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En esencia, podríamos decir que participan del espíritu del FROB, en este caso Fondo de Reestructuración Ordenada de la Burricie. Algunas quedaron en eso, en meras propuestas de las que la opinión pública se cachondeó durante dos o tres días, y punto. ¿Recuerdan cuando a alguien se le ocurrió que podía atajarse el fracaso escolar dando una asignación en metálico al alumno que acudiera a clase?

Otras, menos impúdicas pero igual de discutibles, pueden llegar a sustanciarse. Según leo en la prensa, la Ley de Educación de Extremadura, en fase de tramitación parlamentaria, vinculará las notas de los alumnos con las retribuciones de los docentes. Vaya por delante que soy profesor de instituto, así que en cuanto diga a partir de aquí podré equivocarme, pero no hablo desde la ignorancia. Sentado esto, creo que a ese estímulo económico personal y condicionado se le pueden oponer reparos no pequeños, tanto en su planteamiento teórico como en la aplicación práctica.

Teóricamente, porque la medida parte de una falacia de base. Extraigo el siguiente texto del diario extremeño Hoy, que no sé si reproduce las propias palabras del proyecto de ley: «Subir el sueldo progresivamente conforme [los profesores] avancen en dedicación y buenos resultados de sus alumnos». En principio, podría considerarse un beneficioso plus de productividad. El problema es que, a diferencia de lo que sucede en otros trabajos, como sabrá bien quien se ocupa en este, no tiene por qué haber relación directa entre «dedicación» y «buenos resultados», los dos conceptos que figuran unidos arriba.

Más aún, no es infrecuente que ocurra justo lo contrario: hay docentes que, cuando tienen un grupo académicamente nefasto, realizan esfuerzos enormes para intentar sacar de ellos algo en limpio. ¿Es justo valorar su dedicación atendiendo solo a los boletines de notas, si estos siguen presentando un ochenta por ciento de suspensos porque los afanes del profesor caen en terreno baldío?

Y derivamos así hacia los reparos de orden práctico. Según lo que he podido leer, no queda claro si los rendimientos académicos se medirán en términos absolutos (índice de aprobados, o de sobresalientes, o de qué), o bien relativos (progresión de un alumno a lo largo de las evaluaciones del curso). Lo segundo sería más apropiado, pero políticamente renta poco mostrar que un chaval ha pasado del dos al tres en la nota, por mucho que haya costado conseguirlo. Tampoco se concreta, por ejemplo, si los beneficios económicos se limitarán al profesor encargado de calificar, el del grupo de referencia, o si también los de compensatoria y refuerzo educativo recibirán su parte alícuota.

Por otro lado, ¿alguien controlará que la distribución de los alumnos por grupos sea académicamente homogénea en lo posible, para que todos los profesores tengan condiciones similares de partida, o ya desde el principio de curso el interino que llegue, al que aún no conoce nadie, se encontrará con que, curiosamente, su clase es la peor? ¿Qué me impedirá a mí, como profesor acaso de conciencia laxa, transformar un cuatro en un cinco, o mejor, para comprarme unos pantalones de marca ese mes, diez cuatros en diez cincos? ¿La inspección educativa fiscalizará la corrección de cada uno de los exámenes sospechosos de ir con nota hinchada? Por cierto, ¿debo sentirme agraviado, como castellano y leonés, porque en mi comunidad, la mejor de España en comprensión lectora, según el informe PISA, no se me retribuya en proporción?

Las preguntas pueden multiplicarse, así que en definitiva: ¿son conscientes los políticos extremeños del berenjenal en el que se están metiendo?