Menos mal que nos queda el Supremo

La resolución del Tribunal Supremo hecha pública el pasado viernes en la que se declara que Jarrai, Haika y Segi son organizaciones terroristas que forman parte de ETA y no meras asociaciones ilícitas como había estimado en junio de 2005 la Audiencia Nacional, devuelve a la sociedad una ciertas esperanza en nuestro Estado de Derecho, tan maltratado en los últimos tiempos, fundamentalmente por el poder ejecutivo.

En la lucha contra una banda terrorista como es ETA, el instrumento que se ha demostrado más eficaz y, por supuesto, el más ajustado a lo que es un sistema democrático, es la aplicación estricta de la ley. Algo que durante este combate que la sociedad española mantiene desde hace cuarenta años contra ETA, no se ha hecho siempre. Ha faltado en muchas ocasiones, determinación y constancia.

La reacción que tuvo el Presidente del Gobierno tras el brutal atentado de ETA en la T-4 de Barajas el pasado 30 de diciembre ha producido una enorme inquietud en muchos españoles. Pasadas más de tres semanas desde dicho atentado, parece ya más que evidente que Zapatero no ha desistido de seguir negociando con ETA. El mismo día del atentado dijo aquello de que el “proceso” quedaba en suspenso, pero no lo daba por roto. Tuvo que ser su ministro del Interior el que fuera más rotundo al respecto y en los días siguientes, presionado por la opinión pública e incluso por los medios de comunicación más afines al Gobierno, el Presidente no tuvo más remedio que manifestar que efectivamente, este “proceso” había llegado a su punto y final.

Pero tanto en una entrevista el pasado día 14 en su periódico de cabecera, El País, como en un desayuno informativo celebrado en Madrid el día 17, Zapatero ha seguido insistiendo en que es partidario de un “final dialogado” de la violencia y ha dejado entrever que si se dan las condiciones, lo volverá a intentar.

Ateniéndonos a cual ha sido el comportamiento de Zapatero, no solamente durante los nueve meses que duró el denominado “alto el fuego permanente” declarado por ETA, sino incluso antes, lo normal es que el Presidente no tenga ni que retomar, porque no los ha roto en la práctica, los contactos con la banda terrorista. Eso es lo seguramente le pidió el lehendakari Ibarretxe en la entrevista quasi clandestina que celebraron el pasado jueves en el Palacio de la Moncloa.

Junto a este empecinamiento en el error hay que constatar con profunda preocupación el nulo interés que tiene el Presidente en rehacer el consenso con el principal partido de la oposición en el seno del Pacto Antiterrorista. Zapatero no quiere ese entendimiento con el PP; para su política sería un estorbo, un obstáculo que lógicamente le impediría avanzar por la senda de la negociación, que en cuanto pueda volverá a retomar. Como no quiere ni puede reconocer públicamente esa decisión de no entenderse con el PP, monta una gran operación de acoso y derribo a este partido mediante la oferta de un gran pacto de unidad a todas las fuerzas políticas parlamentarias, e incluso, como dijo en el debate del Congreso, incluyendo a organizaciones sociales. ¡Cómo si a ETA le importara mucho lo que hagan o dejen de hacer, pongo por caso, los de la Chunta Aragonesista, Coalición Canaria o Convergencia i Unió!. Lo que a ETA le ha hecho daño es el entendimiento entre los dos grandes partidos nacionales, es decir, los que pueden gobernar España y ese es el acuerdo que desde que empezó a negociar con los terroristas, Zapatero no quiere.

De esta forma, el Presidente sigue empeñado en hacer aparecer al PP como un partido que dice a todo que no y que al final, se queda sólo. Pero todo es una gran trampa, porque ¿puede explicar Zapatero que tiene que aportar a la lucha contra ETA partidos como ERC, PNV o EA, que en su vida han hecho nada por acabar con esta banda terrorista? No solamente no es que no hayan hecho nada, sino que algunos, como ERC, pactó con ETA una tregua en Cataluña, y al resto de España “que le vayan dando” en expresión coloquial.

Por eso, ante los planes dibujados por Zapatero, su empecinamiento, a pesar del atentado de Barajas, en seguir el proceso de negociación política con ETA, su resolución de no acordar nada con el PP, la sentencia del Tribunal Supremo insufla un poco de aire fresco a una sociedad muy desconcertada ante lo que está pasando. Es el aire fresco proveniente de la ley, del Estado de Derecho y del sentido común, porque si quemar autobuses, cajeros, o arrojar cócteles molotov a sedes de partidos políticos no son actos terroristas, que venga Dios y lo vea.

 
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