Moncloa utiliza a Telefónica para presionar a las empresas con la reducción de jornada
La presencia del Estado en el consejo ha facilitado aprobar un recorte horario que encuentra resistencia en el mundo empresarial y que se empezará a aplicar ya en julio
- No hay acuerdo en la entrada en vigor
- El impulso al recorte en Telefónica
- Ocaña figura en el núcleo duro de las decisiones
- Telefónica se alinea con Yolanda Díaz
- Los sindicatos están ensalzando el acuerdo
- Se necesita también el apoyo de los socios
- La medida cuenta con un amplio respaldo social
- El empeño de la vicepresidenta Calviño
- Críticas tras “dejarse utilizar por el Gobierno”
El Gobierno ha pisado el acelerador para conseguir cuanto antes un acuerdo que permita reducir la jornada laboral ya a partir de este año. Para alcanzar ese objetivo, Moncloa ha decidido utilizar a Telefónica, donde el Estado ha alcanzado un 10% del capital, con el fin de empujar al resto de empresas del país a recortar horarios.
No se pasa por alto que Yolanda Díaz ha mostrado en los últimos días prisa por aprobar el recorte de la jornada laboral, asegurando que el Ejecutivo trabajará “a velocidad de crucero” para presentar la norma antes de las vacaciones de verano.
Esta urgencia no ha gustado a Antonio Garamendi, presidente de CEOE, quien ha retado a la ministra de Trabajo a presentar la medida sin el acuerdo con los agentes sociales.
No hay acuerdo en la entrada en vigor
Según las fuentes consultadas, el gran obstáculo sigue residiendo en los dos pilares fundamentales de la norma: la entrada en vigor y la compensación que los empresarios demandan a cambio de facilitar el recorte de los horarios.
El Ministerio de Trabajo plantea un calendario escalonado, que lleve la jornada semanal a las 38,5 horas este año, y a las 37,5 horas en 2025, sin merma salarial. Los empresarios, en cambio, quieren retrasar la efectividad de la medida hasta 2026. Una posición en la que CEOE y Cepyme han trazado por ahora su principal línea roja.
Las negociaciones bilaterales para recortar las 40 horas semanales y pasar a 37,5 desde 2025 se han dado por finalizadas, y serán sustituidas a partir de ahora por reuniones semanales a tres bandas, lideradas por el Ministerio de Trabajo, con el firme objetivo de conseguir un acuerdo preferiblemente “antes de las vacaciones de verano”, que permita recortar la jornada a 38,5 horas este mismo año.
El impulso al recorte en Telefónica
Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes del Gobierno, Moncloa ha utilizado a Telefónica para ‘empujar’ al resto de las empresas del país hacia la reducción de jornada.
Aseguran que su presencia en el consejo de administración de la operadora, desde el pasado mes de mayo, ha facilitado aprobar una medida que encuentra resistencia en el mundo empresarial.
Telefónica arrancará el próximo 1 de julio el proceso para reducir progresivamente la jornada laboral de su plantilla en España, con el objetivo de llegar a las 36 horas semanales en 2026.
La medida se aplicará mediante una reducción del tiempo de trabajo de media hora semanal cada año, lo que permitirá a toda la plantilla amparada por el convenio colectivo de Telefónica en España reducir la jornada laboral semanal desde las 37,5 horas semanales actuales hasta las 36 horas en 2026.
Ocaña figura en el núcleo duro de las decisiones
Hay que recordar que el Consejo de Administración de Telefónica aprobó el pasado 8 de mayo la incorporación de Carlos Ocaña, como representante de los intereses del Gobierno a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
La compañía ha vivido un drástico cambio durante los últimos meses, con la entrada de la SEPI en el capital de la operadora, que ha convertido al Estado en el primer accionista, con un 10% de las acciones.
Fuentes internas de la multinacional explican a ECD que Ocaña forma parte de la llamada Comisión Delegada, el núcleo duro, que se reúne con más frecuencia que el resto del órgano y que decide sobre los temas más cercanos al día a día, al tiempo que prepara las reuniones del órgano general.
La presencia del reciente consejero en esta Comisión supone equipararle con los otros dos vocales dominicales (es decir, que representan a accionistas): Isidro Fainé, por La Caixa, y José María Abril, en representación de BBVA, también presentes en la Comisión Delegada.
Telefónica se alinea con Yolanda Díaz
La decisión de reducir la jornada laboral se encuadró en los acuerdos firmados por Telefónica a final de 2023 en torno al nuevo convenio, que incluyó la ejecución de un expediente de regulación de empleo (ERE) que ha supuesto la salida de más de 3.400 empleados de las principales filiales nacionales de la compañía, Telefónica España, Móviles y Soluciones.
Con el impulso de la reducción de la jornada laboral, Telefónica se alinea, en cierta medida, con los planes de la vicepresidenta Yolanda Díaz de reducir la jornada laboral hasta 37,5 horas semanales. Y también con los plazos. La operadora lo comenzará a aplicar ya desde este mes de julio.
Los sindicatos están ensalzando el acuerdo
Los sindicatos, alineados asimismo con el Gobierno, han comenzado a ensalzar el acuerdo y a ponerlo como ejemplo para el resto de empresas, con el fin de vencer las resistencias de la patronal CEOE.
UGT, sindicato mayoritario en Telefónica, ha destacado que, con esta medida, la compañía que preside José María Álvarez-Pallete lidera un cambio social que marcará un hito en las relaciones laborales de España, ya que este acuerdo permitirá a toda la plantilla del CEV de Telefónica en el país reducir su jornada laboral semanal desde las 37,5 horas actuales a 36 horas.
Se convierte en la primera de las grandes empresas españolas que da el paso de rebajar de manera gradual la jornada laboral. Las centrales destacan que se consolida así una mejora sustancial en la calidad de vida de las personas trabajadoras, y Telefónica se posiciona a la vanguardia de la conciliación de la vida laboral y personal en España.
Se necesita también el apoyo de los socios
No obstante, el cambio en la normativa laboral exige al Gobierno lograr el apoyo de una mayoría parlamentaria. Es decir, pacte lo que pacte el Ejecutivo con los representantes de trabajadores y empresarios, después tendrá que lograr la aceptación de los socios que más chocan con el Ejecutivo en materia laboral, que son Junts y PNV.
La falta de respaldo de estos partidos en el Congreso viene dando al traste con distintas iniciativas de Yolanda Díaz de índole laboral, como la que buscaba incluir a los sindicatos en los consejos de administración de las empresas, o mayor trasparencia corporativa para mejorar la negociación colectiva.
La medida cuenta con un amplio respaldo social
La reducción de jornada propuesta por PSOE y Sumar goza de un amplio respaldo social. Dos de cada tres españoles la apoyan, según coinciden varias encuestas publicadas en los últimos meses.
La proporción de apoyo es la misma si se pregunta por ir más allá, es decir, hasta un día menos de jornada y 32 horas de trabajo. Los que más abogan por esta medida son los jóvenes y el electorado progresista, pero también destaca el escaso rechazo en los partidos de la oposición. Solo un 24% de los votantes de PP y un 29% de los de Vox se oponen al recorte de dos horas y media de trabajo a la semana.
La reducción de jornada a 37,5 horas beneficiaría a unos 13 millones de trabajadores. El recorte de horas afectaría más a hombres que a mujeres, las comunidades con mayor porción de empleados serían La Rioja y Castilla-La Mancha y, por sectores, donde más se dejaría sentir sería en construcción e industria.
El empeño de la vicepresidenta Calviño
Fuentes empresariales recuerdan ahora a ECD que la subida de los tipos de interés y los problemas de las familias más vulnerables para afrontar el pago de las cuotas hipotecarias abrió también un profundo debate entre los principales bancos del país, mientras el Gobierno elevaba la presión para que rebajasen los costes a sus clientes.
La tensión era notable. Las entidades coincidían en el empeño de la entonces vicepresidenta primera, Nadia Calviño, de alcanzar soluciones con celeridad.
Durante la actualización del protocolo de inclusión financiera, la ministra de Asuntos Económicos ya advirtió a la banca de la creciente carga que soportan los deudores hipotecarios. El sector admitía en privado que resultaba inevitable consensuar un plan de medidas, ante la certeza de que el Gobierno impondría las suyas si no se alcanzaba un acuerdo, como ahora con Yolanda Díaz y la reducción de jornada.
Críticas tras “dejarse utilizar por el Gobierno”
En medio del debate, CaixaBank abrió la veda y planteó la congelación de las hipotecas durante un periodo de 12 meses para quienes tuvieran problemas. El anuncio molestó al resto de los bancos, que acusaron a la entidad catalana de “dejarse utilizar por el Gobierno” para presionar con este asunto, según manifestaban entonces en privado a Confidencial Digital directivos de entidades como Santander, BBVA y Sabadell.
No pasa por alto en el sector que el banco que preside José Ignacio Goirigolzarri cuenta en su capital -como segundo accionista (16%)- con el Estado, a efectos prácticos, actualmente el Gobierno de Pedro Sánchez.
En varias entidades de la competencia, como es el caso de Santander y BBVA, respondían a CaixaBank que las posibilidades y el margen para jugar con los plazos de carencia son múltiples y requieren trabajos técnicos de calado, ya que su puesta en marcha puede tener impacto en los balances de los bancos, por ejemplo, en términos de provisiones. También se quejaban de que el perfil del hipotecado en cada entidad difiere y, por tanto, las fórmulas escogidas pueden ser más o menos gravosas.
