El aborto no es un derecho
Existen innumerables voces que claman sobre la trágica realidad del aborto y todas parecen insuficientes para hacer entrar en razón al colectivo que pretende destruir la vida de los no nacidos. El Gobierno de nuestro país está dispuesto a reformar la actual ley del aborto -ya de por sí injusta puesto que no respeta la dignidad de la persona humana- pretendiendo considerar el aborto como un “derecho de la mujer”. Y olvida que el aborto es un delito como así lo contempla el Tribunal Constitucional.
Las leyes que buscan legalizar o despenalizar el aborto no sólo son ilícitas sino que son inconstitucionales pues vulneran uno de los derechos fundamentales de la persona, el derecho a la vida. Atentan así contra la sociedad y destruyen la realidad misma del ser humano.
La nueva normativa permitirá a las mujeres recurrir al aborto libre -sin alegar causa alguna- hasta las catorce o dieciséis semanas, si bien los responsables y profesionales de las clínicas abortistas demandan un plazo de hasta veinticuatro semanas. Las clínicas y médicos, que asesinan a sus pacientes ilegalmente, reclaman sus derechos a ser protegidos por la ley para obtener una mayor seguridad a la hora de ejercer su medicina destructiva -que ni sana, ni cura-, con el fin de no ser considerados delincuentes, que es lo que son. El auténtico médico protege, lucha y vela por la vida de los pacientes.
Otra de las propuestas es la de admitir que las jóvenes de 16 y 17 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres. Los que apoyan esta iniciativa aprecian en la joven que aborta un comportamiento valiente, digno de ser aplaudido. La correcta calificación a dicha actuación es la de cobardía. Ese no querer enfrentarse a su nueva situación nada tiene que ver con una actitud valiente. Se es valiente y audaz cuando se decide seguir adelante a pesar de las situaciones adversas, porque se sabe que generar vida produce paz y alegría, y destruirla lleva a la tristeza y a la amargura.
No es acertado arrebatar a los padres la potestad de educar, asesorar y acompañar a sus hijas e hijos en momentos tan imprescindibles como es la concepción de una nueva criatura. ¿No es acaso en la plena adolescencia cuando más se necesita a una madre que guie y a un padre en el que depositar la confianza?
Lo que actualmente se echa en falta es el derecho de la mujer a ser informada de los riesgos del aborto. A este respecto merece la pena detenerse en el estudio que el ‘British Journal of Psychiatry’ publicó hace tres meses en el ‘Medical News Today’. La investigación se realizó a lo largo de 30 años con una muestra de 686 embarazos de 284 mujeres. Se comprobó que hubo 153 abortos de 117 mujeres. Los investigadores observaron que las mujeres que habían abortado sufrían un 30% más problemas mentales graves, como la depresión, ansiedad, disposición al suicidio, abuso de drogas y alcoholismo. También se hacía hincapié en los efectos patentes que el aborto causa en el hombre como el remordimiento, la depresión y angustia, del que nadie hace mención alguna.
El Estado tiene la obligación de proteger la vida, y aun más la vida de los indefensos. Tiene la tarea primordial de establecer políticas sociales que ayuden a la mujer a seguir adelante con su embarazo, apoyándola ante los problemas económicos, profesionales y familiares que se puedan presentar. De este modo, podremos hablar de una sociedad en la que impera la libertad de saber escoger el bien y no el mal -que esclaviza-, podremos hablar de una cultura que progresa porque sabe velar por los derechos de las personas, especialmente el derecho más sublime, el de la vida.
