Descodificando la TV

“¿Quieren ustedes ver Canal Plus en abierto?” Ésta es la pregunta que tan solo hace unos días lanzaba la vicepresidenta del Gobierno, poco después de que se aprobara en el Consejo de Ministros el proyecto de Impulso de la Televisión Digital Terrestre –ése que se quiere convertir en ley con tanta prisa-.

Vamos a intentar dar una respuesta clara a esta pregunta “trampa”, cuyo planteamiento encierra más complejidades de las que aparenta. Para ello, retrocedamos al momento en que se abre el camino a la competencia en el mercado televisivo español.

En 1988 se aprueba la ley de 3 de mayo de Regulación de la Televisión Privada. Además de las dos cadenas públicas nacionales y el tercer canal autonómico, esta ley permite la existencia de tres cadenas de gestión privada de ámbito nacional. En su artículo 8, recoge que la concesión de las licencias se hará por concurso público y por un período renovable de diez años.

En 1989, salen a concurso las tres licencias. El Consejo de Ministros celebrado el 25 de agosto de este mismo año otorga a Antena 3 y Tele 5 dos licencias en abierto y a Canal Plus una de pago. Una de las condiciones esenciales que recoge ésta última es un límite de tiempo a la emisión sin codificar, fijado en seis horas diarias.

Si lo que Prisa pretendía era tener a lago plazo una televisión en abierto, debería haberse presentado al concurso para conseguir una licencia con esta característica. No obstante, en 1989, la realidad era bien distinta.

En aquel momento, no existían las plataformas digitales de televisión por satélite. Una televisión de pago suponía una oferta diferenciada que no entraría en la lucha salvaje por el reparto de la tarta publicitaria y cuya principal fuente de ingresos sería la cuota de los abonados –una tarea tampoco nada fácil, ya que había que conseguir que los telespectadores pagaran por un servicio que hasta el momento habían recibido de forma gratuita-. Sin embargo, una vez que ha logrado tener el monopolio en este mercado con Digital Plus, ya no le es rentable mantener un canal analógico de pago. Todo es negocio.

Las licencias de TV fueron renovadas en el año 2000. En el acuerdo de renovación, se especifica que “las fuentes de financiación de las concesionarias serán las recogidas en sus correspondientes ofertas iniciales que integran el contrato que les vincula con el Estado”. Teniendo en cuenta que, en aquel año, Sogecable todavía no tenía el monopolio de la televisión digital por satélite y que no había un supuesto Gobierno amigo –a pesar de que fue éste quien autorizó, finalmente, el monopolio-, no era el momento oportuno para solicitar un cambio en la licencia de televisión que se le había concedido diez años antes.

En la actualidad, el panorama político y mediático ha cambiado. Ahora sí interesa emitir en abierto para entrar a combatir por los ingresos publicitarios y el Gobierno se ha mostrado dispuesto a  ello, incluso antes de que el interesado lo solicitara.

Una condición definitoria de la licencia concedida a Canal Plus era su naturaleza “de pago”. Por tanto, si el concesionario ahora quiere una televisión en abierto, debería poner la que tiene a disposición del Gobierno, para que éste saque a concurso público una nueva licencia que ocupe ese espacio radioeléctrico. De esta forma, podría concurrir a esta convocatoria, en una supuesta igualdad de condiciones, toda empresa interesada en participar en el mercado televisivo español.

¿Cuál debería ser el criterio para decidir a quién otorgarle la nueva licencia? Según el artículo 9 de la ley de Televisión Privada, la concesión deberá hacerse “en función del pluralismo de ideas y corrientes de opinión, de la viabilidad técnica y económica del proyecto, y de la programación previsible”. Esta solución sería la más justa y disiparía toda duda de favoritismo por parte del Gobierno. Además, fomentaría realmente el pluralismo y la calidad de la programación, ya que son dos aspectos que se evalúan en el concurso de concesión.

En cualquier caso, no creo que sea éste el camino más adecuado para impulsar la TDT. No es posible impulsar la digitalización concediendo licencias analógicas. Habría que centrar la atención en aquellas medidas que facilitan a los ciudadanos el acceso a los descodificadores digitales para que aumente su índice de penetración.

El Ejecutivo no debería olvidar que hay dos canales digitales terrestres obligados a emitir -Veo TV y Net TV- a los que se le concedió una licencia en 2000 y que, de momento, sólo llegan a casi el 3% de los domicilios españoles –mantener una programación que es recibida por una ínfima parte de la población es, evidentemente, muy caro-. Por tanto, es comprensible que sus propietarios consideran que sería injusto un trato favorable a Canal Plus. Todos defienden sus intereses comerciales, todos. ¿Tendrá el Gobierno alguna sorpresa preparada para contentar y acallar a estos dos operadores o a alguno de ellos?

A la pregunta de la señora vicepresidenta del Gobierno, “¿Quieren ustedes que Canal Plus emita en abierto?”, yo añadiría las siguientes: ¿Quieren ustedes que su programación sea la misma o similar a la actual y no una diferente parecida a la de Antena 3 o Tele 5? ¿Quieren ver desde ya, sin tener que comprar el descodificador digital, nuevos canales en abierto como Veo TV o Net TV?  ¿Quieren ver todos los partidos de fútbol sin pagar? ¿Les gustaría ir al cine de forma gratuita? ¿Les vendría bien pagar menos impuestos?

Intuyo que todos ustedes han respondido SÍ. Una vez más, los deseos no siempre se corresponden con la realidad. ¡Qué le vamos a hacer!