¿Cuál es el programa del PP en materia audiovisual?

La necesidad de abordar una modificación en profundidad de la legislación vigente en materia de radio y televisión venía siendo exigida desde hace tiempo. La dispersión, fragmentación y variedad de la normativa actual, así como las transformaciones profundas, tecnológicas y de mercado, que se han producido en la industria, hacían de esta reforma un paso obligado. No se puede negar, por tanto, un punto de valentía a los socialistas por atreverse a coger una patata caliente que nadie, desde hace casi veinte años, ha querido tocar. Lo cierto es que podíamos haber seguido como hasta ahora, sin hacer nada. O mejor dicho, dejando al Gobierno de turno decidir en cada momento si vigilar o no vigilar el cumplimiento de la legislación vigente y de las obligaciones concesionales por parte de las cadenas de radio y de televisión; si sancionar o no sancionar en caso de infracción; si revocar o no revocar la concesión; si renovar o no renovar el título habilitante llegado el plazo de su vencimiento. Es decir, haciendo de las potestades de control, supervisión y sanción un universo de inconcreciones, ambigüedades y discrecionalidades administradas con mayor o menor liberalidad por quien ocupara en cada momento el sillón ministerial correspondiente. Posiblemente exagero, pero no creo que me aparte mucho de la verdad al interpretar que la Ley 10/1988 de Televisión Privada, eje principal de nuestro ordenamiento vigente, deja en manos del Gobierno competencias y capacidades discrecionales de control y sanción similares a las que parecen contenidas en la nueva Ley General Audiovisual que sustituirá a esta y otras normas. Por ejemplo, la citada Ley de Televisión Privada tipifica como infracción muy grave, sancionable con suspensión temporal de las emisiones hasta quince días e incluso extinción de la concesión, el incumplimiento de los principios en los que debe inspirarse la actividad de los medios de comunicación, entre los que se incluye “la objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones”, la “separación entre informaciones y opiniones”, y “el respeto al pluralismo político, religioso, social, cultural y lingüístico”. El Partido Popular podía haber acometido la reforma del marco legal de la radio y la televisión durante las dos pasadas legislaturas. Pero no lo hizo. Trazó las líneas centrales de lo que podría haber sido una renovación global, coherente y ambiciosa y llegó a producir borradores de ley que circularon, se discutieron y generaron expectativas de renovación. Pero prefirió esperar a una nueva legislatura y mientas tanto continuar administrando discrecionalidades. Llegó a plantear un organismo de control fusionado con la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, pero lo aparcó en el rincón de documentos que pueden esperar. Esperó. Y luego incluyó en el programa electoral con el que concurrió a las elecciones de 2004 la promesa de que, si ganaba, pondría en marcha un Consejo Audiovisual que tendría, entre otros fines, el de “velar por la protección de los menores frente a la emisión de contenidos inadecuados en todos los medios audiovisuales”. Ahora se une a los que, tal vez con razón y justicia, temen que las competencias del Consejo Audiovisual Estatal planteado desde el Gobierno socialista desborden los límites constitucionales y nos aboquen a una dictadura de lo políticamente correcto. Interesa lo que hace y regula el ministro Montilla. Pero también interesa saber lo que piensa el Partido Popular en materia audiovisual. Saber si tiene programa. De verdad.