Bolaños prioriza leyes políticas frente a normas que afectan al día a día de la Justicia

1. Tramitación de urgencia
2. Ley del Derecho de Defensa, pendiente de aprobarse
3. Nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita
4. Reorganización de los juzgados
5. Directiva sobre antecedentes penales 
6. Digitalización de la Justicia
7. Renovación forzada de la AEPD

Han pasado casi nueve meses desde que Félix Bolaños asumió la cartera de Justicia y relevó en el cargo a Pilar Llop. Durante este tiempo al frente del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes tan solo ha sacado adelante dos leyes en materia de Justicia, ambas con una connotación política evidente: la ley de amnistía y la ley que reforma tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) como el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Mientras la primera fue acordada con Junts, que entraban esta legislatura como socios de Gobierno, la segunda formó parte de un pacto de Estado con el Partido Popular para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

Tramitación de urgencia

Ambas fueron tramitadas por vía de urgencia para lograr su entrada en vigor lo más rápido posible y se les dio prioridad frente a otras normas que llevan años en el cajón y que habían logrado hacerse un hueco en la agenda, como la ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia que pretende transformar los juzgados unipersonales en Tribunales de Instancia.

En total, el Ejecutivo ha aprobado cuatro de las casi cien leyes que se había propuesto, consolidando así su ‘annus horribilis’ debido a la disidencia entre los socios de Gobierno. 

Ley del Derecho de Defensa, pendiente de aprobarse

Una de las normas que el Gobierno esperaba aprobar antes de cerrar el primer curso es el Proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa, que regula este derecho constitucional por primera vez y mejora la accesibilidad de todos los ciudadanos a la Justicia, con especial atención a las personas mayores y personas con discapacidad.

Además de desarrollar las funciones de los profesionales del Turno de Oficio, la ley asegura el uso de las lenguas cooficiales en las actuaciones judiciales en todo el Estado. De manera que si un ciudadano considera que utilizar una lengua determinada contribuye a garantizar su ejercicio del derecho de defensa, el juzgado o el tribunal estarán obligados a poner a disposición de las partes que lo requieran los servicios de traducción pertinentes.

Tras superar el periodo de enmiendas en el Congreso, el texto ha llegado al Senado y se espera luz verde en el proyecto de cara al último trimestre del año.

Nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita

Estrechamente relacionada con la anterior ley, el Ministerio que dirige Félix Bolaños también tiene entre manos modernizar la vigente ley de asistencia jurídica gratuita, que data de 1996.  Para ello, han sacado a consulta pública el anteproyecto de la norma para recabar iniciativas con el fin de regular este servicio público, ya que la Comisión Europea ha señalado que España es el país europeo que más casos de asistencia jurídica tiene con 3.379 por cada 100.000 habitantes, muy por encima de la media de 734.

En esta línea, cabe recordar que el Consejo de Ministro aprobó en marzo la concesión anual de subvenciones para indemnizar a los abogados y procuradores del turno de oficio, que todavía tenían pendientes cobros de 2023, además de a los psicólogos que prestan servicio a las víctimas de delitos.

Reorganización de los juzgados

En el Congreso de los Diputados, continúa su tramitación el Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios. Esta norma se enfrentó a una enmienda a la totalidad presentada por el PP, pero se rechazó.

Si el proyecto sale adelante supondrá una revolución en la Administración de Justicia, pues Bolaños pretende reformar su organización para eliminar los juzgados unipersonales y convertirlos en Tribunales de Instancia. Asimismo, los Juzgados de Paz los sustituirán las Oficinas de Justicia en los Municipios que tendrán más competencias y contarán con más recursos.

En este sentido, el Ministerio cerró en julio un acuerdo con la mayoría de los sindicatos de funcionarios sobre esta materia que recogía varias de sus reivindicaciones de la huelga del año pasado sobre condiciones laborales y teletrabajo. Así lograron que en proceso de acoplamiento de las sedes judiciales primara la voluntariedad a la hora de ocupar nuevos puestos de trabajo en otras localidades y que no se forzara al personal a trasladarlo.

La norma también apuesta por la mediación y el arbitraje para evitar la sobrecarga de juzgados y tribunales, además de establecer un procedimiento único para abordar las demandas colectivas.

Directiva sobre antecedentes penales 

Bolaños tiene pendiente transponer una directiva europea relativa al intercambio de información de antecedentes penales entre países y al Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS) para agilizar la cooperación judicial y luchar contra el terrorismo, el crimen organizado y la delincuencia transfronteriza.

El ministro anunció que con esta tecnología jueces y fiscales podrían acceder al historial y a la imagen de las personas fichadas y que la norma también incluye la creación de un registro de menores que recoge la inscripción de las sentencias firmes y las medidas cautelares para la custodia, defensa y protección de los expedientados.

Actualmente, se está tramitando en el Congreso como Proyecto de Ley.

Digitalización de la Justicia

Además de la ley de amnistía y las reformas de la LOPJ y el Estatuto del Ministerio Fiscal, Bolaños logró los apoyos suficientes para el Real Decreto 6/2023, de 19 de diciembre -también llamado decreto ómnibus- el pasado enero, que uno de sus puntos claves era regular la digitalización de la Justicia.

La norma fue criticada en su momento por no ser novedosa y buscar la financiación de Europa a través de los fondos Next Generation.

Renovación forzada de la AEPD

Aunque no se trate de una ley, otro de los hitos de Justicia este primer curso ha sido la abrir una convocatoria para sustituir a la presidenta de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mar España, tras cinco años con el mandato caducado.

El Ministerio se ha visto obligado a retomar el proceso de selección después de que el Tribunal Supremo tumbara los nombramientos de 2021 al confirmar que PP y PSOE habían pactado los candidatos y se vulnerara el principio de igualdad.