Los socios del Real Madrid sancionados por revender entradas recurrirán a la justicia
Los 138 abonados a los que se les ha vetado el acceso al Bernabéu solicitarán a la junta directiva que preside Florentino Pérez que les retire el castigo
- Se pierden la semifinal y la final de la Champions
- No se les ha escuchado
- Recurso ante la junta directiva
- Mínimo dos años de suspensión
Después del partido de liga entre el Real Madrid y el Cádiz del pasado 4 de mayo, agentes de la Policía Municipal detuvieron a dos hombres cerca del estadio Santiago Bernabéu que llevaban encima 138 carnés de socios del club madrileño. Trabajaban para una empresa de reventa de entradas y revelaron que se encargaban de devolver los abonos en diferentes hoteles y domicilios del distrito de Tetuán a tres euros cada uno.
Nada más conocer esta información, publicada por el diario ‘El Mundo’ unas horas antes de la semifinal contra el Bayern Múnich, el Real Madrid vetó la entrada al campo a los titulares de los carnés incautados como medida cautelar y anunció que iba a iniciar un proceso disciplinario.
El representante de algunos de los abonados perjudicados, José Antonio del Valle Herán, socio del área Derecho Deportivo de Cremades & Calvo Sotelo, ha denunciado que todavía no se ha abierto ningún expediente disciplinario.
Se pierden la semifinal y la final de la Champions
Asimismo, ha revelado que la resolución de esta medida cautelar se les comunicó el 14 de mayo, cuando a varios de los afectados ya se les había prohibido el acceso a las instalaciones desde el 8 de mayo, día en el que se publicó la información.
“Es una situación preocupante. Si terminan siendo inocentes el perjuicio es irreparable”, ha afirmado Del Valle. Los 138 socios se han perdido la semifinal y tampoco llegaran a ver la final de la Champions de este sábado in situ.
Del Valle ha explicado que algunos de los socios llevan abonados 50 años y nunca han tenido ningún problema con el club. “Si se les sancionó por seguridad, habían otras medidas que se podían adoptar”, ha criticado, y ha añadido que el club está vulnerando su derecho fundamental de asociación.
No se les ha escuchado
La infracción impuesta no es por ceder su carné a terceros, sino porque hay una transacción de por medio. En los reglamentos de disciplina del Real Madrid no solamente se recoge que esta reventa no está permitida, sino que contempla la suspensión cautelar de la condición de socio para la entrada en el estadio.
Para el abogado de Cremades & Calvo Sotelo, este castigo es “totalmente desproporcionado” porque el castigo ha sido “inaudita parte”, es decir, sin haber escuchado a los abonados.
“Para suspender con carácter cautelar inaudita parte tiene que haber un motivo gravísimo, unas pruebas claras y que el daño que se pueda producir no sea un daño evitable”, ha argumentado Del Valle.
Por ahora, el despacho ha afirmado que la única prueba acusatoria es la noticia publicada por la prensa, pues todavía no se conoce el atestado policial. Lo primordial, ha defendido el letrado, es saber dónde está el dinero de la supuesta reventa de entradas y averiguar cómo se han obtenido los carnés para determinar la culpabilidad o inocencia de sus titulares.
Recurso ante la junta directiva
Los aficionados castigados por el club ya han presentado sus alegaciones y están a la espera de que se abran los procedimientos disciplinarios. En este punto, el abogado ha asegurado que no vale la pena acudir a la vía judicial civil para pedir una “suspensión cautelar de la sanción cautelar” impuesta porque muy difícilmente les darían cita en 48 horas y no levantarían la pena a tiempo para presenciar la final de la competición de futbol.
De manera que, cuando conozcan la resolución del club, presentarán un recurso de anulación frente a la junta directiva que preside Florentino Pérez. “Lo lógico es que confirme lo que ha dictado la comisión disciplinaria”, ha admitido Del Valle.
Con la decisión firme y la documentación recabada durante el proceso será el momento de impugnar la sanción ante los tribunales, aunque el letrado ha manifestado que puede pasar un tiempo hasta conocer el dictamen.
Mínimo dos años de suspensión
Los 138 socios se enfrentan a una suspensión temporal de 2 a 3 años, a la prohibición de acceder a instalaciones durante el mismo periodo de tiempo o a la pérdida definitiva de la condición de socio.
