Sanidad asegura que médicos objetores de conciencia practican abortos en clínicas privadas
El equipo de la ministra considera que la presión de la dirección médica en centros públicos obliga a los profesionales a no realizar interrupciones del embarazo
- Presiones de la dirección médica
- Una lista para sacar a quienes realizan abortos en centros privados
- El registro: una medida de Irene Montero que imita la que ya existe con la eutanasia
- Cinco años sin mejorar la estadística
Solo el 20% de los abortos se practican en centros públicos—tanto hospitalarios como extrahospitalarios—. Ocho de cada diez se realizan en clínicas privadas donde las mujeres deben pagar para poder interrumpir su embarazo. Una situación provocada por el alto porcentaje de médicos que se declaran objetores de conciencia. Pero el Ministerio de Sanidad asegura haber detectado que una parte de los profesionales que rechazan esta práctica en centros públicos, sí aceptan practicarlos en los privados, según confirman a Confidencial Digital desde el equipo de la ministra, Mónica García.
La cartera dirigida por la líder de Más Madrid ha anunciado esta semana la creación de un registro de objetores de conciencia. Una medida incluida en la última ley que reguló el aborto —Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero—,impulsada en la pasada legislatura por el Ministerio de Igualdad, dirigido entonces por Irene Montero. El Gobierno, por tanto, estaba obligado a cumplir con lo aprobado en dicha normativa. Desde el equipo de García confían en que el listado de profesionales objetores de conciencia frene esta práctica y facilite la práctica de abortos en centros públicos.
Presiones de la dirección médica
Sanidad sitúa el origen del problema en las presiones que ejercen las direcciones médicas de los hospitales sobre los trabajadores del departamento de ginecología. Según el Ministerio, los máximos responsables se declaran objetores de conciencia y empujan hacia abajo para que los profesionales de su especialidad sigan el ejemplo y, aunque no tengan problema en practicar abortos, prefieran no hacerlo. Un clima que lleva a todos los médicos a ir dando un paso al lado para evitar problemas en sus superiores y con los compañeros.
Sin embargo, los datos que maneja Sanidad reflejan también que parte de dichos profesionales sí realizan interrupciones del embarazo en clínicas privadas. Los doctores acostumbran a trabajar en ambas disciplinas y se considera habitual que haya médicos que por las mañanas trabajen en el sector público y por las tardes en el privado, o viceversa.
Una lista para sacar a quienes realizan abortos en centros privados
La dificultad para abortar en centros públicos se ve reflejada en los datos publicados el pasado 28 de septiembre por el Ministerio. En 2023, solo el 18,5% se practican en la sanidad pública. Apenas un 1,5% más que en 2022. Una cifra que obliga a que el número de objetores sea elevado.
El equipo de Mónica García, que llegó al Gobierno tras su paso por la Comunidad de Madrid como líder de la oposición, afirma incluso que “prácticamente no hay abortos en centros públicos” de la región madrileña. El Ministerio asegura que, en realidad, no hay tantos objetores en la Comunidad, menos aún tras detectar que los mismos profesionales que rechazan operar en centros públicos, sí lo hacen cuando trabajan en los privados; y esperan revertir esta tendencia gracias al registro.
El equipo de García explica que la creación de este documento prohibirá esta práctica a los médicos e impedirá compaginar el declararse objetores con realizar interrupciones del embarazo en centros privados.
Aunque el Ministerio rechaza que haya tantos médicos reticentes a practicar abortos como para que solo dos de cada diez se lleven a cabo en el sistema público, defienden la medida porque “arrojará luz” y permitirá conocer al detallecuántos médicos se niegan a esta práctica en cada comunidad.
Las autonomías deberán garantizar que se preste el servicio en todos los centros
En caso de que los cálculos de Sanidad sean erróneos y no disminuya el número de médicos objetores de conciencia, el Ministerio obligará a las regiones a que cumplan con la normativa y se encarguen de que todos los centros sanitarios de dominio público tengan el personal necesario realizar interrupciones del embarazo.
Aunque el Gobierno no entra al detalle, sí desliza que existen distintas posibilidades, como trasladar médicos que sí realicen abortos a otro donde todos los médicos rechacen practicarlos. Sin embargo, desde Sanidad insisten en que se trataría de una situación más que remota y fuera de sus previsiones.
El registro: una medida de Irene Montero que imita la que ya existe con la eutanasia
La ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, aprobada en 2023, recoge esta medida. Es decir, no se trata de una iniciativa de la actual ministra sino que el Ejecutivo no tuvo tiempo de poner en marcha el registro en la anterior legislatura entre las elecciones autonómicas —celebradas tres semanas después de que entrara en vigor la norma— y las generales, convocadas al día siguiente de los comicios regionales.
El registro que recoge el texto se basa en una lista que ya existe: en la ley de eutanasia, aprobada en marzo de 2021, se incluye la creación de un listado de objetores de conciencia que garantice que los centros públicos tienen suficientes profesionales para dar este servicio a los enfermos que lo soliciten, siempre que cumplan con todos los requisitos establecidos en la ley. Sanidad asevera que este mecanismo ha permitido un funcionamiento correcto y constante de la eutanasia en España, a pesar de tener muchos más detractores que el aborto.
Cinco años sin mejorar la estadística
Los datos publicados por el Ministerio sobre interrupciones voluntarias del embarazo reflejan también que se practican más abortos que nunca. Sin embargo, también demuestra el fracaso del Gobierno en que se realicen, principalmente, en centros públicos. En los casi cinco años de Gobierno, el porcentaje de IVE en la sanidad pública ha pasado del 14,3% al 18,5%, un aumento del 4% en el último lustro.
Los datos se mantienen similares a los anteriores cinco años, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, cuando se pasó del 10,09% de abortos en hospitales y centros extrahospitalarios públicos, al 14,32% cuando llegó el primer Gobierno de coalición de Sánchez entre el PSOE y Unidas Podemos.
