El Gobierno no contempla convocar un Debate sobre el Estado de la Nación
Los factores que llevan a Moncloa a no plantearse impulsarlo este año: el ciclo electoral, la amnistía y la falta de medidas sociales recientes
- Un debate complicado en un ambiente crispado
- Sin medidas sociales que vender
- Un carrusel electoral convulso
- “Pocas leyes, pero con más fuerza”
- Buscar un cambio de guion
- Un Debate sobre el Estado de la Nación en cinco años
El Gobierno no tiene entre sus planes convocar el tradicional Debate sobre el Estado de la Nación. En Moncloa consideran que la situación política ya es suficientemente enrevesada con las elecciones catalanas de este domingo y las europeas del próximo 9 de junio: ambas marcarán el devenir de una legislatura en la que el Ejecutivo apenas ha podido sacar adelante la agenda legislativa planeada. La ley de amnistía y la sucesión de convocatorias electorales —con las gallegas en febrero y las vascas el pasado abril— han situado al país en una permanente campaña electoral que ha dificultado enormemente cualquier negociación. En consecuencia, Pedro Sánchez renunció a elaborar y presentar los presupuestos generales del Estado para este año y aseguró que el Ministerio de Hacienda se centraría en las cuentas de 2025.
Un debate complicado en un ambiente crispado
En Moncloa no creen que este ambiente sea el propicio para celebrar dicho pleno, al menos hasta que pase el verano. “Un Debate sobre el Estado de la Nación ahora…”, ironizan entre risas fuentes del Gobierno al ser preguntados sobre si cabe posibilidad para su convocatoria. Un “ahora”, que también hace referencia a la situación de crispación política que denuncia el propio Ejecutivo después del amago de dimisión y los cinco días de reflexión que anunció Sánchez por la “campaña del fango” contra su mujer, Begoña Gómez.
En el Gobierno califican de “gran causa nacional” la lucha contra la desinformación de los “pseudomedios” y preparan una serie de medidas que traten de poner freno a lo que Moncloa considera “bulos y atajen la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Un giro con el que intentan poner fin a la dinámica de la legislatura, en la que no han podido aprobar, apenas, nuevas medidas. La ofensiva anunciada por el propio presidente, tras poner en duda su continuidad, ha caldeado aún más el panorama político, mientras en el Senado, el Partido Popular aprovecha la mayoría absoluta para investigar el ‘caso Koldo’ y amenaza con citar al propio Sánchez si no comparece en el Congreso.
Esta retahíla de ingredientes complican que el Gobierno se incline por celebrar un pleno tan importante como el Debate sobre el Estado de la Nación. En el Ejecutivo consideran que, tal como avanza la legislatura y con las pocas medidas que han podido impulsar, no hay mucho que vender, más allá de que España haya superado los 21 millones de afiliados a la seguridad social: una cifra sin precedentes.
Sin medidas sociales que vender
Precisamente, en Moncloa preparan una serie de medidas sociales que refuercen la mayoría parlamentaria de la investidura, pero no llevarán estas propuestas al Congreso de los Diputados hasta que el ambiente se calme tras el periodo estival. Tanto el PSOE como Sumar coinciden en que deben poner fin a una legislatura que ha comenzado más que turbulenta entre las sospechas de corrupción que afectan al exasesor del exministro de Transportes y exsecretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, la tramitación de la amnistía que elimina todas las causas judiciales relacionadas con el procès desde finales de 2011, y los sucesivos procesos electorales donde los resultados no han sido los mejores.
Un carrusel electoral convulso
En Galicia, tierra de la líder de la formación, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, Sumar no obtuvo ni un solo escaño, mientras el PSOE se hundió cayendo cinco escaños, hasta los nueve. En el País Vasco la campaña se centró en EH Bildu, que amenazaba con ganar los comicios por primera vez, a pesar de que el candidato, Pello Otxandiano, se negaba a calificar a ETA como banda terrorista. Un foco que se redirigió a los socialistas, que no sacaron mal resultado, pero se enfrentaron a la contradicción de criticar a los abertzales por su connivencia con el terrorismo y haber pactado con ellos durante los últimos cinco años en la Cámara Baja. Sumar sacó un parlamentario.
La primera victoria socialista desde que comenzó este carrusel electoral se espera este domingo en Cataluña. Los sondeos vaticinan una amplia victoria del exministro de Sanidad durante la pandemia, Salvador Illa, pero dejan en el aire la pregunta más trascendente: si consiguen evitar otra mayoría independentista después de haber aplicado la política “del diálogo” —como la califican en el PSOE— desde la llegada de Sánchez al poder. Un plan que pondrá a examen la labor del Ejecutivo con Cataluña y los partidos separatistas que han resultado claves para la continuidad del PSOE en La Moncloa.
El colofón final serán las europeas. El PP espera sacar una amplia ventaja. La ley d’Hont no opera en dicha convocatoria, por lo que todos los votos cuentan de igual manera y en el PSOE saben que la oposición venderá los comicios comunitarios como un plebiscito a Sánchez y al nuevo Gobierno. Los sondeos publicados vaticinan que los populares podrían sacar hasta diez puntos a los socialistas.
“Pocas leyes, pero con más fuerza”
En Ferraz admiten que las medidas adoptadas para con el independentismo —los indultos parciales, la rebaja de la malversación, la derogación de la sedición y, ahora, la amnistía— han monopolizado el debate político los últimos años, pero en la pasada legislatura, consiguieron taponar dichas iniciativas con una enorme batería de leyes sociales cercanas a los postulados de su electorado: la reforma laboral, la ley de vivienda, la eutanasia, impuestos a la banca y las energéticas, la nueva ley del aborto… “Nos enfrentamos a una legislatura mucho más compleja porque la aritmética parlamentaria nos permitirá aprobar pocas leyes”, admitían fuentes gubernamentales antes de la constitución oficial del nuevo Ejecutivo el pasado noviembre. “Por eso las que hagamos tienen que tener fuerza y estar mejor explicadas que hasta ahora”, continuaban las mismas fuentes.
Un plan cuya segunda parte no ha terminado de cumplirse, pero sí la primera. El Gobierno solo ha conseguido aprobar dos macro decretos ley de los tres que ha elaborado en el primer semestre de la legislatura. El tercero cayó por el voto en contra de Podemos y ni el PSOE ni Sumar conocieron que el resto sí salían adelante porque Junts no desveló su posición hasta que apareció en el panel que indica el resultado final de la votación. Una sesión agónica que puso en aviso a los partidos de Gobierno: desde entonces, el Ejecutivo no ha podido sacar adelante ninguna iniciativa de peso.
“Hay que dejar de hablar ya de la amnistía y centrarnos en lo que le importa a la gente que nos vota; en lo que afecta a los ciudadanos”, criticaban fuentes de Sumar antes de las elecciones vascas. Pero en Moncloa son conscientes de que el panorama no va a cambiar en los próximos meses, al menos, hasta que el horizonte no tenga elecciones a la vista y enfrentarse a un Debate sobre el Estado de la Nación en estas condiciones no dejaría un buen balance de lo conseguido en el último año.
Buscar un cambio de guion
Aunque el Gobierno no se plantee ahora celebrar dicha sesión plenaria, tampoco asegura que su plan cambie si consiguen terminar el año impulsando una agenda legislativa que sanee la imagen del Ejecutivo de coalición y la aleje de Koldos, amnistías y resultados electorales.
La hoja de ruta que han diseñado PSOE y Sumar pasa por dar un giro de 180 grados al panorama actual y poder aprobar medidas relevantes antes de 2025. Trabajo se centra ahora en finiquitar la negociación para reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas. La formación de Yolanda Díaz ya aprovechó la polémica por los cinco días de reflexión del presidente para potenciar aún más su campaña en favor de esta medida: “Tú también necesitas tomarte unos días. Vamos a reducir la jornada laboral”, rezaba el cartel difundido por Sumar en una acción que escenifica lo que reclaman de puertas hacia dentro: más medidas y menos polémicas.
La deriva de la formación no está convenciendo en sus propias filas: Izquierda Unida amenaza con romper tras las Europeas, Más Madrid ha exigido el poder territorial en la Comunidad y ni Compromís ni los Comunes aseguran que vayan a seguir concurriendo con Sumar en los siguientes comicios. Esta situación potencia la necesidad de Díaz por fomentar medidas de calado que convenzan en sus filas.
Un Debate sobre el Estado de la Nación en cinco años
El Gobierno de Pedro Sánchez solo ha celebrado un debate de estas características desde que llegó al poder en 2018. Durante el mandato de Mariano Rajoy se convocaron tres —2013, 2014 y 2015—, pero la convulsión electoral en la que se sumió el país desde entonces —con el fin del bipartidismo y la irrupción de Podemos y Ciudadanos— impidió la formación de un nuevo Ejecutivo hasta octubre de 2016. Año y medio después, la moción de censura terminó con el Ejecutivo de Partido Popular y dio paso al primer Gobierno de Sánchez, que nueve meses después convocó elecciones generales. No fue investido hasta principio de 2020, pero la pandemia de la covid-19 golpeó a España apenas tres meses después.
Moncloa no organizó ningún Debate sobre el Estado de la Nación ni en 2020 ni en 2021, alegando que el presidente ya comparecía en el Congreso cada quince días para renovar el estado de alarma. En 2022, tras dejar atrás la parte más dura de la pandemia, el Ejecutivo convocó el primer debate con Sánchez como presidente en julio. El adelanto electoral de 2023 volvió a impedir su celebración en ese año.
