No más negociaciones con ETA
En su último comunicado –tan paranoico, repugnante y vomitivo- como todos los suyos, la banda terrorista ETA expresa su voluntad de seguir con los atentados “hasta obligar al Gobierno a sentarse de nuevo a negociar”. Una manifestación de parte que no debe de caer en saco roto, ni ser tomada a la ligera, dado que ETA nunca suele ocultar sus intenciones.
Aunque es verdad que dos no se sientan a la misma mesa si uno no quiere, el proceso de negociación política con ETA que llevo a cabo Zapatero en la anterior legislatura durante su mal llamado “proceso de paz” no es un buen precedente para tener la seguridad de que no volverá a hacerlo, por mucho que ahora el Gobierno y su Presidente den muestras públicas de no querer seguir con aquella nefasta experiencia.
Pero mintieron tanto, y sobre todo mintió tanto Zapatero, como cuando dijo a los españoles tras el atentado de la T-4 de Barajas que no habría más reuniones con la banda terrorista ETA y posteriormente el mismo reconoció que si las hubo, que a los que fuimos engañados se nos debe de conceder, al menos, el beneficio de la duda. Además, la persona clave en la negociación con ETA en los últimos tres años, el presidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren, ha manifestado claramente su opinión que habría que volver a intentarlo. ¿Piensa lo mismo Zapatero?
Este Gobierno del PSOE está en la obligación, por un lado de recuperar la credibilidad en esta cuestión ante la opinión pública y por otro, de mandar un día si y otro también a ETA un mensaje claro y contundente: no habrá ninguna nueva mesa de negociación política con los terroristas aunque estos declaren una tregua del tipo que sea. La única salida que le queda a ETA es renunciar definitivamente al empleo de la violencia y, como mucho, después de haber entregado las armas y de haber comprobado fehacientemente su voluntad de dejar de matar, el Estado y la sociedad se podrían plantear alguna medida para solucionar de manera individual la situación de los presos de la banda, respetando en todo caso la memoria y la dignidad de las víctimas. Pero eso, hoy por hoy, no está ni cercano ni parece planteable.
Mientras tanto, el Estado de Derecho tiene que seguir combatiendo con todas sus armas a los terroristas y a quienes les apoyan. En este sentido, resulta bastante incomprensible que el Gobierno no haya adoptado ninguna iniciativa para disolver aquellos Ayuntamientos gobernados por ANV, partido que ha sido declarado ilegal por el Tribunal Supremo. Quienes en su momento miraron para otro lado, porque interesaba para su estrategia negociadora, y permitieron que ANV se pudiera presentar en la mitad de los Ayuntamientos vascos y navarros en las elecciones municipales de mayo de 2007, deberían ser ahora los más diligentes en enmendar cuanto antes aquel profundo error. La rectificación en la política antiterrorista se tiene que demostrar con hechos, y el sacar a los portavoces de los terroristas de las Instituciones vascas –Parlamento y Ayuntamientos- es uno de los más urgentes.
