La Fiscalía denuncia la escasa inversión de Justicia para que los juzgados sean accesibles
La fiscal especializada en discapacidad tiene en marcha varios proyectos para adaptar los procesos judiciales a las víctimas o investigados con diversidad intelectual
- Trabajo desde antes del procedimiento
- Apoyo del tercer sector
- Fiscalía Accesible
- Detección de estafas o abusos
- “Reflejo en la estructura de la Fiscalía”
- Insistir en proyectos que involucren a la Administración
- Juzgados no accesibles
- Grupo de trabajo para definir al facilitador judicial
Una persona con discapacidad intelectual acude a un juzgado. El juez la ha llamado porque está siendo investigada en un proceso penal, pero no entiende qué es lo que ha hecho mal ni lo que le va a pasar. Aunque el abogado se lo ha explicado varias veces, el lenguaje es muy complicado. Después de esperar lo que parece una eternidad, en una sala con mucho ruido y mucho ajetreo, por fin el magistrado les hace pasar.
El juicio sucede muy rápido y pronto las partes llegan a una conformidad. “Te rebajamos la pena si te conformas en este acto”, le dicen. Y sin saber qué es siquiera lo que le están proponiendo, accede.
Esta es una de las muchas realidades que viven las personas con discapacidad, ya sean víctimas o agresoras, y el principal problema es la poca accesibilidad en la Justicia.
No se trata únicamente de habilitar los edificios con ascensores, lenguaje de signos o señalizar visualmente los juzgados, sino de adaptar los procedimientos a un colectivo que, tal y como dice la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, debe tener autonomía para tomar sus propias decisiones.
El área de personas con discapacidad y mayores de la Fiscalía General del Estado se dedica, precisamente, a asegurar la cobertura de las necesidades de este colectivo antes incluso de que haya ningún procedimiento.
Confidencial Digital ha hablado con la fiscal de Sala Coordinadora de esta unidad, María José Segarra, que ha admitido que la accesibilidad era una “asignatura pendiente” en la Fiscalía y se ha ocupado de ponerla en marcha.
Trabajo desde antes del procedimiento
Segarra ha explicado que el trabajo de la Fiscalía no se limita únicamente al procedimiento. Cuando unos padres acuden al fiscal porque su hijo ha cumplido 18 años y no sabe desenvolverse solo o una persona necesita ayuda para poder abrir y gestionar una cuenta corriente, la fiscalía tiene capacidad para incoar diligencias y averiguar si puede hacer algo para promover el asunto ante los tribunales. Los fiscales actúan antes.
Y muchas veces se encuentran con que el problema no queda resuelto con un fallo que asigne un curador a la persona o dictamine que no necesita depender de nadie. “Es ahí donde nos enganchamos buscando apoyo en el tercer sector”, ha señalado la fiscal.
Apoyo del tercer sector
Para que las personas con discapacidad puedan ser autónomas, “deben poder entender y ser entendidas”, en palabras de Segarra.
“Aunque trabajamos en el ámbito civil, las personas con discapacidad pueden verse en un proceso penal como víctimas o como investigadas”, ha apuntado. Es por eso que desde su unidad han firmado convenios con federaciones como Plan de Inclusión y Autismo España para tener puntos de contacto en toda España y los fiscales puedan encontrar apoyos que faciliten la comunicación y entiendan las necesidades.
“Simplemente puede ser no hacerles esperar para las diligencias judiciales, estar en un entorno tranquilo, permitir que estén acompañadas, saber cómo formular las preguntas…”, ha explicado Segarra.
Fiscalía Accesible
La accesibilidad no se limita al procedimiento concreto sino también a que la ciudadanía conozca qué es el Ministerio Fiscal, en qué casos puede requerir su ayuda y de qué manera se les puede ayudar.
Con el objetivo de resolver estas dudas, hace unas semanas el Ministerio Público lanzó Fiscalía Accesible, una web en lectura fácil que explica cómo denunciar un delito, cuáles son los derechos que tienen las personas o qué se debe hacer para poner una orden de protección.
La página, ha asegurado la fiscal de Sala, va a seguir enriqueciéndose y ya muy pronto contará con lectores de pantallas para personas ciegas.
Detección de estafas o abusos
La prevención y la detección de posibles estafas o abusos también es una cuestión en la que la Fiscalía ha puesto el foco. Segarra ha destacado los proyectos de la unidad de discapacidad llevados a cabo los últimos años. En primer lugar, el desarrollo de un protocolo con la banca para que reciban información acerca de “movimientos sospechosos” en las cuentas, especialmente, de las personas mayores.
En la misma línea, también ha recordado que disponen de un convenio con la Cruz Roja para que los trabajadores sociales que detecten comportamientos inusuales en las personas que tratan lo comuniquen también a la Fiscalía.
El próximo reto, ha afirmado la fiscal, son los delitos informáticos.
“Reflejo en la estructura de la Fiscalía”
El área especializada en personas con discapacidad y mayores se creó en 2019 por decreto del Ministerio de Justicia, pero no fue hasta pasada la pandemia que salió la plaza de coordinadora a concurso y entró en funcionamiento. En ese momento, María José Segarra, que acababa de ser cesada como fiscal general del Estado y se encontraba en Sevilla, se presentó a la plaza y la ganó.
“Había sido fiscal jefe en Sevilla los últimos 13 años, pero mis plazas anteriores siempre habían estado vinculadas a protección de menores, familia… Discapacidad era una faceta en la que no había trabajado y entraba dentro de esa concepción que tengo del ministerio fiscal como una magistratura de defensa de derechos”, ha afirmado Segarra.
La fiscal ha querido puntualizar que esta unidad es de nueva creación en el sentido que coordina y garantiza que haya una misma interpretación para todo el territorio, pero los fiscales han estado trabajando en materia de discapacidad y dignidad de las personas desde hace más de 25 años.
“Era un trabajo que no tenía un reflejo en la estructura de la Fiscalía”, ha indicado.
Insistir en proyectos que involucren a la Administración
Una de las grandes patas para lograr en los avances de los derechos de las personas con discapacidad es tener la financiación para efectuar proyectos. El Ministerio Fiscal no tiene presupuesto, sino que es el Ministerio de Justicia el que gestiona las inversiones.
Es por eso, que Segarra ha instado a los Ministerio de Justicia e Inclusión social a participar en iniciativas como Fiscalía Accesible y lograr así la prestación económica que necesitan para tirar adelante.
Juzgados no accesibles
Otra de las consecuencias de la falta de accesibilidad en los juzgados es la escasa inversión de Justicia, que gestiona los edificios de los partidos judiciales. La fiscal ha asegurado que cuando se crea un nuevo juzgado sí que cuenta con todas las necesidades, no obstante, la gran mayoría de los edificios son antiguos.
En el Foro Justicia y Discapacidad, con el que colabora con el Consejo General del Poder Judicial, hay una acción conjunta para insistir en que se invierta más en accesibilidad. No obstante, ahí termina la medida. “Igual que solicitamos personal, que pongan más juzgados o fiscales, se queda en eso, en la solicitud”, ha lamentado la fiscal.
Grupo de trabajo para definir al facilitador judicial
Segarra ha puesto de manifiesto, asimismo, que todavía falta un desarrollo normativo de la Ley 8/2021, en la que aparece la figura del facilitador judicial, un trabajador especializado dedicado a apoyar a las personas con discapacidad intelectual durante un proceso judicial o policial.
La fiscal ha revelado que Justicia les ha propuesto recientemente crear un grupo de trabajo para definir el perfil de este empleado y generar un consenso acerca de su estatuto profesional.
