En vídeo. ERC y Junts registran otra comisión de investigación que señala a los jueces de Tsunami y los CDR

El portavoz parlamentario, Patxi López, admitía sin tapujos en rueda de prensa desde el Congreso que los socialistas y separatistas "hemos acordado tres comisiones que se tienen que aprobar en Plenos ordinarios". Además de las ya calificadas por la Mesa del Congreso por la Operación Cataluña y los atentados de las Ramblas, el portavoz parlamentario mencionaba la del caso Pegasus, que se acababa de registrar apenas unos instantes antes en la Cámara Baja.

Los socios de Pedro Sánchez de ERC, Bildu y BNG han registrado en el Congreso una nueva comisión de investigación sobre los casos Pegasus y Candiru de espionaje a los separatistas en el marco del golpe de Estado del 1-0. En el texto presentado, señalan directamente a las "instituciones del Estado" y hablan de "disidencia política", lo que cumple todos los requisitos de un supuesto lawfare, máxima obsesión de los separatistas y que fue pactado por el PSOE con Junts.

Piden investigar el supuesto espionaje a líder políticos, periodistas, activistas, abogados, instituciones y familiares y abogados. Entre ellos, mencionan el entorno de Carles Puigdemont, Artur Mas, Pere Aragonés, Quim Torra, Laura Borrás, Arnaldo Otegi, Marta Rovira, Míriam Nogueras, Oriol Junqueras o Gonzalo Boyé, entre otros. También se menciona al que fuera vicepresidente, Pablo Iglesias, por el caso Dina que llevó el juez Manuel García Castellón, señalado públicamente por los socios del Gobierno de Pedro Sánchez.

El magistrado investigó durante más de tres años el robo del móvil de la exasesora de Iglesias y la difusión de su contenido, además de instruir ahora las causas por terrorismo de Tsunami y los CDR, por los graves disturbios que siguieron a las condenas del golpe de Estado del 1-0 y que tuvieron lugar en 2019. Colabora además en la causa secreta de Voloh por la injerencia rusa en Cataluña.

En el escrito, los separatistas recogen que los objetivos de la comisión son, entre otros, "investigar todas aquellas iniciativas llevadas a cabo por las instituciones del Estado" para perseguir lo que califican como "disidencia política". También proponen que se "tomen las medidas oportunas de control, investigación y prevención" contra todos aquellos que hayan participado en estos hechos.

Una vez reciba el visto bueno definitivo del Congreso y eche a andar, será determinante conocer la lista de comparecientes que propondrán los separatistas, entre los que podrían estar miembros del Gobierno de Mariano Rajoy e, incluso, los jueces señalados de forma implícita por el escrito registrado. Una persecución contra la Justicia española que, hasta ahora, el PSOE había negado en reiteradas ocasiones.