Así era la red de espías rusos en España: quince agentes del SVR y quince del GRU
La contrainteligencia española los tenía identificados como miembros de los servicios de espionaje exterior y militar, aunque contaban con acreditación diplomática de la embajada en Madrid. El Gobierno expulsó a 27 al comienzo de la guerra de Ucrania
- “Amenaza para los intereses de seguridad”
- La contrainteligencia dejó de seguir a los rusos
- SVR, inteligencia exterior
- GRU, inteligencia militar
- Representantes oficiales y encubiertos
- Los “ilegales”, sin cobertura diplomática
- El dilema: expulsar o tenerlos controlados
- Golpe a la capacidad de espiar en España y Europa
- Nuevos embajadores
- La inteligencia rusa ‘remonta’
“Hemos decidido la expulsión de España de diplomáticos rusos y de personal de la embajada de la Federación Rusa en España que representan una amenaza para los intereses de seguridad de nuestro país y también tras las terribles acciones de los últimos días llevadas a cabo en Ucrania, especialmente en Bucha y la que no está llegando hoy desde Mariupol […] Estamos hablando de un número de alrededor de 25 personas”, aunque se apuntó más tarde que finalmente serían 27.
José Manuel Albares anunció tras un Consejo de Ministros el 5 de abril de 2022 que el Gobierno de España había adoptado esa acción diplomática contra Rusia, que ya estaban adoptando otros países de la OTAN y de la Unión Europea transcurrido algo más de un mes desde que las fuerzas armadas rusas habían comenzado la invasión a gran escala de Ucrania, a finales de febrero de ese año.
El Gobierno de Pedro Sánchez no se atrevió a adoptar una medida más contundente, como hubiera sido la expulsión del embajador, Yuri Korchagin, si bien fue una opción que estuvo encima de la mesa hasta el último momento. Estos movimientos diplomáticos se adoptaron en coordinación con otros países aliados, y al ver que sólo Lituania expulsaba al embajador ruso, pero no lo hacían Francia, Alemania y otros gobiernos, Sánchez optó por permitir al embajador de Rusia que permaneciera en Madrid.
Como es habitual en las relaciones internacionales, Rusia respondió expulsando a 27 personas de la Embajada de España en Moscú y del Consulado General de España en San Petersburgo.
En los días previos a que el Gobierno español anunciara públicamente la expulsión, ECD tuvo conocimiento de que se preparaban expulsiones de personal con acreditación diplomática de la embajada y de los consulados de Rusia en España.
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En ámbitos de la inteligencia española ya se conocía esos planes, por un motivo muy simple: había circulado la consigna de que no era necesario poner especial celo en controlar a determinadas personas, sospechosas de llevar a cabo actividades para la inteligencia rusa, porque su estancia en España tenía ya los días contados.
“Amenaza para los intereses de seguridad”
La expulsión era una medida diplomática, de motivación política, adoptada como gesto del Gobierno de España para secundar la respuesta de los países de la Unión Europea y de la OTAN frente a la invasión rusa de Ucrania.
Pero el ministro Albares la justificó también por ser los expulsados “diplomáticos rusos y de personal de la embajada de la Federación Rusa en España que representan una amenaza para los intereses de seguridad de nuestro país”.
Era una fórmula eufemística, habitual en estos casos, para acusarles veladamente de trabajar para los servicios de inteligencia rusos.
La contrainteligencia dejó de seguir a los rusos
Como se ha indicado, los agentes españoles dedicados a la contrainteligencia supieron con antelación que se prepara la expulsión, precisamente porque entre quienes iban a ser enviados de vuelta a Rusia estaban algunos de sus objetivos: rusos con acreditación diplomática en España a los que ellos vigilaban por sus actividades de espionaje.
Pasados dos años, Confidencial Digital ha podido conocer algunos detalles de las redes de inteligencia que mantenía Rusia en España, y que sufrieron un golpe importante con la expulsión de 27 personas en 2022.
Fuentes consultadas por ECD ya explicaron por entonces que, aunque la expulsión respondía a motivaciones políticas, de medida de presión diplomática por la invasión de Ucrania, el Gobierno aprovechó para sacar de España a rusos que se movían con cierta protección por tener acreditación diplomática, y que realmente trabajaban para los servicios de inteligencia de Rusia.
Es decir, que un número elevado del total de 27 expulsados habían sido identificados por la contrainteligencia española como espías rusos.
Según las mismas fuentes, inmediatamente antes de las expulsiones la contrainteligencia española tenía marcados a unos 30 rusos, con acreditación diplomática de la embajada en España, que en realidad eran agentes de inteligencia de su país.
Los servicios españoles habían logrado averiguar que la mitad pertenecía al servicio de espionaje exterior, y la otra mitad, a la agencia de inteligencia militar.
SVR, inteligencia exterior
Una quincena de los rusos en España identificados como espías trabajaban para el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, conocido por las siglas SVR, que corresponden a las iniciales de la transliteración del ruso a la escritura latina.
El SVR tiene desplegados agentes por todo el mundo. En 2010 fueron detenidas en Estados Unidos diez personas acusadas de trabajar para esta agencia.
Recientemente, el semanario alemán Der Spiegel publicó unos documentos, atribuidos a este servicio, con un supuesto plan para lanzar campañas de desinformación en Alemania y otros países de Europa que generaran “miedo” entre la población con motivo de la guerra de Ucrania.
El director del Servicio de Inteligencia Exterior es Serguéi Narishkin. Cuando apareció muerto a tiros en Villajoyosa (Alicante) un piloto de helicópteros ruso que había desertado a Ucrania, Narishkin no dudó en afirmar públicamente que “este traidor y criminal se convirtió en un cadáver moral en el momento en que planeó su sucio y terrible crimen”.
GRU, inteligencia militar
La otra mitad de los rusos que los servicios españoles identificados como agentes de inteligencia, de nuevo en torno a quince, estaban encuadrados en el Directorio Principal del Alto Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia.
Este servicio de inteligencia militar es conocido por las siglas GRU, que corresponden a la antigua denominación en ruso de esta misma agencia durante la etapa soviética. Por este servicio pasaron espías tan notables como Richard Sorge, Ursula Kuczynski y Alexander Radó, protagonistas de operaciones de inteligencia en la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría.
El GRU ha sido señalado en los últimos años por distintas supuestas operaciones de desestabilización, e incluso de asesinatos selectivos, en países occidentales: envenenamientos, una explosión de una fábrica de armas... De ello se acusa principalmente a la Unidad 29155 del GRU.
Investigaciones judiciales y periodísticas se han hecho eco de los datos obtenidos por servicios de contrainteligencia occidentales, que comprobaron que un general del GRU viajó a Barcelona en vísperas del referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre de 2017. No fue el único viaje a Cataluña, hubo otros antes y después, de varios miembros de este servicio de inteligencia militar ruso.
Más allá de esas presuntas visitas a España de agentes de alto rango del GRU a España, en nuestro país había en 2022 una quincena de miembros de este servicio de inteligencia militar con acreditación diplomática, según las fuentes consultadas por ECD.
Las mismas fuentes apuntan que estaba identificado el jefe del GRU en España, el ‘rezident’ en terminología rusa. Aclaran que no se trataba del agregado militar, naval y aéreo de la embajada rusa en Madrid, sino de otra persona destinada en la legación diplomática. De hecho, el agregado militar no fue expulsado.
Cabe apuntar que la Agencia de Seguridad Interior (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ABW) de Polonia, dedicada a la contrainteligencia y la seguridad interna del país, acusó de ser agente del GRU a Pablo González, el reportero con doble nacionalidad española y rusa que fue detenido a principio de la actual guerra de Ucrania, hace dos años y medio.
González fue acusado de ser un “agente de la Dirección Principal de Inteligencia del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa (GRU)” y de espiar para ese servicio. El delito de espionaje conlleva penas de muchos años de cárcel.
Recientemente, Pablo González fue liberado en el marco de un intercambio de presos entre Rusia, por un lado, y Estados Unidos y otros países occidentales, por otro. Vladimir Putin recibió en Rusia a ocho personas liberadas, entre ellas a González, y les prometió que serán condecorados y que el gobierno ruso les ayudará en su nueva etapa en libertad.
Representantes oficiales y encubiertos
Los servicios de inteligencia suelen tener personal en el extranjero oficialmente acreditado ante las autoridades de ese otro país. Hacen de enlace oficial entre su agencia y los servicios de inteligencia del estado en el que está destinado.
Esas personas, por tanto, están formalmente reconocidas como miembros de los servicios de inteligencia por el gobierno del país donde está la embajada.
Además, entre el personal de la embajada suele haber otros miembros de los servicios de inteligencia. Formalmente son consejeros diplomáticos o políticos, agregados culturales o de prensa... pero realmente trabajan para la inteligencia de su país.
La contrainteligencia local trata de identificarlos y tenerlos controlados, tal y como hacían los servicios españoles con los rusos hasta que fueron expulsados en 2022.
Al tener acreditación diplomática, disfrutan de cierta inmunidad: no pueden ser encarcelados, pero sí expulsados fuera del país si les pillan.
Los “ilegales”, sin cobertura diplomática
Se añaden aquellas personas ya sin acreditación diplomática, que permanecen en un país con algún tipo de tapadera, y que trabajan o colaboran con un servicio de inteligencia extranjero. En su caso, no cuentan con el paraguas de la acreditación diplomática, por lo que sí pueden acabar en la cárcel. A veces se opta por medidas menos agresivas, como expulsarlos del país o denegarles la nacionalidad española, si la han solicitado.
Por ejemplo, en el Informe Anual de Seguridad Nacional de 2021 se puede leer que “los miembros de los servicios de inteligencia hostiles utilizan diferentes coberturas para realizar sus actividades en España, especialmente en sectores empresariales, medios de comunicación y el ámbito académico, ya sea como asesores en centros de pensamiento, profesores o incluso universitarios”.
En el informe de 2022 se reflejó un cambio significativo: “El incremento del uso de coberturas menos tradicionales” de los oficiales de inteligencia extranjeros en España, “que les permitan acceso a ámbitos como el científico, el académico y el tecnológico”.
El dilema: expulsar o tenerlos controlados
Que un servicio de contrainteligencia detecte que un agregado de una embajada es en realidad un oficial del espionaje de ese otro país no implica automáticamente que se le expulse. En muchos casos, se prefiere dejar a quienes ya están identificados, para poder controlar sus movimientos y saber en qué trabajan, cuáles son sus objetivos de información, con quién se reúnen, a quién intentan captar...
Sólo si se produce algún incidente muy grave, o si por cálculos políticos, o de conveniencia de otro tipo, se cree que puede ser beneficioso, se expulsa a los espías que tienen acreditación diplomática. A veces se hace público, como hizo el Gobierno de España en abril de 2022, y a veces se prefiere mantener en silencio.
Por ejemplo, tras la detención de dos miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) bajo la acusación de filtrar información clasificada a la inteligencia de Estados Unidos, salieron de España al menos dos agentes de la CIA, presuntamente identificados por haber participado en la captación y control de esos dos espías españoles.
Golpe a la capacidad de espiar en España y Europa
Como ya se ha indicado, Exteriores expulsó a 27 rusos con acreditación diplomática, y según las fuentes consultadas por ECD, eran alrededor de una treintena los espías que tenía identificados la contrainteligencia española.
Fuentes españolas conocedoras de este movimiento aseguraban, meses después de las expulsiones, que “todos” los rusos expulsados efectivamente tenían vínculos con los servicios de inteligencia de su país.
El Informe Anual de Seguridad Nacional de 2022 recogió en su capítulo sobre “Espionaje e injerencias del extranjero” que “la invasión rusa de Ucrania y la estrategia política de algunos países han influido sobre los objetivos y la agresividad de los Servicios, que han visto incrementadas sus necesidades de información”.
Destacó que “en abril de 2022 se llevó a cabo la expulsión de 27 diplomáticos rusos de territorio español, como parte de las medidas consensuadas con el resto de países de la UE a consecuencia de la invasión rusa de Ucrania, lo que ha tenido un efecto negativo sobre su capacidad de operar sobre territorio europeo y ha influido, entre otros factores, en el índice de actividad de los Servicios de Inteligencia extranjeros”.
Ese índice de actividad de los Servicios de Inteligencia extranjeros en España (que elabora el CNI, como autoridad nacional de contrainteligencia) había marcado el máximo en 2021, con 137: pues en 2022, cuando se expulsó a los rusos, se desplomó a 80, su nivel más bajo desde que se empezó a difundir esa estadística en 2013.
Nuevos embajadores
Han pasado dos años desde entonces, y las relaciones diplomáticas entre España y Rusia no se han reconstruido, ya que la guerra en Ucrania continúa estancada.
Ahora bien, pese a las expulsiones, ambos gobiernos han renovado a sus respectivos embajadores: el ruso Yuri Klimenko llegó a Madrid, y recientemente el Consejo de Ministros aprobó por real decreto nombrar embajador en Moscú a Ricardo Martínez.
Siguen los gestos de distanciamiento: Klimenko entregó al rey Felipe VI las cartas credenciales no en una ceremonia pública en el Palacio Real de Madrid, con toda la solemnidad, sino en privado y sin cámaras en el Palacio de la Zarzuela.
Han llegado a la Embajada de Rusia en España otros diplomáticos, para ocupar distintos puestos de consejero y agregado.
No hay constancia, según las fuentes consultadas por ECD, de que ninguno de ellos sea representante oficial de los servicios de inteligencia rusos en España, ni tampoco (siempre según esas fuentes) se ha descubierto a ninguno realizando tareas de inteligencia, como sustituto de los que fueron expulsados en 2022.
Confidencial Digital se puso en contacto con el Centro Nacional de Inteligencia, para preguntar si cuando el gobierno de Putin expulsó a 27 personas de las legaciones diplomáticas de España en Rusia, entre ellas estaban representantes del CNI.
Un portavoz del centro respondió que, según la normativa que regula la actividad del servicio de inteligencia, no podían dar información al respecto.
También contactó ECD con la Embajada de Rusia en Madrid, para recabar su versión sobre esta información. Después de varias semanas, al cierre de esta edición no se había obtenido respuesta.
La inteligencia rusa ‘remonta’
La inteligencia rusa se ha ido recuperando del bache que sufrió en España con la expulsión de 27 personas.
Al menos así lo reflejaron los servicios de contrainteligencia españoles, al redactar el capítulo sobre “Espionaje” del Informe Anual de Seguridad Nacional de 2023.
Ahí se repite que las expulsiones de 27 diplomáticos rusos de España “disminuyeron significativamente su capacidad de operar sobre territorio europeo, lo que repercutió en una disminución notable del índice de actividad de los SI extranjeros en España”.
Pero a continuación se puede leer que “en 2023, se han alcanzado de nuevo niveles similares a de los años previos a la pandemia de la COVID-19. Este aumento en el índice de actividad de los servicios de inteligencia se debe principalmente al incremento de los ciberataques llevados a cabo por servicios de inteligencia hostiles contra las distintas administraciones y organismos públicos en España”.
Hay mención expresa a Rusia: “A pesar de haber reducido notablemente su presencia en España, los Servicios de Inteligencia rusos continúan desarrollando actividades de Inteligencia orientadas, prioritariamente, a recabar información sobre la guerra en Ucrania, si bien, continúan mostrando intereses muy similares a los previos a la invasión”.
Se habla de “la escasa presencia de oficiales de Inteligencia (OI) rusos en España y la dificultad que tienen para acreditar a otros nuevos”, lo que “obliga a los servicios de inteligencia rusos a utilizar otras herramientas para desarrollar sus actuaciones, por lo que se prevé un incremento de las actividades de OI itinerantes y una mayor presión sobre los diplomáticos españoles destinados en el extranjero, especialmente los que se encuentran en América Latina, África o Asia”.
En este ámbito, el gobierno ruso no sólo tiene en el tablero oficiales de inteligencia: “Rusia ha continuado apoyándose en herramientas híbridas tradicionales, como agentes de influencia, ONG y asociaciones prorrusas. En el contexto de la guerra en Ucrania, Rusia ha dirigido sus operaciones a desestabilizar el apoyo de España a la OTAN. Asimismo, ha incrementado la explotación de su poder blando, principalmente en los ámbitos culturales, académicos y digitales, en actividades híbridas especialmente dirigidas a las generaciones jóvenes”.