Reconocimiento a las víctimas del terrorismo

La nueva Ley de Víctimas del Terrorismo que prepara el Gobierno con el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios –excepto ERC- y que reemplazará a la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo -un hito histórico en el reconocimiento oficial de las víctimas después de una larga y dura travesía de soledades y desamparo- supone un trascendental avance en la protección y garantía del respeto a la dignidad de las víctimas y de toda la sociedad española.

La realidad social que genera la existencia del terrorismo, que altera sustancialmente la vida de miles de ciudadanos, quedará contemplada por la nueva Ley que –si se cumple- impedirá por ejemplo la lacerante situación de que se dediquen calles a los terroristas, o que los asesinos etarras puedan ser vecinos de víctimas o de sus familias, o que los criminales salgan de la cárcel e inicien una vida “normal” sin pagar las indemnizaciones a las que son condenados.

Este es un paso fundamental y necesario tanto para el reconocimiento oficial de las personas que padecen estas difíciles situaciones vitales como para luchar contra la vertiente sociológica del terrorismo. Sin embargo, es importante que la nueva Ley refleje de una manera clara, que no induzca a confusiones ni a susceptibilidades, los diferentes tipos de damnificados que genera el terrorismo.

Para empezar, la sociedad española en su conjunto es víctima, ya que potencialmente, cualquier español, simplemente por pasear por la calle, por subirse en un tren o por acudir a un gran almacén, puede sufrir un atentado, como trágicamente ha ocurrido ya cuando los terroristas en su perversa estrategia han considerado que les convenía matar indiscriminadamente. Pero, no cabe duda de que hay personas que por su actividad profesional, especialmente los políticos no nacionalistas del País Vasco y las Fuerzas de Seguridad del Estado, sufren un riesgo mucho más alto de padecer ataques terroristas y que vivir sometido a esa presión es una forma de tortura continuada y constante.

También la situación de los exiliados -aproximadamente 150.000 personas han salido del País Vasco como consecuencia directa de la acción intimidatoria del terrorismo- ha de ser reconocida y respaldada. La figura de los extorsionados es más complicada ya que en ciertos casos –desgraciadamente no escasos- los que pagan a Eta son simpatizantes y en otros –aunque resulte duro decirlo- cobardes que no pueden ser puestos en el mismo plano que los que se juegan la vida a diario por defender sus principios. Hoy en día son muy pocos los que además de no plegarse al chantaje, lo denuncian públicamente. En este punto habría que analizar la responsabilidad del Estado y del Gobierno Vasco a la hora de garantizar la seguridad de los extorsionados que se atreven a no pagar.

Lo más eficaz y clarificador a la hora de elaborar la nueva Ley de Víctimas sería que se reconociesen estas figuras específicas, que existen a millares desde hace decenas de años, el amenazado, el exiliado y el extorsionado o chantajeado y que se definiese perfectamente sus perfiles, al margen de la consideración actual que reciben las víctimas del terrorismo. El motivo fundamental de esta distinción es que el estatus de los asesinados es, desgraciadamente, irreversible. Las otras figuras, que tanto han sufrido, siguen sufriendo y seguirán sufriendo mientras Eta exista, tienen al menos esperanza. Esperanza y certeza, porque el día que derrotemos definitivamente y para siempre al terrorismo, ese día que todos ansiamos, los amenazados dejarán de estar amenazados, los exiliados podrán volver sin miedo a sus lugares de origen, los extorsionados que no se doblegan ya no estarán en peligro y los que sucumben al miedo no se verán obligados a sobrellevar tan pesada carga en sus bolsillos y en sus conciencias. Sin embargo, los asesinados nunca volverán. En su caso el daño es absoluto. Esa es la gran diferencia, para ellos ya no queda esperanza.

Potenciemos y reconozcamos en su inmensa dimensión el valor de los amenazados que trabajan cada día por la libertad de todos y por la defensa de nuestro país; hagamos justicia con los exiliados, permitámosles que puedan votar en la tierra de la que tuvieron que huir; demos apoyo a los extorsionados para que se sientan protegidos, fuertes y seguros para resistir ante el chantaje, pero sigamos manteniendo el reconocimiento específico hacia los que han perdido la vida, sin difuminar su sacrificio. Cada condición debe ser definida, amparada y tratada con singularidad para así dar la mejor atención al amplio rango de afectados que ha producido esa lacra terrible que nos oprime desde hace demasiado tiempo.