Un restaurante, investigado por colocar micrófonos en baños y vestuarios de empleadas
Un juzgado de Madrid y la Agencia Española de Protección de Datos estudian la denuncia de las trabajadoras. La Policía Nacional comprobó los hechos
![Cámara oculta en el techo.](/asset/thumbnail,1280,720,center,center/media/elconfidencialdigital/images/2022/02/16/2022021618205192424.jpg)
Varias trabajadoras de un restaurante han denunciado en comisaría que en el centro en el que prestaban servicio había cámaras y micrófonos ocultos en el techo de los vestuarios y baños. La Policía Nacional acudió al local y, tras comprobar los hechos, la Comisaría General de Policía Judicial remitió la reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
La AEPD se puso en contacto con los encargados de la cafetería para que pudiesen responder, en el plazo de un mes, a las acusaciones de las empeladas. En el texto, aseguran que no existían cámaras ni micrófonos ocultos en las zonas de aseo y que la denuncia se ha emitido por una mala relación laboral entre ellos.
Según han explicado los encargados en la reclamación a la que ha tenido acceso Confidencial Digital, el tener que reducir las jornadas laborales y que no hayan cobrado las cantidades estipuladas del ERTE, ha provocado que el ambiente en el trabajo “se enrareciera”.
Debido a la existencia de estos micrófonos y cámaras en las zonas de aseo, las empleadas denunciaron de forma penal a la empresa, lo que provocó el despido de algunas de ellas y su correspondiente demanda en el tribunal de lo Social.
En cambio, el local argumenta que han sido las propias trabajadoras las que han cogido el micrófono de la zona office y lo han situado en el falso techo del vestuario, por lo que éstos denunciaron también a las empleadas y consideran que la encargada fue la que ideó el plan para pedir dinero a la empresa. Asimismo, han manifestado que el abogado de una de las denunciantes ha solicitado 35.000 euros de compensación para no ir a juicio.
Además, el local ha relatado que todas las personas que empiezan a trabajar con ellos firman un documento en el que se les explica dónde están situadas las 22 cámaras internas, las dos externas, el equipo de grabación y los cuatro micrófonos, así como el contrato con la compañía de videovigilancia, que tiene como objetivo velar por la seguridad de las personas y bienes.
Ante esta situación la Subdirección General de Inspección de Datos trasladó las actuaciones previas a la investigación al Juzgado de Instrucción nº30 de Madrid.
La AEPD ha solicitado que se vuelva a abrir la investigación porque han pasado más de 12 meses desde que se admitió a trámite la reclamación y no se ha notificado un acuerdo para iniciar el procedimiento sancionador.