un proyecto de ley gubernamental, que exige el previo dictamen –aunque no sea vinculante- de los organismos consultivos competentes.

Éticamente, si no jurídicamente, se olvida que un buen estilo democrático implicar reconocer que la soberanía no es absoluta: está compartida. Al final, los ciudadanos acaban siendo víctimas de leyes deficientes, que pueden provocar efectos contrarios a los deseables. Así, por ejemplo, en materia de vivienda, un problema común en casi todos los países de nuestro entorno.

Rasgos esenciales del espíritu democrático se ven amenazados hoy: vale la pena seguir defendiéndolo, frente a polarizaciones y totalitarismos emergentes: el sufragio libre para elegir o sustituir a los gobernantes; la división de poderes y la independencia judicial, contrapesos del ejercicio del poder; la igualdad ante la ley y el estado de derecho; la limitación de competencias que debilitan la responsabilidad del ciudadano y de la sociedad civil.