El juez Peinado se quejó de que Sánchez no le recibiera ni en su casa ni en su despacho

Reprochó al fiscal y al abogado de Begoña Gómez que la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a tomar declaración en el domicilio o en el lugar de trabajo oficial

El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho.
El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho.
  1. La queja del juez Peinado
El juez Peinado se quejó de que Sánchez no le recibiera ni en su casa ni en su despacho.

Ante la inédita presencia de un juez en La Moncloa, desde el equipo de Pedro Sánchez se buscó restarle importancia. Se jugó hasta con el “despacho” elegido para la declaración. Fue en un edificio del Ministerio de Presidencia en lugar de una de las dependencias propias del jefe del Ejecutivo. Una sala que no gustó al juez Peinado.

El titular del Juzgado número 41 de Madrid, además de citarle a declarar, al amparo de la ley, evitó a Sánchez la imagen de un presidente del Gobierno entrando en la puerta de un juzgado. Para ello, ordenó que se posibilitara el traslado del juez al Palacio de la Moncloa para tomarle declaración en el despacho del presidente.

La queja del juez Peinado

Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes presentes en la declaración del jefe del Ejecutivo, el juez instructor se quejó, tras acceder al complejo de La Moncloa, de que Pedro Sánchez no prestara declaración ni en su domicilio ni en su despacho.

Hasta el punto de que reprochó al fiscal y al abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, que, tal y como recoge el artículo 412.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, “si fuera conveniente recibir declaración a alguna de las personas a las que se refiere el apartado 2 anterior (donde se cita a los cargos, incluido el del presidente) sobre cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo, se tomará la misma en su domicilio o despacho oficial”, lo que no solo ofrece la posibilidad de que el juez acuda al domicilio o despacho, sino que le obliga a ello.

Hay que recordar que Peinado citó a Sánchez a declarar en calidad de “esposo de la investigada” y no de presidente del Gobierno, por lo que rechazó que testificara por escrito. Y por ello, el líder del PSOE se pudo acoger a la dispensa que le permite no declarar “en contra de la investigada” para no perjudicar a su mujer.

 

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