Pobre Garzón

El Tribunal Supremo ha dictado sentencia: condena al juez Baltasar Garzón por un delito de prevaricación consistente en interceptar las conversaciones que los imputados del ‘caso Gürtel’ mantuvieron en prisión con sus abogados, interceptación que ordenó y prorrogó a sabiendas de que vulneraba el derecho fundamental de defensa.

La condena es a 11 años de inhabilitación, apoyada de forma unánime por la Sala, y supondrá la expulsión de Garzón de la carrera judicial.

La noticia ha provocado múltiples reacciones. Se han escuchado cosas como esta:

-- Es la justicia al revés. El instructor de un caso por corrupción, empurado por perseguir delincuentes.

-- A Garzón le imputan por escuchar las charlas sobre los millones de euros de los contribuyentes que la Gürtel desviaba a paraísos fiscales.

-- Esto forma parte de una ofensiva para desprestigiar al único juez que se ha atrevido con el PP, la memoria histórica y el franquismo.

-- Increíble. Los de la Gürtel sientan en el banquillo al juez que destapó el escándalo.

En definitiva, pobre Garzón.

Da igual que el magistrado ordenara a la Policía grabar las conversaciones de Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez (a los que acababa de encarcelar) también si charlaban con un abogado que les iba a visitar. Incluidos los propios defensores, contra los que no había indicio de delito alguno.

 

Eso es lo de menos. Da igual que esas grabaciones sólo estén permitidas en casos de terrorismo. ¿Es la red Gürtel un caso de terrorismo? Pues no. Pero eso da igual.

Que quede claro. Los corruptos de esta red tramposa llamada Gürtel deben ir todos a la cárcel. Estoy a favor de que se depuren todas las responsabilidades políticas y judiciales. Todas.

Pero para lograr ese objetivo no se puede violar la comunicación entre acusado y abogado. Eso es sagrado. Está en juego el sacrosanto derecho de defensa. También la de aquellos que hoy se manifiestan en favor del pobre Garzón.

No aplicar este principio básico es cargarse la justicia. Si queremos que el Estado de derecho funcione debemos protegerlo. Y si Garzón se extralimitó (por el fin que fuera) debe pagar por ello. Sería terrible que el atropello le saliera gratis.

Por el bien de este país, de la justicia española y de sus ciudadanos.

Más en twitter: @javierfumero

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