El juez Llarena rechaza aplicar en el caso de Puigdemont la ley de amnistía al delito de malversación
Pablo Llarena se ratifica en su decisión: la malversación no cabe dentro de la ley de la amnistía y lo fundamenta en que para financiar el procés los implicados utilizaron caudales públicos en lugar de ponerlo de su propio patrimonio.
Por lo que, aunque sus bienes no crecieron, sí se produjo una ventaja personal de carácter patrimonial que la ley de la amnistía excluye en su artículo 1.4. Unas explicaciones del juez que no contentan a Puigdemont, que lo condena a través de sus redes sociales. Mientras, el senador de Junts, Eduard Pujol, lo hace en la Cámara Alta y califica a Llarena como un Tejero 3.0 sin bigote, ante el reproche del presidente del Senado.
Ahora será la sala de apelación quien ratifique la decisión de Llarena. Una vez esto ocurra habrá vía libre para que el magistrado reactive la euroorden contra el expresident, quien también podrá entonces recurrir su situación ante el Constitucional, el mismo tribunal que ya comienza con la admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad que presentó el Supremo.
Lo hacen con la abstención del exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que solicitó no formar parte de la decisión por sus pronunciamientos contrarios a la norma en su época como ministro. Esto deja el equilibrio de fuerzas en seis magistrados progresistas que consideran constitucional la amnistía, frente a cinco conservadores que no, aunque hay posturas, y es la esperanza del bloque conservador, que aún podrían cambiar.
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