60 años de derecho internacional y deserta Irak

El Derecho Internacional, nacido hace sesenta años gracias al Tribunal de Nüremberg, deserta del Irak ocupado por Estados Unidos, donde ya parece imposible discernir entre los "buenos" y los "malos". ¿Qué calificativo cabría aplicar a un estado que, cometiendo una burda violación de la legislación internacional, ha ocupado un país soberano, practica allí la tortura y establece un gobierno títere que recurre a la tortura también? ¿Qué epíteto le damos a un estado que usa en el territorio ocupado armas químicas, proscritas ya por la Convención de 1980? Recordemos que el tercer anexo a ese tratado hace referencia explícita al fósforo blanco, un agente monstruoso capaz de quemar la carne humana y reducir a una persona a un montón de huesos y ropa. Si no se tratase de EE.UU., el auroproclamado "baluarte de la democracia mundial", las respuestas a estos interrogantes serían muy obvias: es un estado paria que representa un peligro evidente para toda la humanidad civilizada. En el caso que nos ocupa, sin embargo, algunos aducen que la Casa Blanca libra una batalla descomunal, en condiciones descomunales y contra un adversario descomunal; pero entonces deberíamos reconocer que el Derecho Internacional lleva un retraso catastrófico respecto a la vida real, y que no es capaz de elaborar las reglas de juego en un contexto histórico conceptualmente nuevo. Ahora mismo, lo único cierto es que la situación de EE.UU. es cada vez más complicada debido a sus intentos de evadirse de sus responsabilidades. "Las municiones del fósforo blanco son armas estándar en el arsenal de la artillería de campo –ha declarado un representante del Pentágono, el teniente coronel Barry Venable–. Fueron usadas por las tropas para iluminar las posiciones del enemigo, no contra los civiles". Pues bien, los datos que obran en poder de la comunidad internacional son diferentes, como diferente es su opinión al respecto. Las armas "estándar" norteamericanas, como ya dijimos, fueron vetadas por el Derecho Internacional en el siglo pasado, y entre las víctimas de su ataque había mujeres y niños, a juzgar por las declaraciones de testigos y de la cadena de televisión italiana RAI. ¿Cuántas víctimas? Nadie lo sabe. Resulta imposible conocer la verdad, dadas las condiciones propias de un régimen de ocupación. El jefe de la Casa Blanca afirma que EE.UU. jamás practica la tortura, mientras que el almirante Stansfield Turner, ex director de la CIA, admite en una entrevista concedida a la cadena británica ITV que la Administración de George W. Bush autoriza el uso de aquélla. También reconoce la existencia de cárceles secretas de la CIA, adonde se traslada a escondidas a los presuntos terroristas. Esos centros de detención, según él, no están bajo la jurisdicción del país en cuyo territorio se encuentran; lo cual significa que EE.UU., además de menospreciar el Derecho Internacional, obliga a cometer violaciones a aquellos países que sí acostumbran a respetar la ley. De aquí, una conclusión: cualquier Estado en que haya una base militar norteamericana debería permanecer bajo la mirada atenta de las organizaciones pro derechos humanos. También impresiona la reacción de la Casa Blanca ante el escándalo en torno al búnker secreto del Ministerio del Interior iraquí, donde antes los sunitas torturaban a los chiítas, mientras que ahora son estos últimos quienes torturan a aquéllos. EE.UU. ha rechazado la idea de una investigación internacional porque cree que las autoridades locales podrán aclarar el caso por cuenta propia. ¡Dudoso! Menos mal que dentro de EE.UU. aún es posible cuestionar la actuación del Gobierno. Hace poco, el Senado estadounidense manifestó su abierto descontento con los métodos usados en la guerra de Irak, y aprobó un proyecto de ley mediante el cual la Casa Blanca deberá presentar informes trimestrales sobre la situación configurada en ese país; en el documento se contempla también un "control especial" sobre los interrogatorios realizados en los centros de detención. Pero la parte más polémica de la moción legislativa ha sido la que califica de inadmisible la práctica de torturas. El senador John McCain, quien en su día pasó más de cinco años como prisionero de guerra en Vietnam y, probablemente, conoce en carne propia lo que son las torturas, exigió su prohibición, exigencia que topó con la oposición del vicepresidente Dick Cheney, en cuya opinión semejante interdicción haría difícil la tarea de sonsacarles información a los islamistas. Afortunadamente, la mayoría republicana en el Senado se solidarizó en esas cuestiones con los demócratas. La única ayuda que sus correligionarios han prestado a Bush ha sido vetar la demanda de que la Casa Blanca presente un calendario para la retirada de tropas de Irak. El propio presidente de EE.UU. ha declarado en varias ocasiones que no sacará a los militares hasta que se imponga la democracia; a juzgar por lo que está pasando en Irak, los norteamericanos van a permanecer como mínimo mientras dure el mandato de Bush, y como máximo hasta que el Partido Republicano sufra una derrota en las urnas. Si el Derecho Internacional realmente ha fallecido en silencio, habría que organizar un funeral digno del difunto. Y si los rumores sobre su muerte son exagerados, es necesario que la ley vuelva a Irak. Tiene mucho que hacer allí.