Hacer presidenta a Begoña Gómez
Cuando el alineamiento político se impone por encima de todo lo demás, se llega a comportamientos delirantes, que resultan de muy difícil comprensión.
Incomprensible es ver cómo se pone al aparato del Estado a defender a un ciudadano particular implicado en un proceso judicial por corrupción, con el único argumento de que es familiar de un alto cargo del país. En este caso, la esposa del presidente del Gobierno.
Ese cierre de filas ha incluido, nada menos, movilizar a la Fiscalía, lo que ha provocado una queja-protesta del tribunal, acusando al representante del ministerio público de intromisión excesiva en las funciones judiciales.
Se han dedicado ruedas de prensa del Consejo de Ministros a defender a la ciudadana, criticando a la vez a los medios que han estado suministrando datos ciertos sobre sus actividades irregulares, desarrolladas al amparo de su condición de habitante del Palacio de la Moncloa y esposa del presidente. Del presidente que maneja los presupuestos del Estado y toma decisiones sobre contratos y subvenciones a empresas privadas relacionadas con la señora Gómez.
Sin que haya faltado presentarla en mítines electorales, donde se han coreado gritos de “Begoña, Begoña”, como si la situación de persona investigada judicialmente no tuviera ninguna relevancia, siendo así que ese mismo partido ha procedido con enorme contundencia contra los militantes que se han visto mínimamente alcanzados por un asunto de corrupción.
A ese respecto, le ha bastado al PSOE que alguien apareciera en una denuncia, para que le plantearan que abandonara el partido inmediatamente. Un ejemplo: José Luis Ábalos. Y la salida o dimisión se ha forzado sin que existiera todavía ningún proceso judicial.
Cabe recordar el caso de Maxim Huerta, que duró siete días como ministro de Cultura, y que cesó tras publicarse una supuesta infracción tributaria ocurrida doce años antes.
Para que no falte despropósito, el marido de Begoña Gómez, que se da la circunstancia de que es presidente del Gobierno, se ha permitido dirigirse a la ciudadanía, utilizando los cauces oficiales, para difundir una carta en la que pone en cuestión al juez que instruye el sumario, sembrando dudas sobre su imparcialidad y sobre la utilización del caso como arma electoral.
Y, olvidando su condición de presidente de todos los españoles, y aprovechándose de esas vías oficiales, se ha dedicado a acusar a tabloides digitales, tertulias televisivas y radiofónicas... abundando en la imputación de que se dedican a difundir fango, fango, fango.
A todo esto, ni una sola respuesta a las acusaciones concretas que se han vertido, con documentos y grabaciones, sobre actividades irregulares de su señora esposa. El juez habla de delitos.
Cuando Milei, el presidente argentino, reaccionó a la acusación de Óscar Puente sobre “consumo de sustancias” llamando “corrupta” a Begoña Gómez, quien actuó no fue su abogado, presentando una demanda civil.
Quien intervino fue el Gobierno de España, siendo así que ella no forma parte del Gabinete ni tiene cargo oficial alguno. Más aún, adujeron que había atacado a una “institución del Estado”. Y el Estado, a través del Gobierno de España, montó una crisis internacional, al llamar a consultas a nuestro embajador (embajadora) en Buenos Aires, por una cuestión que atañe a la ciudadana particular Begoña Gómez.
Vistos los esfuerzos que viene realizando por salvar a su mujer, se me ocurre aconsejar a Pedro Sánchez que la presente como candidata a la presidencia del Gobierno.
Y entonces, siendo presidenta, sí podrían justificarse los comportamientos anómalos que hemos citado, con el Estado defendiéndola, el Consejo de Ministros, la Fiscalía, utilizando las relaciones internacionales, mítines del PSOE...
Todo eso tendría algún sentido, tratándose de la presidenta Begoña Gómez.
Y tampoco habría que asombrarse mucho de esta sugerencia, porque, quizá anticipándose al futuro, ya le dio ese tratamiento Patxi López.
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