El Supremo cierra definitivamente la investigación por el asesinato de un guardia civil a manos de ETA en 1979

El asesinato del guardia civil Manuel Fuentes Fontán a manos de la banda terrorista ETA el 31 de octubre de 1979 en Portugalete, Vizcaya, no se investigará más. Así lo ha decidido el Tribunal Supremo, el cual ha confirmado la decisión de la Audiencia Nacional, al considerar que el delito ha prescrito y que, además, nunca se llegó a identificar al autor o autores del crimen.

El guardia civil, Manuel Fuentes Fontán, de 29 años, se encontraba en el domicilio de su novia situado en la calle Cristóbal Mello en Portugalete el día 31 de octubre de 1979. Tras comer con ella, sobre las 15:30 horas abandonó el domicilio para acudir al cuartel de Santurce, donde estaba destinado. Cuando se subió al vehículo y giró la llave para arrancarlo, una o varias personas le dispararon a menos de cinco metros con una pistola y un subfusil.

Al escuchar los disparos, su novia se asomó por la ventana y vio a uno de los autores del atentado huir. Ésta bajó corriendo para ver qué había ocurrido y el guardia civil apenas podía articular palabra porque había recibido una docena de disparos. Finalmente falleció en el hospital San Juan de Dios al poco tiempo de ingresar. En atentado fue reivindicado por la banda terrorista ETA.

Al día siguiente, tal y como explica el libro “Vidas rotas. Historia de los hombres, mujeres y niños víctimas de ETA”, se produjo una manifestación en Portugalete bajo el lema “Con el Estatuto, por la paz y por el derecho a la vida”. En dicha concentración, un millar de personas recorrieron las calles de la localidad en protesta por el crimen. 

La Audiencia Nacional declaró en un auto publicado el 17 de febrero de 2020 que el delito había prescrito y que, por tanto, se debía archivar la causa. Pero el Ministerio Fiscal no estaba conforme con la decisión e interpuso un recurso de súplica ante este tribunal que fue desestimado en un auto del 21 de abril de 2020.

Posteriormente, el Ministerio Fiscal decidió agotar todas las vías y acudió al Tribunal Supremo e interpuso un recurso de casación por infracción constitucional. La Fiscalía argumentó que el delito de integración en organización terrorista tiene carácter permanente y que, por tanto, la fecha de prescripción para ese delito no puede ser la de la fecha en que se produjo el asesinato, sino el día en el que cesó la actividad de ETA, el 3 de mayo de 2018, por lo que prescribiría el 3 de mayo de 2038.

Además, el Ministerio Público argumentó que, a pesar de que se desconoce la identidad del asesino, también se habría podido cometer un delito de tenencia ilícita de armas ya que el crimen se produjo con pistolas y, según la sentencia, “la experiencia nos lleva a concluir que los pistoleros de ETA usaban armas sin cumplir los requisitos legales”.

Sin embargo, la Audiencia Nacional señaló que, aunque se utilizaron armas de fuego, no puede afirmarse que necesariamente existiera un delito de tenencia ilícita de armas de fuego, como tampoco de pertenencia a organización ilícita de carácter delictivo por parte de su autor o autores, ya que nunca se les ha podido juzgar. Por ello, el Tribunal Supremo ha confirmado la decisión de la Audiencia Nacional.

Más de 300 atentados sin resolver

El pasado mes de diciembre, según publicó El País, el Gobierno vaso manifestó que se comprometía a ayudar a aquellas víctimas de los asesinatos de ETA sin resolver. “No podemos devolveros la vida, pero sí restituiros la dignidad”, señaló la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal a las familias de asesinados por ETA entre 1968 y 1979, cuyos crímenes están por resolver.

La cifra de asesinatos sin resolver es, según la contabilidad de la asociación Dignidad y Justicia, de 377. La Fiscalía y la Asociación Víctimas del Terrorismo la reducen a 314 debido a que no cuentan los atentados cometidos antes de la Ley de Amnistía entre 1969 y 1976.