El CGPJ no tiene capacidad para castigar al juez Peinado
La Comisión Disciplinaria carece de competencias para sancionar las resoluciones de los magistrados, ya que atentaría su independencia judicial
- “No prosperará”
- Cabe una querella por prevaricación
- Muchas denuncias contra jueces son archivadas
- Retrasos, la mayor falta incurrida por los magistrados
La citación de Pedro Sánchez como testigo en la causa que investiga a su mujer por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios ha revolucionado la opinión pública. Algunos sectores indignados porque el juez Juan Carlos Peinado haya cedido ante la solicitud de Vox y las acusaciones particulares de llamar al presidente del Gobierno para que exponga el contenido de las reuniones que mantuvo Begoña Gómez en Moncloa han reclamado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que tome acciones contra el magistrado.
Sin embargo, fuentes del CGPJ han confirmado a Confidencial Digital que “no puede hacer nada” porque, de sancionarlo, estaría vulnerando la independencia judicial establecida por la Constitución para los miembros de la carrera judicial.
“No prosperará”
Si una de las partes no está conforme con las resoluciones judiciales en un procedimiento, ya sea durante la instrucción o al concluir el proceso, se deben recurrir al órgano competente. En este caso, el tribunal que debería revisarlas sería la Audiencia Provincial de Madrid, la instancia superior.
Asimismo, han afirmado que la Comisión Disciplinaria del órgano de Gobierno de los jueces no realiza una labor de vigilancia “en ningún caso” para velar porque todos los jueces eviten cometer faltas disciplinarias.
“Si alguna de las partes -fiscalía, defensa, acusaciones…- considera que se está incurriendo en alguna falta disciplinaria, que lo pongan en conocimiento del Consejo, pero probablemente no prosperará”, han advertido las fuentes, ya que se estaría entrometiendo en la función jurisdiccional protegida por la Carta Magna.
Cabe una querella por prevaricación
Ahora bien, las fuentes consultadas por ECD apuntan a que si el PSOE o alguno de los afectados cree que el magistrado está cometiendo prevaricación, sí que cabe interponer una querella contra Peinado a través de la vía penal.
En todo caso, el CGPJ continuaría sin tener competencias para intervenir en ninguna decisión que se tomara en ese procedimiento.
Muchas denuncias contra jueces son archivadas
Las dudas que ha despertado el caso Begoña Gómez sobre la posibilidad de que el CGPJ pueda sancionar al juez Peinado no son una novedad. Cada año, la Comisión Disciplinaria archiva muchas quejas de ciudadanos que protestan por las decisiones que han tomado los magistrados en sus casos.
Recientemente, ECD contaba que el Supremo había desestimado definitivamente la denuncia de un investigado contra un magistrado de Sevilla que no había admitido en su procedimiento una serie de diligencias. El alto tribunal, apuntaba en esa sentencia que el órgano de gobierno de los jueces no puede “entrar a dilucidar cuestiones jurisdiccionales sobre las que se haya pronunciado un juez en el legítimo ejercicio de sus funciones”.
Retrasos, la mayor falta incurrida por los magistrados
¿Sobre qué cuestiones puede el CGPJ sancionar a un juez, entonces? Los datos del CGPJ destacan que la mayoría de las quejas y los castigos se produjeron por retrasos injustificados en la iniciación, tramitación o resolución de las causas. En función de la gravedad del asunto, 3 magistrados fueron suspendidos durante tres meses y siete días y otros 5 fueron multados con entre 600 y 3000 euros.
La Ley Orgánica del Poder Judicial también castiga a los jueces que abusan de su autoridad o cometen una falta grave de consideración respecto de los ciudadanos, instituciones, médicos forenses o el resto de los profesionales de la Justicia. En 2022, un magistrado fue sancionado con 501 euros por este motivo. Además, otro juez fue multado por incumplir el horario de audiencia pública y por no acudir a los señalamientos con 1.500 euros.
En los últimos años, una de las sanciones más graves que fue impuesta por la Comisión Permanente del CGPJ y posteriormente ratificada por el Supremo fue la suspensión de 18 meses de funciones a un juez de Arévalo (Ávila) que no quiso apartarse de una causa en la que era parte una mujer con la que mantenía una relación de amistad.
